El Gobierno andaluz se ampara en la situación de "marginalidad" y deterioro del inmueble. Después de la rehabilitación, se volverán a adjudicar los pisos
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha dictaminado el inicio de la expropiación de las viviendas del inmueble número 27 de la calle Cabriel. Esta medida permitirá al fin que se pueda proceder a la rehabilitación del edificio después de meses de negociaciones y cruces de acusaciones entre los vecinos, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Málaga.El arreglo de esta construcción corresponde al Consistorio, dentro del acuerdo rubricado entre ambas administraciones. El problema ha radicado en que los titulares de estas viviendas protegidas, propiedad de la Junta, no ocupaban en la mayoría de los casos los pisos, que han sido realquilados a sucesivos inquilinos, por lo que no se podía constituir la comunidad de vecinos necesaria.La situación de estos residentes es delicada ante las condiciones deplorables de Cabriel 27, que ha protagonizado no pocas noticias en la prensa por las condiciones alarmantes que presenta. Sus inquilinos han residido incluso sin luz. De hecho, el PSOE mantiene que no se ha reestablecido el suministro eléctrico en todas las plantas, sino que en algunas se surten aún de un grupo electrógeno de gasoil, afirma David Moreno, miembro de la agrupación local del PSOE de Palma-Palmilla, "con los peligros que este hecho puede conllevar".El proceso. Según confirmó además el portavoz del PSOE en el Consistorio, Rafael Fuentes, este dictamen rubricado por el Gobierno regional debe publicarse próximamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El Ejecutivo se ampara en la situación de marginalidad y de grave deterioro existente en el edificio, que ha conllevado al "incumplimiento" de la función social de estas viviendas protegidas, según ha podido saber este periódico.Tras la realización de los trabajos de rehabilitación, que en principio deben ser acometidos por el Ayuntamiento -aunque la Junta se comprometió a ejecutar estas mejoras si el Consistorio no las realizaba- el edificio de 13 plantas se pondrá a disposición del Ayuntamiento para que vuelva a adjudicar los pisos.De esta forma, se procederá a la expropiación ante la existencia de causa de utilidad pública o interés social, según recoge la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. El informe sobre el que se ha basado la Junta determina que la situación ha desembocado en que estas viviendas estén ocupadas por personas que carecen de título legal que legitime su estado, provocando situaciones de marginalidad y un grave deterioro del edificio, explicaron tanto Fuentes como Moreno.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha dictaminado el inicio de la expropiación de las viviendas del inmueble número 27 de la calle Cabriel. Esta medida permitirá al fin que se pueda proceder a la rehabilitación del edificio después de meses de negociaciones y cruces de acusaciones entre los vecinos, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Málaga.El arreglo de esta construcción corresponde al Consistorio, dentro del acuerdo rubricado entre ambas administraciones. El problema ha radicado en que los titulares de estas viviendas protegidas, propiedad de la Junta, no ocupaban en la mayoría de los casos los pisos, que han sido realquilados a sucesivos inquilinos, por lo que no se podía constituir la comunidad de vecinos necesaria.La situación de estos residentes es delicada ante las condiciones deplorables de Cabriel 27, que ha protagonizado no pocas noticias en la prensa por las condiciones alarmantes que presenta. Sus inquilinos han residido incluso sin luz. De hecho, el PSOE mantiene que no se ha reestablecido el suministro eléctrico en todas las plantas, sino que en algunas se surten aún de un grupo electrógeno de gasoil, afirma David Moreno, miembro de la agrupación local del PSOE de Palma-Palmilla, "con los peligros que este hecho puede conllevar".El proceso. Según confirmó además el portavoz del PSOE en el Consistorio, Rafael Fuentes, este dictamen rubricado por el Gobierno regional debe publicarse próximamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El Ejecutivo se ampara en la situación de marginalidad y de grave deterioro existente en el edificio, que ha conllevado al "incumplimiento" de la función social de estas viviendas protegidas, según ha podido saber este periódico.Tras la realización de los trabajos de rehabilitación, que en principio deben ser acometidos por el Ayuntamiento -aunque la Junta se comprometió a ejecutar estas mejoras si el Consistorio no las realizaba- el edificio de 13 plantas se pondrá a disposición del Ayuntamiento para que vuelva a adjudicar los pisos.De esta forma, se procederá a la expropiación ante la existencia de causa de utilidad pública o interés social, según recoge la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. El informe sobre el que se ha basado la Junta determina que la situación ha desembocado en que estas viviendas estén ocupadas por personas que carecen de título legal que legitime su estado, provocando situaciones de marginalidad y un grave deterioro del edificio, explicaron tanto Fuentes como Moreno.
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