El PP rechaza una moción en la que se pedía que el plan se volviera a exponer públicamente y defiende que ha habido consenso y participación en su redacción. PSOE e IU no consiguen que Arraijanal se considere zona libre de edificación
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) marcó el pleno de ayer en el Ayuntamiento de la capital. A pesar de que será el próximo 14 de agosto cuando se celebre una sesión extraordinaria para aprobar provisionalmente el documento, el asunto centró los debates entre el equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición (PSOE e IU) en una batalla de reproches y acusaciones mutuas. El motivo fue la moción de urgencia, presentada por los socialistas y rechazada por la mayoría absoluta de los populares, en la que se pedía que «a la mayor brevedad posible» el plan se expusiese en información pública y que se debatiese en los distritos para que los malagueños pudieran conocer los cambios en el documento antes de ser aprobado provisionalmente. A ello se unieron las críticas de los portavoces de PSOE e IU, Rafael Fuentes y Pedro Moreno Brenes, respectivamente, de que a quince días vista del pleno extraordinario no les hubiesen entregado ningún documento sobre el PGOU. «Están hurtando el debate y privando a los malagueños de participar en su futuro», subrayó Fuentes, quien acusó a Francisco de la Torre de ser el primer alcalde en Málaga durante la democracia que va a aprobar un PGOU sin consenso político, económico, vecinal ni social. Asimismo, acusó al PP de falta de consenso, transparencia, rigor y participación en la elaboración de este documento y criticó que el pleno se celebre un día antes del inicio de la feria de la ciudad «para que pase desapercibido». Un punto en el que coincidió con Moreno Brenes, quien el pasado martes tuvo una reunión con el equipo redactor del plan en la que, según dijo, no se le facilitó ningún documento. El portavoz de IU consideró que no es normal que a quince días de la aprobación «no tengan aún el PGOU concluido».
Campaña divulgativa
Unas críticas que rechazó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien defendió que es el plan del consenso, la participación y la información. Recordó que se han celebrado 2.300 reuniones para explicar el plan y de las 6.700 alegaciones se han estimado el 50%. «Parece que al PSOE le moleste la voluntad de participación que ha manifestado el PP en este plan», manifestó el edil, quien anunció que una vez que se apruebe el día 14 habrá una extensa campaña de divulgación. El debate urbanístico volvió a surgir cuando se analizó una moción de IU, apoyada por el PSOE, en la que se pedía dejar Arraijanal como una zona libre de edificaciones, como un espacio protegido y donde se rechazaba el acuerdo firmado por el equipo de gobierno del PP con los propietarios privados. Un acuerdo que permitirá levantar 664 viviendas (200 de ellas de VPO), un hotel y zonas comerciales. Manuel Díaz reiteró que este proyecto potenciará el dinamismo y la productividad de la zona y recordó que el convenio reduce el número de viviendas previstas anteriormente y que en los planes de 1983 y 1997 (respaldados por el PSOE) ese suelo ya se preveía como urbanizable. El concejal de Urbanismo instó a los socialistas a que, si quieren que ese espacio sea un gran parque, pidan al Ministerio de Medio Ambiente que cumpla lo que dijo, expropie los terrenos e indemnice con 300 millones de euros a los propietarios.Tampoco salió adelante la moción de IU en la que se pedía un compromiso para no autorizar más centrales térmicas de ciclo combinado en la capital, en especial en los terrenos que Endesa tiene junto a la depuradora del Guadalhorce. En este punto, Díaz explicó que no son necesarias más instalaciones de este tipo porque la ciudad ya tiene cubiertas sus necesidades energéticas con la central que Gas Natural está construyendo en Campanillas y matizó que en los suelos de esta empresa, calificados como sistema técnico, pueden instalarse centros de producción energética eólica o fotovoltaica. Por otro lado, el pleno aprobó pedir a la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) el mantenimiento del parque fluvial del Guadalhorce y que se cumpla el acuerdo firmado en 2004 por valor de 120 millones de euros para la restauración hidrológico-forestal en la ciudad.
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