El PSOE pide que lleve ante el juez el alquiler de un local que ha estado vacío nueve años. Marbella (SUR)

El Ayuntamiento paga 3.000 euros por mes por un inmueble que ha estado inutilizado y que ahora alberga una oficina de turismo El equipo de gobierno recuerda que el acuerdo se rescindirá a fin de mes

El PSOE exigió ayer al equipo de gobierno que traslade al juzgado el contrato de alquiler del local en el que está instalada de manera provisional la oficina de turismo, en la avenida del Mar. El concejal Javier de Luis solicitó que se adopten «las medidas necesarias» para depurar responsabilidades civiles y penales, «además de las posibles indemnizaciones que correspondieran por un contrato leonino». El PP salió al paso de estas declaraciones y recordó al PSOE que la junta de gobierno local del pasado día 2 ya acordó la rescisión del contrato. Según explicó De Luis, acompañado por el secretario general de su partido, José Bernal, y la también concejal Marina Torres, el Ayuntamiento abona 3.000 euros cada mes desde que el GIL alquiló el local a la mercantil Rociomar 99 SL. «A lo largo de estos nueve años ha supuesto un desembolso de 330.000 euros, una cantidad con la que se podrían haber comprado dos recintos similares», corroboró el concejal, quien destacó que la empresa en cuestión está destinada a la compra y venta, «pero no al alquiler». El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, compartió con el PSOE el carácter «gravoso» del contrato; pero a continuación recordó que al finalizar éste el próximo 1 de octubre, resulta «infinitamente más ágil y barato» aguardar hasta esa fecha para abortarlo.El principal partido de la oposición denunció que el equipo de gobierno sigue pagando el alquiler durante un año para no hacer uso de un local, «excepto hace un mes cuando trasladó provisionalmente la oficina de turismo», resaltó De Luis. El concejal mostró su indignación al dejar constancia de que el Ayuntamiento tiene justo al lado otros dos inmuebles «que si son de su propiedad, de 50 y 150 metros cuadrados, y por los que no tendría que pagar ningún dinero». El PP justificó que para acceder a esos inmuebles que son propiedad del Consistorio es necesario adquirir el que ahora sirve de oficina de turismo porque se trata de «paso obligado».

«Igual que el GIL»

Según el PSOE, sobre el local en cuestión pesan varios embargos, «uno del propio Ayuntamiento, superior a los 10.000 euros», y otro de la comunidad de propietarios. Exige además de la rescisión del acuerdo de alquiler, que se investiguen las cantidades, el propio contrato, el modo de pago y el número de cuenta corriente de la empresa. «El PP está cometiendo las mismas barbaridades que el GIL, negándose a revisar licencias ilegales», censuró el concejal.