A poco más de un mes para que se cumpla la fecha máxima, fijada para el 11 de noviembre, sólo se han presentado 118 inspecciones · La ordenanza municipal contempla multas de entre 3.000 y 60.000 euros para los que la incumplan
La respuesta de los propietarios de inmuebles de cien o más años en Málaga capital a la ordenanza municipal de la Inspección Técnica de Edificios, que les obliga a revisar de forma detallada su estado, está muy lejos de ser la adecuada. Este extremo queda confirmado por los datos de los que dispone la Gerencia de Urbanismo, que indican que a poco menos de un mes para que se cumpla el límite de tiempo marcado en la norma, el 11 de noviembre, sólo los dueños de 118 bloques de los alrededor de 2.300 afectados por la iniciativa han cumplimentado el procedimiento. O lo que es lo mismo, el 5 % del total.
Esta cifra refleja la escasa incidencia que la medida municipal, que aplica el modelo seguido en otras ciudades como Sevilla o Madrid, tiene entre los dueños de edificios antiguos. Y no parece que la implicación vaya a crecer sustancialmente en las escasas cinco semanas que restan para la fecha tope. De hecho, las estimaciones que manejan los técnicos de Urbanismo confirman que de seguir al ritmo actual, el número de inmuebles que cumplirá con esta particular ITV estará en torno al 20%. "La horquilla que hemos barajado siempre era de entre el 20 y el 45%, pero la realidad es que como mucho serán unas 400 edificaciones las que la pasen", indicaron desde Urbanismo.
De las 118 que ya se han formulado, 25 de las cuales se presentaron el pasado viernes, 97 han resultado favorables (82,2%), lo que constata el buen estado en el que se encontraba el inmueble, mientras que 21 son desfavorables. Estas últimas, en función de las explicaciones aportadas por el técnico encargado de realizar la inspección, pueden obligar a los propietarios a efectuar obras de adecuación en el inmueble, al objeto de rectificar las taras que se hayan detectado. En estos supuestos, los dueños disponen de tres meses para solicitar la correspondiente licencia de obra menor y para desarrollar los trabajos de reparación.
Si bien los porcentajes que se manejan en el caso de Málaga son ínfimos, la experiencia de Sevilla permite enmarcar la lentitud con la que iniciativas de estas características se desarrollan. En el caso de la capital hispalense, según apuntaron los técnicos municipales, la ordenanza entró en vigor en una primera fase en el año 2000, periodo en el que sólo pasaron la ITE 23 de las 4.000 edificaciones que estaban obligadas. "En esta situación, el Ayuntamiento tuvo que rehacer la ordenanza y volver a sacarla adelante", comentaron las fuentes, que precisaron que tras la nueva aplicación el porcentaje de bloques que acataron la medida se elevó hasta el 38 %.
Un interrogante que pesa sobre el equipo de gobierno del PP en estos momentos es qué hará a partir del 11 de noviembre con aquellos edificios que, tal y como se presume, no tramitarán la inspección técnica. De inicio, son de obligado cumplimiento las directrices marcadas en la ordenanza, que incluye sanciones económicas que pueden oscilar entre los 3.000 y los 60.000 euros.
El de los edificios centenarios y protegidos es el primero de los peldaños dibujado en la norma de conservación de los inmuebles de Málaga capital, y que acabará por incidir sobre todos aquellos que tengan hasta 10 años. A los alrededor de 2.300 bloques de esta primera fase, le seguirán los 1.043 con entre 99 y 75 años de antigüedad, que dispondrán de plazo hasta noviembre de 2009. Tras ellos, los 8.906 bloques con entre 50 y 75 años, que lo harán en noviembre de 2011; los casi 20.600 que fueron construidos hace entre 25 y 49 años, que lo tendrán que hacer en noviembre de 2013, cerrándose el círculo con los 10.180 inmuebles con entre 10 y 24 años, que pasarán la ITE en 2016.
La finalidad de esta iniciativa, según ha recalcado el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, no es otra que reducir los riesgos que sufren los inquilinos de ciertas construcciones, debido al deterioro que en muchas ocasiones presentan, y limitar los casos de declaración de ruina, con los que algunos propietarios tratan de solventar las exigencias legales de mantenimiento.
La normativa exige que sean los propietarios los que tengan que contratar los servicios de arquitectos o aparejadores para la redacción del informe técnico, colegios con los que recientemente el Ayuntamiento de Málaga ha firmado un acuerdo de colaboración. Asimismo, el equipo de gobierno ha impulsado una línea de subvenciones para amortiguar en lo posible el coste que supone un procedimiento de este tipo.
De inicio, las tasas de tramitación del expediente equivalen a 21,37 euros, siempre que el mismo sea positivo, mientras en caso contrario supondrán el 2,5 % del presupuesto de obras de mejora a desarrollar en el edificio. Los elementos principales a revisar son la cimentación, la estructura, las fachadas exteriores e interiores, medianerías, cubiertas, azoteas e instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad.
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