Vecinos críticos con el sistema de regularización instarán a los expertos europeos a que investiguen el urbanismo local, al igual que en Valencia
Mientras algunos vecinos han visto el cielo abierto con el blindaje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que asumir el coste de las compensaciones para regularizar sus inmuebles, otro sector de la población sigue con la mosca tras la oreja y vive con temor el contenido del futuro planeamiento. Son los otros afectados, a los que casas construidas durante el gilismo al margen del Plan General les usurparon equipamientos, zonas verdes o le privaron de intimidad. De nuevo, tras la aprobación provisional del documento, empiezan a moverse para hacer oir sus críticas y reclamar que se les resarza por los daños causados. Que no sea sólo pasar página.
Inmaculada Gálvez, abogada y candidata al Senado en las últimas elecciones por el partido Ciudadanos, representa a más de 3.500 vecinos que se encuentran en esta situación y que están buscando amparo incluso en el Parlamento Europeo. Según avanzó a este periódico, las gestiones para que una comisión parlamentaria se desplace a la ciudad están en marcha. «Instalarían una oficina parlamentaria varios días para recoger las quejas vecinales e investigar el urbanismo de la ciudad», apunta. La mirada está puesta en la intervención que el Parlamento Europeo hizo en Valencia con la publicación del informe Fourtou, que ponía en entredicho sus leyes urbanísticas.
«Pediremos amparo porque la Justicia española ni responde ni ha respondido, porque los hechos están consumados», recordó Gálvez al hilo de las sentencias firmes y de los edificios construidos y habitados pese a su ilegalidad. A su juicio, el Plan actual es de «difícil ejecución porque no se puede cobrar directamente al promotor por legalizar; no se puede hacer una ley para regular las ilegalidades urbanísticas».
Sentencias
Es una de las medidas que se pusieron sobre la mesa tras una reunión celebrada en la noche del jueves en un hotel de la ciudad entre representantes de varios colectivos. La otra, según explica Rafael Ávila, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que pide el cumplimiento de las sentencias, es instar al equipo de gobierno a que se revisen las licencias ilegales para garantizar que los promotores tengan que pagar las compensaciones.
«Si no se hace así no hay ningún arma para reclamar a los promotores y acabará pagando de nuevo el pueblo», sostiene. Igualmente, Inmaculada Gálvez advierte de que, de seguir así, impugnarán el documento tras su aprobación definitiva, al tiempo que advirtió de que presentarán reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta. «Hay que negociar a tres bandas y no se está teniendo en cuenta a los realmente perjudicados», añadió.
Mientras algunos vecinos han visto el cielo abierto con el blindaje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que asumir el coste de las compensaciones para regularizar sus inmuebles, otro sector de la población sigue con la mosca tras la oreja y vive con temor el contenido del futuro planeamiento. Son los otros afectados, a los que casas construidas durante el gilismo al margen del Plan General les usurparon equipamientos, zonas verdes o le privaron de intimidad. De nuevo, tras la aprobación provisional del documento, empiezan a moverse para hacer oir sus críticas y reclamar que se les resarza por los daños causados. Que no sea sólo pasar página.
Inmaculada Gálvez, abogada y candidata al Senado en las últimas elecciones por el partido Ciudadanos, representa a más de 3.500 vecinos que se encuentran en esta situación y que están buscando amparo incluso en el Parlamento Europeo. Según avanzó a este periódico, las gestiones para que una comisión parlamentaria se desplace a la ciudad están en marcha. «Instalarían una oficina parlamentaria varios días para recoger las quejas vecinales e investigar el urbanismo de la ciudad», apunta. La mirada está puesta en la intervención que el Parlamento Europeo hizo en Valencia con la publicación del informe Fourtou, que ponía en entredicho sus leyes urbanísticas.
«Pediremos amparo porque la Justicia española ni responde ni ha respondido, porque los hechos están consumados», recordó Gálvez al hilo de las sentencias firmes y de los edificios construidos y habitados pese a su ilegalidad. A su juicio, el Plan actual es de «difícil ejecución porque no se puede cobrar directamente al promotor por legalizar; no se puede hacer una ley para regular las ilegalidades urbanísticas».
Sentencias
Es una de las medidas que se pusieron sobre la mesa tras una reunión celebrada en la noche del jueves en un hotel de la ciudad entre representantes de varios colectivos. La otra, según explica Rafael Ávila, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que pide el cumplimiento de las sentencias, es instar al equipo de gobierno a que se revisen las licencias ilegales para garantizar que los promotores tengan que pagar las compensaciones.
«Si no se hace así no hay ningún arma para reclamar a los promotores y acabará pagando de nuevo el pueblo», sostiene. Igualmente, Inmaculada Gálvez advierte de que, de seguir así, impugnarán el documento tras su aprobación definitiva, al tiempo que advirtió de que presentarán reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta. «Hay que negociar a tres bandas y no se está teniendo en cuenta a los realmente perjudicados», añadió.
No hay comentarios:
Publicar un comentario