Una red de empresas radicadas en Mijas y Fuengirola estafa a cientos de extranjeros con proyectos sin ejecutar
Les vendieron la oportunidad perfecta para ser socios de grandes proyectos en zonas rurales del sur de España, pero terminaron comprando humo. Los suelos donde prometían levantar un centro de ocio, casas rurales o parques eólicos existían, pero no eran urbanizables y nunca hubo plan alguno para desarrollarlos.
Les ofrecían invertir en solares entre Granada y Almería que no eran urbanizables
Cientos de extranjeros, la mayoría del Reino Unido, han sido víctimas de un timo global orquestado a través de una serie de empresas del sector inmobiliario instaladas temporalmente en la Costa del Sol. La Fiscalía Anticorrupción calcula que la red ha recaudado al menos 65 millones vendiendo participaciones accionariales en una serie de fincas ubicadas en Málaga y Granada.
La comunidad británica ha sido objeto de numerosos timos inmobiliarios en la Costa del Sol en la última década. En el Reino Unido hay programas de televisión dedicados exclusivamente a contar casos de personas afectadas por los desmanes urbanísticos de la costa española y también por estafas relacionadas con complejos vacacionales de tiempo compartido o multipropiedad, un verdadero clásico de los timos en la Costa del Sol.
El último caso, bautizado operación Fuentespino, todavía está bajo secreto judicial, pero los afectados llevan meses coordinándose para unir fuerzas y recuperar su dinero. Uno de los testigos calcula que puede haber más de 2.000 afectados. Se trata de personas de clase media, entre las que hay jubilados y trabajadores de Irlanda, Escocia y Alemania.
La Guardia Civil detuvo la semana pasada a dos personas en la Costa del Sol y practicó media docena de registros. Las oficinas desde las que se ofertaban estas hipotéticas inversiones estaban en Mijas y Fuengirola, pero el entramado societario que las manejaba arranca y termina en paraísos fiscales como Chipre o el Estado de Delaware (Estados Unidos).
La investigación suma más de una veintena de imputados de diversas nacionalidades. El caso ha llevado a los agentes hasta el Reino Unido, donde el grupo de empresas implicadas ha trasladado sus oficinas recientemente, según su página de Internet. Allí han investigado a nueve personas y las sedes de varias empresas.
Aun así, los investigadores no creen que entre ellos estén los principales responsables del timo, que se han dado a la fuga y probablemente estén creando otra red societaria similar en otro punto del mundo.
La red captaba a sus víctimas por teléfono. Les ofrecía invertir en suelo en el sur de España y les derivaba a páginas de Internet donde podían obtener información. Una de las empresas que ofertaban estas inversiones es Fortuna Land Investment. En su página explicaban que centraban sus inversiones en el sur de España porque tiene el mejor clima, una de las mejores redes de infraestructuras y uno de los sectores inmobiliarios más potentes de Europa. "Fortuna Land conoce la región, el mercado y el contexto económico y político", aseguraban.
Una de las inversiones se llamaba Cazadores Reales. Según la promoción, se trataba del tercer desarrollo de la empresa Fortuna Land en Andalucía en los últimos 30 meses. La parcela estaba entre Granada y Almería, cerca de la pequeña población granadina de Gorafe, de unos 500 habitantes. "Está muy cerca de la Alhambra, Sierra Nevada y a sólo 15 minutos de una zona en crecimiento de Almería donde se espera que el precio de la vivienda supere al del resto de España". Según la publicidad, la finca, de unos 1,1 millones de metros cuadrados, estaba llena de olivos y ofrecía una panorámica de postal, con un valle y una ladera desde la que se veía el pequeño pueblo de Gorafe.
En dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción -cuyo delegado en Málaga es Juan Carlos López Caballero- ha desentrañado su forma de actuar. "Compraban fincas rústicas mediante sociedades domiciliadas en paraísos fiscales e inmediatamente después estas fincas eran asociadas a una serie de empresas mercantiles de nacionalidad española", explican fuentes de la Fiscalía General del Estado. Los implicados aportaban las fincas a las empresas españolas e inflaban las valoraciones hasta multiplicarlas por diez. Todo para que pareciera que las entidades estaban respaldadas por un capital social elevado.
"Retrasos"
Las empresas españolas, con nombres como Oanna Spain, Finca Cazadores, Fortuna Est 2000 o Fuentespino One, se asociaban a los proyectos inmobiliarios, principalmente relacionados con el ocio, y desplegaban toda una campaña para publicitarlas en ferias inmobiliarias, Internet y operadores telefónicos.
A los inversores les ofrecían la compra de participaciones sociales de empresas, inscritas en el registro mercantil español y avaladas por un capital importante aunque ficticio. A la hora de formalizar la compra contaban con la colaboración de dos despachos de abogados. La Fiscalía tiene que decidir aún el papel de estos profesionales en el entramado. "Podrían ser colaboradores dolosos, que actuaban de mala fe, o simples instrumentos de la red", explican fuentes de la investigación.
La compra se formalizaba ante notario, pero como los inversores solían estar fuera de España, la organización les designaba un apoderado. La intermediación de un abogado español a la hora de escriturar aportaba un plus de confianza a los inversores británicos, que no sospechaban que pudiese haber ningún tipo de irregularidad si ellos representaban a estas compañías. "Parecía que los abogados estaban compinchados con el notario, una figura que en España tiene mucha credibilidad", relata uno de los afectados por este caso en una página de Internet del Reino Unido dedicada a alertar sobre las estafas (fool.co.uk).
Cuando los inversores tenían todos los documentos, la empresa seguía contactando con ellos para informarles de que los proyectos estaban sufriendo "retrasos" y, de paso, convencerles para que invirtieran en otros proyectos. Hay víctimas que reconocen haber invertido en tres desarrollos diferentes en los últimos cuatro años.
En las páginas de internet, los afectados se quejan de que otra empresa les ha estado llamando ofreciéndose a pleitear para recuperar el dinero que les han timado, algo para lo que les piden el 10% de la cantidad que han invertido como adelanto. La historia se repite. Esta misma oferta se la hicieron a otros tantos británicos afectados por estafas masivas, también orquestadas desde la Costa del Sol, esta vez relacionadas con la venta de vacaciones en complejos de tiempo compartido.
Les vendieron la oportunidad perfecta para ser socios de grandes proyectos en zonas rurales del sur de España, pero terminaron comprando humo. Los suelos donde prometían levantar un centro de ocio, casas rurales o parques eólicos existían, pero no eran urbanizables y nunca hubo plan alguno para desarrollarlos.
Les ofrecían invertir en solares entre Granada y Almería que no eran urbanizables
Cientos de extranjeros, la mayoría del Reino Unido, han sido víctimas de un timo global orquestado a través de una serie de empresas del sector inmobiliario instaladas temporalmente en la Costa del Sol. La Fiscalía Anticorrupción calcula que la red ha recaudado al menos 65 millones vendiendo participaciones accionariales en una serie de fincas ubicadas en Málaga y Granada.
La comunidad británica ha sido objeto de numerosos timos inmobiliarios en la Costa del Sol en la última década. En el Reino Unido hay programas de televisión dedicados exclusivamente a contar casos de personas afectadas por los desmanes urbanísticos de la costa española y también por estafas relacionadas con complejos vacacionales de tiempo compartido o multipropiedad, un verdadero clásico de los timos en la Costa del Sol.
El último caso, bautizado operación Fuentespino, todavía está bajo secreto judicial, pero los afectados llevan meses coordinándose para unir fuerzas y recuperar su dinero. Uno de los testigos calcula que puede haber más de 2.000 afectados. Se trata de personas de clase media, entre las que hay jubilados y trabajadores de Irlanda, Escocia y Alemania.
La Guardia Civil detuvo la semana pasada a dos personas en la Costa del Sol y practicó media docena de registros. Las oficinas desde las que se ofertaban estas hipotéticas inversiones estaban en Mijas y Fuengirola, pero el entramado societario que las manejaba arranca y termina en paraísos fiscales como Chipre o el Estado de Delaware (Estados Unidos).
La investigación suma más de una veintena de imputados de diversas nacionalidades. El caso ha llevado a los agentes hasta el Reino Unido, donde el grupo de empresas implicadas ha trasladado sus oficinas recientemente, según su página de Internet. Allí han investigado a nueve personas y las sedes de varias empresas.
Aun así, los investigadores no creen que entre ellos estén los principales responsables del timo, que se han dado a la fuga y probablemente estén creando otra red societaria similar en otro punto del mundo.
La red captaba a sus víctimas por teléfono. Les ofrecía invertir en suelo en el sur de España y les derivaba a páginas de Internet donde podían obtener información. Una de las empresas que ofertaban estas inversiones es Fortuna Land Investment. En su página explicaban que centraban sus inversiones en el sur de España porque tiene el mejor clima, una de las mejores redes de infraestructuras y uno de los sectores inmobiliarios más potentes de Europa. "Fortuna Land conoce la región, el mercado y el contexto económico y político", aseguraban.
Una de las inversiones se llamaba Cazadores Reales. Según la promoción, se trataba del tercer desarrollo de la empresa Fortuna Land en Andalucía en los últimos 30 meses. La parcela estaba entre Granada y Almería, cerca de la pequeña población granadina de Gorafe, de unos 500 habitantes. "Está muy cerca de la Alhambra, Sierra Nevada y a sólo 15 minutos de una zona en crecimiento de Almería donde se espera que el precio de la vivienda supere al del resto de España". Según la publicidad, la finca, de unos 1,1 millones de metros cuadrados, estaba llena de olivos y ofrecía una panorámica de postal, con un valle y una ladera desde la que se veía el pequeño pueblo de Gorafe.
En dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción -cuyo delegado en Málaga es Juan Carlos López Caballero- ha desentrañado su forma de actuar. "Compraban fincas rústicas mediante sociedades domiciliadas en paraísos fiscales e inmediatamente después estas fincas eran asociadas a una serie de empresas mercantiles de nacionalidad española", explican fuentes de la Fiscalía General del Estado. Los implicados aportaban las fincas a las empresas españolas e inflaban las valoraciones hasta multiplicarlas por diez. Todo para que pareciera que las entidades estaban respaldadas por un capital social elevado.
"Retrasos"
Las empresas españolas, con nombres como Oanna Spain, Finca Cazadores, Fortuna Est 2000 o Fuentespino One, se asociaban a los proyectos inmobiliarios, principalmente relacionados con el ocio, y desplegaban toda una campaña para publicitarlas en ferias inmobiliarias, Internet y operadores telefónicos.
A los inversores les ofrecían la compra de participaciones sociales de empresas, inscritas en el registro mercantil español y avaladas por un capital importante aunque ficticio. A la hora de formalizar la compra contaban con la colaboración de dos despachos de abogados. La Fiscalía tiene que decidir aún el papel de estos profesionales en el entramado. "Podrían ser colaboradores dolosos, que actuaban de mala fe, o simples instrumentos de la red", explican fuentes de la investigación.
La compra se formalizaba ante notario, pero como los inversores solían estar fuera de España, la organización les designaba un apoderado. La intermediación de un abogado español a la hora de escriturar aportaba un plus de confianza a los inversores británicos, que no sospechaban que pudiese haber ningún tipo de irregularidad si ellos representaban a estas compañías. "Parecía que los abogados estaban compinchados con el notario, una figura que en España tiene mucha credibilidad", relata uno de los afectados por este caso en una página de Internet del Reino Unido dedicada a alertar sobre las estafas (fool.co.uk).
Cuando los inversores tenían todos los documentos, la empresa seguía contactando con ellos para informarles de que los proyectos estaban sufriendo "retrasos" y, de paso, convencerles para que invirtieran en otros proyectos. Hay víctimas que reconocen haber invertido en tres desarrollos diferentes en los últimos cuatro años.
En las páginas de internet, los afectados se quejan de que otra empresa les ha estado llamando ofreciéndose a pleitear para recuperar el dinero que les han timado, algo para lo que les piden el 10% de la cantidad que han invertido como adelanto. La historia se repite. Esta misma oferta se la hicieron a otros tantos británicos afectados por estafas masivas, también orquestadas desde la Costa del Sol, esta vez relacionadas con la venta de vacaciones en complejos de tiempo compartido.
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