El blindaje a los compradores de buena fe de viviendas ilegales reduce en 2.000 las alegaciones registradas en la primera exposición pública El grueso de los escritos repiten demandas sobre un millar de asuntos
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acaba de cubrir un nuevo trámite. Ayer se cerró el plazo para presentar alegaciones a los cambios introducidos por el equipo de gobierno del PP: dos largos meses en los que más de 6.500 vecinos han registrado sus escritos -tras sumarse ayer por la mañana más de un millar de otros tantos ciudadanos canalizados por Izquierda Unida (IU)- para demandar nuevas modificaciones por discrepancias con el documento urbanístico. La cifra, con todo, reduce en más de 2.000 alegaciones el precedente del primer periodo de exposición pública, en 2007, cuando el esperado documento echó a andar.
Entonces se registraron más de 8.500 alegaciones, la mayoría de vecinos preocupados, especialmente, por la repercusión que iba a tener en sus bolsillos el pago de las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales que dejó el gilismo si los promotores se habían esfumado. Precisamente, fuentes del equipo de gobierno apuntaron ayer que la disminución en el número de escritos registrada obedece en gran medida al blindaje que se ha hecho a los terceros de buena fe, a los que se garantiza que no tendrán que pagar las compensaciones.
No sólo eso. Subrayaron que, de las 5.300 alegaciones que se habían recogido hasta el 27 de diciembre (a las que se sumaron ayer las 1.200 canalizadas por IU) sólo 871 obedecían asuntos diferentes. Esto es, la inmensa mayoría son repeticiones de una misma demanda pero suscritas por decenas de vecinos a título individual. Como ejemplos, señalaron que se han registrado 900 alegaciones sobre el Conservatorio de Marbella, un millar acerca de la situación urbanística del El Ingenio o más de un centenar sobre el cementerio de San Pedro.
«Están muy por debajo de las 8.500 alegaciones del primer periodo de exposición pública», valoraron las mismas fuentes, que criticaron que tanto PSOE como IU hayan promovido un aluvión de escritos idénticos sobre los mismos asuntos, al tiempo que recordaron que, tras su llegada al Ayuntamiento, el PP aprobó el documento impulsado por la Junta por responsabilidad, la misma que reclaman a la oposición.
Más viviendas
Pese a que el PSOE votó favorablemente en octubre a la aprobación provisional del Plan General, las discrepancias con los cambios introducidos por el equipo de gobierno del PP son notables. Los concejales socialistas, en sus alegaciones, han censurado desde que se aumente el volumen de viviendas en áreas saturadas en detrimento de la reserva de suelo para equipamientos a la situación urbanística del Conservatorio, la barriada Plaza de Toros, Xarblanca, Jardines del Príncipe, Jardines de La Costa, El Ingenio, las naves de La Juanita o el cementerio de San Pedro.
Los socialistas no se andan por las ramas y han llegado a advertir a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que de seguir adelante con el Plan General en los términos actuales podría quedarse sola en la tramitación del documento urbanístico, el primero con el que contará Marbella en 25 años. No será el único escollo. La Junta de Andalucía, toda vez que el Ayuntamiento dé el segundo visto bueno provisional, tomará el relevo de la tramitación y tendrá en sus manos dar luz verde o no al documento.
Las diferencias de criterio entre ambas administraciones en puntos como la regularización de viviendas ilegales que aún quedan fuera de ordenación o la protección ambiental del alcornocal de La Cañada podrían volver a minar el camino para que Marbella cuente con un nuevo Plan General que dé estabilidad jurídica a los inversores. Todos, vecinos, colectivos y partidos políticos, tienen las expectativas puestas en que el PGOU contribuya a reactivar en 2009 la tocada economía local, vinculada durante años al ladrillo, pero el camino no se prevé de rosas.
Primeros meses
Antes, el equipo de gobierno, al alimón con el arquitecto Manuel González Fustegueras y el equipo de redactores del Plan, deberá responder a las 6.500 alegaciones presentadas durante la exposición pública. Desde el equipo de gobierno aún no manejan plazos concretos pero esperan que la aprobación provisional, una vez analizadas las nuevas peticiones vecinales, se produzca en los primeros meses de este año. El objetivo es contar con un planeamiento en vigor antes de que acabe 2009.
Atrás quedaría el inicio de una larga tramitación del documento redactado bajo la tutela de la Junta que arrancó en julio de 2007, con la aprobación inicial tras la llegada del PP al gobierno municipal. El periodo de exposición pública se cerró entonces con más de 8.500 alegaciones. Le siguió en noviembre de 2008 la esperada aprobación provisional y un nuevo plazo para que los afectados pudieran conocer con precisión en qué situación quedaban las viviendas o los equipamiento. El que se acaba de cerrar.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acaba de cubrir un nuevo trámite. Ayer se cerró el plazo para presentar alegaciones a los cambios introducidos por el equipo de gobierno del PP: dos largos meses en los que más de 6.500 vecinos han registrado sus escritos -tras sumarse ayer por la mañana más de un millar de otros tantos ciudadanos canalizados por Izquierda Unida (IU)- para demandar nuevas modificaciones por discrepancias con el documento urbanístico. La cifra, con todo, reduce en más de 2.000 alegaciones el precedente del primer periodo de exposición pública, en 2007, cuando el esperado documento echó a andar.
Entonces se registraron más de 8.500 alegaciones, la mayoría de vecinos preocupados, especialmente, por la repercusión que iba a tener en sus bolsillos el pago de las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales que dejó el gilismo si los promotores se habían esfumado. Precisamente, fuentes del equipo de gobierno apuntaron ayer que la disminución en el número de escritos registrada obedece en gran medida al blindaje que se ha hecho a los terceros de buena fe, a los que se garantiza que no tendrán que pagar las compensaciones.
No sólo eso. Subrayaron que, de las 5.300 alegaciones que se habían recogido hasta el 27 de diciembre (a las que se sumaron ayer las 1.200 canalizadas por IU) sólo 871 obedecían asuntos diferentes. Esto es, la inmensa mayoría son repeticiones de una misma demanda pero suscritas por decenas de vecinos a título individual. Como ejemplos, señalaron que se han registrado 900 alegaciones sobre el Conservatorio de Marbella, un millar acerca de la situación urbanística del El Ingenio o más de un centenar sobre el cementerio de San Pedro.
«Están muy por debajo de las 8.500 alegaciones del primer periodo de exposición pública», valoraron las mismas fuentes, que criticaron que tanto PSOE como IU hayan promovido un aluvión de escritos idénticos sobre los mismos asuntos, al tiempo que recordaron que, tras su llegada al Ayuntamiento, el PP aprobó el documento impulsado por la Junta por responsabilidad, la misma que reclaman a la oposición.
Más viviendas
Pese a que el PSOE votó favorablemente en octubre a la aprobación provisional del Plan General, las discrepancias con los cambios introducidos por el equipo de gobierno del PP son notables. Los concejales socialistas, en sus alegaciones, han censurado desde que se aumente el volumen de viviendas en áreas saturadas en detrimento de la reserva de suelo para equipamientos a la situación urbanística del Conservatorio, la barriada Plaza de Toros, Xarblanca, Jardines del Príncipe, Jardines de La Costa, El Ingenio, las naves de La Juanita o el cementerio de San Pedro.
Los socialistas no se andan por las ramas y han llegado a advertir a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que de seguir adelante con el Plan General en los términos actuales podría quedarse sola en la tramitación del documento urbanístico, el primero con el que contará Marbella en 25 años. No será el único escollo. La Junta de Andalucía, toda vez que el Ayuntamiento dé el segundo visto bueno provisional, tomará el relevo de la tramitación y tendrá en sus manos dar luz verde o no al documento.
Las diferencias de criterio entre ambas administraciones en puntos como la regularización de viviendas ilegales que aún quedan fuera de ordenación o la protección ambiental del alcornocal de La Cañada podrían volver a minar el camino para que Marbella cuente con un nuevo Plan General que dé estabilidad jurídica a los inversores. Todos, vecinos, colectivos y partidos políticos, tienen las expectativas puestas en que el PGOU contribuya a reactivar en 2009 la tocada economía local, vinculada durante años al ladrillo, pero el camino no se prevé de rosas.
Primeros meses
Antes, el equipo de gobierno, al alimón con el arquitecto Manuel González Fustegueras y el equipo de redactores del Plan, deberá responder a las 6.500 alegaciones presentadas durante la exposición pública. Desde el equipo de gobierno aún no manejan plazos concretos pero esperan que la aprobación provisional, una vez analizadas las nuevas peticiones vecinales, se produzca en los primeros meses de este año. El objetivo es contar con un planeamiento en vigor antes de que acabe 2009.
Atrás quedaría el inicio de una larga tramitación del documento redactado bajo la tutela de la Junta que arrancó en julio de 2007, con la aprobación inicial tras la llegada del PP al gobierno municipal. El periodo de exposición pública se cerró entonces con más de 8.500 alegaciones. Le siguió en noviembre de 2008 la esperada aprobación provisional y un nuevo plazo para que los afectados pudieran conocer con precisión en qué situación quedaban las viviendas o los equipamiento. El que se acaba de cerrar.
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