El Ayuntamiento defiende los baremos de las VPO y afirma que la Junta los aprobó (SUR)

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, defendió ayer los requisitos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de 2006, y afirmó que la Junta los dio por «buenos», respondiendo así al informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que tachó de «ilegales» las bases de la convocatoria de ese año para el acceso en propiedad a viviendas protegidas, en concreto, el baremo referido a tener unos ingresos mínimos de 6.000 euros y estar empadronado en la capital.

Maldonado explicó que le «preocupa» que desde la Oficina del Defensor del Pueblo se emita un informe que «no ha sido contrastado». El edil apuntó que le «parece extraño que la persona que haya tenido la responsabilidad de realizar este informe no haya considerado necesario reclamar información del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), lo que hubiera permitido hacer un informe objetivo y no subjetivo».

«Duedencillo»

«Al informe se le cuela un duendecillo, porque está hablando de las VPO en la provincia, pero se refiere al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga», añadió Maldonado, que hizo hincapié en que «no casa muy bien hablar de VPO en la provincia y dirigirse sólo y exclusivamente a la gestión realizada por el IMV».

El concejal de Vivienda subrayó «la ligereza de considerar ilegal que el IMV incluyera entre las cláusulas de la convocatoria de las viviendas del macrosorteo de diciembre de 2006 una renta familiar, ponderada y anual, de como mínimo 6.000 euros, cuando la Junta no incluía ese requisito en la normativa que tenía elaborada para las convocatorias de VPO».

A este respecto, apuntó que «los ayuntamientos tienen competencia para incluir en esas normativas aquellos puntos que consideren convenientes en cada municipio». Así, aseveró que el Consistorio «consideró conveniente incluir una cláusula sobre la renta mínima de 6.000 euros y otra en relación al empadronamiento».

«De haber sido ilegal, la habríamos cometido, en principio, todos los grupos políticos de este Ayuntamiento porque en el consejo rector del IMV de 8 de agosto de 2006 esas bases, con esos dos puntos, fueron aprobadas por unanimidad por todos los grupos políticos que representan la Corporación municipal», enfatizó.