Tras varios meses sin ser recibidos por autoridades públicas, los miembros de la Asociación por la Regularización de Viviendas de Mijas (ARV) mantuvieron una reunión con la delegada de Vivienda en Málaga, Josefa López. En este encuentro, la directiva del colectivo quiso mostrar su crítica ente la lentitud de los trámites relativos al planeamiento urbanístico de la localidad, así como la continuidad de las multas coercitivas.
Por su parte, López se ofreció a mediar entre los afectados y el Ayuntamiento aunque, según declaró el presidente de la ARV, Juan Antonio Blanco «ella desmintió las palabras del alcalde, Antonio Sánchez, que en varias ocasiones ha afirmado tener un convenio con la Junta de Andalucía». En este sentido, al parecer la delegada apuntó que desde el organismo autonómico «sólo se limitan a asesorar».
En cuanto a la elaboración del catálogo que actualmente la administración local ejecuta, desde la asociación se recalcó que se debe de tener en cuenta 13 factores, que incluyen datos de los propietarios, de los inspectores, el destino a que se dedican cada una de estas edificaciones junto al estado de construcción de la vivienda, unas características que para el colectivo son «fundamentales». Aseguran que no se han entrevistado con los afectados por el problema para actualizar estos datos e incorporarlos a la adaptación a la LOUA, planteamiento urbanístico que, según el presidente del colectivo, «no han hecho todavía».
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