Los Perea observan cómo unas excavadoras derriban su vivienda, donde se han forjado más de dos décadas de recuerdos. Es una de las centenares de familias malagueñas expropiadas en los últimos años en la capital
A Mónica Berlanga le expropiaron su casa en Tiro de Pichón para eliminar una peligrosa curva de la autovía. / C. MORET
El terreno que ocupaban sus casas y fincas se ha convertido en carreteras, zonas verdes o vías del tren. Para satisfacer una necesidad colectiva o pública han tenido que ceder sus propiedades a la Administración en procesos que rara vez resultan satisfactorios para ambas partes y de los que a menudo se hacen eco los medios de comunicación. Las expropiaciones forzosas han afectado a centenares de familias malagueñas en los últimos años por la construcción de carreteras, autovías, el AVE o la segunda pista del aeropuerto.
Saben que estas actuaciones son necesarias para el desarrollo urbanístico de la ciudad, pero insisten en reivindicar que los organismos públicos no sólo valoren el aspecto económico del bien expropiado, sino también la parte sentimental, aunque como alguno de ellos dice, «no podrán demoler nuestros recuerdos».
ANTONIA PEREA
Barriada San Isidro
«Es muy duro ver cómo derriban tu casa»
3 de septiembre de 2007. Antonia Perea tiene grabada esa fecha en su memoria y en su corazón. Aquel día, junto a su hija de veinte años, observaba impotente cómo unas máquinas derribaban la que había sido su vivienda desde hacía dos décadas en la barriada San Isidro. Los terrenos sobre los que reposaban su casa, la de sus padres y hermana y las de otro centenar de familias estaban destinados a acoger la segunda pista del aeropuerto.
Se sabía desde hacía muchos años, pero nunca pensaron que llegaría ese momento. Hasta que hace cuatro años recibieron la temida notificación. «Se nos vino el mundo encima. A mi madre le dio un amago de infarto y mi padre lo pasó fatal», recuerda Antonia, que no puede evitar llorar desconsoladamente al recordar el día en que su hija la llamó para que fuera testigo de cómo su vivienda desaparecía entre la polvareda.
«Es muy duro ver cómo derriban tu casa al día siguiente de habernos ido de allí», señala esta malagueña, que critica la frialdad de estos procesos: «Tendrían que valorar no sólo lo económico, sino también la parte sentimental. Nos han hecho mucho daño. Las personas que negociaron con nosotros parecía que no tenían corazón. Llegaron a decirle a mi padre que esas tierras no eran suyas».
El terreno y las dos viviendas que lo ocupaban fueron valorados inicialmente en unos 377.000 euros. Al final, tras varias reuniones, consiguieron que les pagaran 3.000 euros más, una cantidad que Antonia considera insuficiente: «Con ese dinero y otros 30.000 euros sólo pudimos comprar una casa en Churriana y en ella vivimos mis padres, mi marido, mi hija, mi hermana y sus dos hijos, y yo. Hemos perdido independencia y calidad de vida».
«Comprendemos que esos terrenos son necesarios para el bien común, pero nosotros sólo queríamos que nos dieran lo justo, una vivienda para cada uno, por ejemplo. Entonces nos hubiésemos dado por satisfechos», señala Antonia resignada.
MÓNICA BERLANGA
Calle Coín
«Ahora tengo una vivienda mejor»
El proyecto del Ministerio de Fomento para corregir la curva del vial de entrada desde la Ronda Oeste hacia la avenida de Andalucía fue recibido como agua de mayo por Mónica Berlanga. El proceso de expropiación de su vivienda en la calle Coín, en la barriada Tiro de Pichón, le posibilitó cambiar una casa «muy deteriorada» que tenía más de cincuenta años por otra nueva y más grande en la misma zona. Sabe que muchos de sus más de treinta antiguos vecinos no acabaron satisfechos con el cambio, pero ella admite que «he salido ganando».
«En nuestra antigua casa vivíamos tres familias y tenía muchos desperfectos porque hacía más de veinte años que estaba expropiada y no queríamos hacer grandes reformas. Mi marido, mi hija y yo queríamos salir de allí a toda costa», cuenta Mónica, a la que le dieron 4.600 euros por la parte de la vivienda que le correspondía -el terreno fue valorado en 60.000 euros-.
Esta malagueña abandonó en 2007 su antigua vivienda y se trasladó a una de las VPO que el Ayuntamiento construyó para los afectados en el mismo distrito: «Nos costó más de 70.000 euros, pero tenemos una hipoteca cómoda y una casa más grande y nueva que la otra». A pesar de su satisfacción, Mónica se solidariza con sus otros vecinos: «Entiendo que algunos estén descontentos porque han dejado una casa en propiedad por otra con hipoteca o por un alquiler».
JOAQUÍN NAVARRO
Santa Rosalía
«Me han expropiado seis veces»
Cuando le preguntan si cree que él y sus cuatro hermanos están perseguidos por la mala suerte, Joaquín Navarro no sabe qué contestar. «No sé cómo catalogar esto, la verdad», dice. Su cortijo, que inicialmente tenía 90.000 metros cuadrados, ha sufrido seis expropiaciones en los últimos treinta años y el proyecto de construcción de una plataforma logística asociada a la actividad del puerto en Campanillas podría hacer desaparecer por completo los 40.000 metros cuadrados de terreno que todavía tienen en su poder en la zona de Santa Rosalía.
Primero fue la instalación de una línea de alta tensión, después vinieron la construcción de un oleoducto, un gasoducto, la carretera Málaga-Cártama, la conversión de este vial en autovía y, por último -de momento- el AVE. Aunque Joaquín no pierde el sentido del humor y señala que tantas expropiaciones «es como para tomárselo a risa», asegura sentirse «frustrado y maltratado» por las distintas administraciones.
«Entiendo que es lógico que hagan uso de un terreno para el AVE o carreteras que son necesarias para la ciudadanía, pero no han valorado mi propiedad como deberían», critica Joaquín, que denuncia que todavía no ha cobrado la indemnización por la construcción de la autovía y por la línea de alta velocidad, cuyo importe fijado por la Administración supera los 80.000 euros. «Contraté un abogado para conseguir más dinero y han pasado nueve años y ni se han dignado a hacerme otra oferta», señala.
Como otros afectados por expropiaciones, Joaquín reivindica el valor sentimental de la finca: «Era de mi padre y mis hermanos y yo nos hemos criado allí». Ahora sólo le queda la esperanza de que el puerto seco que prevé el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del área metropolitana de la Junta de Andalucía no llegue a construirse y pueda mantener en pie sus naranjos y limoneros.
JUAN CALDERÓN
Barriada San Isidro
«Conseguí más dinero del que me ofrecían»
La construcción de la segunda pista del aeropuerto le ha obligado a trasladar su explotación de aloe vera de la barriada San Isidro, en el entorno del aeropuerto, a Pizarra. «No es lo mismo. Mi terreno estaba en plena producción y ahora tengo que empezar de nuevo y me está costando trabajo», explica Juan Calderón, que recibió hace cuatro años la notificación de Aena en la que le comunicaban que su finca de más de 30.000 metros cuadrados iba a pasar a ser de dominio público. Tras realizar una tasación privada y después de un año de negociaciones con el Gobierno central, consiguió que le pagaran «mucho más de lo que me ofrecieron inicialmente, pero menos de lo que yo tenía previsto e insuficiente para financiar mi nueva explotación». Tal vez hubiese obtenido más dinero con la ayuda de abogados, «pero no tengo edad ni recursos para meterme en contenciosos».
Aunque no está satisfecho del todo, cree que no ha sido de los más perjudicados: «La peor parte se la han llevado quienes tenían su residencia allí y han tenido que abandonarla», señala Juan, que afirma que la persona a la que le expropian cualquier propiedad «se predispone a ir en contra de la administración, sea del color que sea».
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