La promotora saldó la deuda con la constructora Ziur, cuyo máximo responsable es Jesús Ruiz, con la cesión de 130 fincas
30.11.2009 -
El proceso judicial abierto contra el presidente de la promotora Aifos por un supuesto delito de alzamiento de bienes por la cesión de una finca embargada a la sociedad Ziur, constructora de Aifos cuyo máximo responsable es el propio Jesús Ruiz Casado, ha permitido destapar el supuesto trasvase de una a otra empresa de 130 fincas por un valor superior a los 19 millones de euros. Un pago que habría tenido lugar en febrero de 2008, poco más de un año antes de que la inmobiliaria malagueña solicitara al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga someterse a un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante la incapacidad para atender las cerca de 900 reclamaciones judiciales pendientes y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los alrededor de dos mil acreedores, a los que les adeudaba unos mil millones de euros. Todo ello agravado por la implicación de la promotora en el 'caso Malaya'.
En el seno de las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola a raíz de la denuncia presentada por los propietarios de un apartamento de la promoción Cortijos de Torreblanca de la localidad (a día de hoy sigue inacabada) en la que reclamaban la devolución de los 40.000 euros que habían aportado para su adquisición, se ha adjuntado una escritura -a la que ha tenido acceso este periódico- en la que Aifos salda con parte de su patrimonio una deuda de 19.064.120,48 euros con Ziur generada en concepto de redacción y elaboración de proyectos, direcciones de obra e informes técnicos. Para ello, la promotora cede en pago 130 fincas libres de cargas, entre las que destaca un solar de 1.440 metros cuadrados situado en la Cañada de los Ingleses (en la zona de Los Almendrales de la capital) valorado en cuatro millones de euros, así como un ático de 163 metros cuadrados en el hotel de cinco estrellas Guadalpín Banús de Marbella, cuyo precio se ha fijado en dos millones de euros.
Derechos
En esta relación también figuran los seis millones de euros en los que se ha valorado el derecho de vuelo de los 41 pisos del conjunto residencial Terrazas de Torreblanca (también en Fuengirola) que se construyeron de más aprovechando una planta semisótano cuya legalidad sólo se sustenta con la consideración de Aifos de que la licencia de primera ocupación se ha concedido por el silencio administrativo del Ayuntamiento.
Ante esta situación, la parte demandante ya ha presentado sendos escritos a los juzgados y a la administración concursal en los que solicita la rescisión de ese contrato para que estas propiedades vuelvan a Aifos de forma que se puedan utilizar para pagar parte de las numerosas deudas contraídas, la mayoría de las cuales corresponden a entidades financieras. Para ello, se basan en el artículo 71 de la Ley Concursal, según el cual, declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.
«También solicitamos la calificación del concurso como culpable, de modo que los administradores respondan con sus bienes, así como la imputación de otros intervinientes», explica el abogado Carlos Cómitre, representante legal de los afectados que se han personado como acusación particular.
El delito de alzamiento de bienes contempla una pena de entre uno y cuatro años de prisión, aunque podrían aumentar hasta los seis «cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre», según reza el artículo 260 del Código Penal.
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