La Junta de Andalucía será quien decida en qué terrenos se podrá seguir edificando y cuáles no se podrá construir.
La operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística desarrollada en Alcaucín hace ahora un año supuso la paralización total y absoluta del urbanismo en el municipio, sobre todo teniendo en cuenta que entre 1995 y 2007 se edificaron en la localidad más de 1.000 casas en suelo rústico. Sólo en Alcaucín se estima que existen unas 1.800 viviendas fuera de ordenación.
En un intento de normalizar la situación y reactivar el urbanismo, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, formado por PA, PP y una edil del grupo mixto, consiguió en noviembre del pasado año que la Junta de Andalucía informará favorablemente la adaptación del planeamiento del municipio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Esta adaptación permitía al Ayuntamiento, según el alcalde, el andalucista Guillermo Pérez, realizar una modificación de elemento del PGOU que podía afecta hasta el 20% del suelo urbanizable consolidado. «La Junta, debido a lo ocurrido en el municipio con el urbanismo, nos dijo que no a esa modificación, dado el elevado número de viviendas ilegales construidas en el municipio, ya que se podía malinterpretar que determinadas zonas se vieran beneficiadas y otras no», ha explicado Pérez.
Revisión
No obstante, Ayuntamiento y Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio han acordado acometer una revisión parcial del plan general de ordenación urbana del municipio (PGOU), siempre que sea la Junta de Andalucía la que decida los terrenos y sectores en los perímetro de las zonas urbanas consolidadas que se beneficiarán de la revisión del planeamiento.
Para el alcalde, el acuerdo es bastante satisfactorio para el Ayuntamiento, entre otras razones porque desde que se iniciará el caso 'Arcos' no ha concedido ni una sola licencia para la construcción de viviendas unifamiliares. «Sólo se han otorgado permisos para obras menores», ha explicado Pérez.
El regidor ha señalado que confía en la reactivación el urbanismo gracias a la revisión parcial del planeamiento municipal acordado con el director general de Urbanismo de la Junta, Daniel Fernández, y la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López.
Guillermo Pérez, que mantuvo con ambos cargos una reunión la pasada semana, ha precisado que la revisión parcial «permitirá la legalización de un buen número de viviendas fuera de ordenación y aprobar nuevas zonas en las que se podrá seguir construyendo». El número final de casas que podrán ser legalizadas estará en función de los nuevos suelos urbanizables.
El alcalde, que ha agradecido «la sensibilidad» de la Junta y la Diputación, ha explicado que será la Consejería de Vivienda la que decida en qué terrenos se podrá seguir edificando y cuáles pasarán a ser calificados como urbanizables.
Al mismo tiempo, el municipio continuará con la labor de inspección para elaborar el inventario de viviendas irregulares que se comprometió a presentar a la Junta, tarea para que la que contará con el apoyo de los técnicos de la Dirección General de Inspección de la Junta.
Durante el último año, el Ayuntamiento sólo ha podido inventariar una cuarta parte de las 1.800 edificaciones que se estima existen en suelo no urbanizable en todo el término municipal de Alcaucín. El objetivo es que tanto la realización del inventario de construcciones irregulares como el documento de revisión del PGOU se desarrollen de manera paralela, según Pérez.
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