Los constructores de Málaga aseguran que el descenso de la licitación y la eliminación de las subvenciones para la entrada de las viviendas protegidas supondrán una nueva crisis para el sector, que ya sufre la caída de la iniciativa privada
Solicitantes de VPO cumplimentan los formularios en una imagen de archivo. Arciniega
NOTICIAS RELACIONADAS
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA El sector de la construcción, profundamente dañado por la crisis, va camino de enfrentarse a un nuevo revés con los recortes anunciados por el Ministerio de Vivienda. Al menos, eso es lo que aseguran los promotores de la provincia, que calculan que las medidas, que incluyen la supresión de las ayudas para la entrada de las VPO, supondrán la pérdida de 10.000 puestos de trabajo durante el próximo año.
La destrucción de empleo, calculada por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), se centra en el factor añadido de la reducción de la obra pública, que ha quedado supeditada, en muchos casos, a la superación de la depresión económica. Un receso para la actividad que coincide con el recorte de las subvenciones, lo que deja al sector en una situación «preocupante», especialmente si se tiene en cuenta la caída de la iniciativa privada.
Violeta Aragón, gerente de la organización, confía en que la Administración se retracte y de marcha atrás a su nuevo paquete de iniciativas, que, resalta, pondrían en entredicho la propia noción de vivienda protegida. Las ayudas para sufragar el primer pago de las VPO, que se situaban entre 7.000 y 12.000 euros, eran solicitadas por el cien por cien de los adjudicatarios. «Si se detraen las facilidades se convierten automáticamente al régimen de renta libre», señala.
La portavoz de la patronal muestra su inquietud por la situación del sector y el futuro laboral de los especialistas, que, por el momento, no han podido reciclarse en otras áreas de producción. De acuerdo con Aragón, las intenciones del Ministerio de la Vivienda evidencian una actitud «incoherente», sobre todo si se cotejan con el espíritu que da forma a las últimas leyes. «Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno han hecho iniciativas legislativas que apuntan al derecho a una vivienda digna», puntualiza.
La visión de la ACP coincide con la del edil Diego Maldonado, responsable del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que califica de «barbaridad» la eliminación de las ayudas y denuncia sus consecuencias en la economía de los más débiles, que también se ha visto trampeada por la crudeza de la crisis. Alerta, además, de que la medida viene aparejada de un efecto perverso a la hora de negociar las hipotecas. «Tendrán que hacer frente al noventa por ciento de los costes y, si ya antes había problemas, ahora será muy difícil asumirla», explica. Los recortes propuestos por la administración comportarán también un descenso en las subvenciones previstas para las viviendas protegidas en régimen de alquiler, que podrían bajar, insiste Maldonado, en torno a un cuarenta por ciento.
En su análisis, el concejal no se olvida de otra iniciativa que considera funesta para la proliferación de la vivienda social: los recortes de los incentivos para la adquisición de suelo dedicado a VPO, que representaba un estímulo para los constructores. Su eliminación, argumenta el concejal, disuade a los inversores, que tienen dificultades para extraer rentabilidad en este tipo de operaciones.
Maldonado sostiene que eran precisamente las subvenciones las que atraían a la iniciativa privada, que, a partir de ahora, prevé, reaccionará con renuencia a la posibilidad de construir viviendas sociales. «Los ayuntamientos no tentemos capacidad para impulsar promociones y si no resultan apetecibles o rentables para los empresarios habrá dificultades», razona. El edil considera, además, que los recortes llegan en un momento especialmente complicado en el área de la vivienda, con ciudadanos sin recursos a la espera de obtener algún tipo de ayuda para poder hacer frente a los costes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario