El Ayuntamiento firma un convenio con los propietarios para que retiren la demanda en los tribunales una vez que puedan construir pisos
14.10.2010 -
Hace ya cinco años que cerró sus puertas y todavía no se han desbloqueado los trámites para sustituir su deteriorada imagen por un edificio de nueva construcción. El cine Andalucía, junto con el Astoria y Victoria, sigue a día de hoy protagonizando uno de los fotogramas más evidentes del deterioro de algunas zonas del casco antiguo. En 2004, un año antes de las últimas proyecciones, sus propietarios firmaron un convenio con el Ayuntamiento para la construcción de un hotel en la parcela. Este convenio nunca llegó a ser aprobado por el equipo de gobierno municipal, que en 2007 culminó los trámites iniciados años atrás para convertir el cine en un equipamiento público.
Al mismo tiempo, Urbanismo activó la expropiación de la finca, un proceso del que ha desistido tres años más tarde una vez que los esfuerzos municipales se centran principalmente en adquirir la manzana del Astoria para realizar en ella un gran proyecto cultural que todavía está por determinar.
Todas estas vicisitudes movieron a los dueños del cine Andalucía a presentar una demanda ante el Ayuntamiento para exigirle el pago de 8,9 millones de euros en concepto de indemnización por no haber seguido tramitando el acuerdo para la construcción de un hotel que se rubricó en 2004. Para esta petición, que en primer lugar se tramitó ante la Gerencia Municipal de Urbanismo y, posteriormente, se llevó a los juzgados de lo Contencioso Administrativo, todavía no existe fallo de los tribunales.
Segundo recurso
Igualmente, la propiedad del cine mantiene un recurso judicial presentado el año pasado contra un acuerdo de la comisión provincial que fija las expropiaciones en el que este organismo rechazó las pretensiones de la sociedad anónima Cine Andalucía, que exigía la inmediata expropiación del inmueble tras casi diez años de espera. Tampoco ha recaído sentencia para esta demanda.
La empresa valoró el cine en 25,6 millones de euros, una cantidad sensiblemente superior a los 5,5 millones en que lo cuantificó el Ayuntamiento, que argumentaba que los dueños no podían exigir todavía su expropiación porque no habían pasado cuatro años desde la aprobación definitiva de la figura urbanística que ampara su obtención.
Para escapar de todo este enredo judicial y ante la apuesta defendida en el último año por el alcalde, Francisco de la Torre, para hacerse con el cine Astoria, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de marzo una modificación del plan urbanístico del Centro Histórico que, entre otras cuestiones, incluía el cambio de uso de la parcela del cine Andalucía, que dejará de tener la calificación de equipamiento público que se le otorgó en 2007 para pasar a residencial.
Los trámites para que esa modificación entre en vigor todavía no han culminado, y el equipo de gobierno ha firmado un convenio con la propiedad del cine para asegurarse que no va a seguir adelante con los recursos judiciales mencionados una vez que sea firme la posibilidad de que puedan construir viviendas en la parcela.
El convenio se suscribió el pasado 23 de septiembre y en él se establece un plazo máximo de tres años y medio para que el cambio de uso de la finca esté en vigor. Igualmente, se prevé que el pleno ratifique el acuerdo en un plazo de tres meses a contar desde su firma. Una vez que se produzca esa ratificación, la empresa deberá activar los trámites para la suspensión de los recursos judiciales que todavía están en marcha en un plazo de diez días.
Dinero por el realojo
Del mismo modo, según el acuerdo, los propietarios del cine deberán abonar a la Gerencia de Urbanismo la cantidad de 165.531 euros, para compensar los gastos de realojo de los que tuvo que hacerse cargo el Ayuntamiento cuando tuvieron que ser desalojadas 28 familias de un bloque de pisos existente en la trasera de la sala de proyecciones que estaba en ruinas.
La sociedad propietaria del cine podrá promover la realización de pisos en la parcela, aunque también podría materializar un proyecto hotelero, como se pensó a mediados de esta década, o comercial, ya que ambos usos son factibles en el ámbito del casco antiguo.
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