El Ayuntamiento enviará a los jueces un dictamen legal para darles "una alternativa" a la demolición de las viviendas.
Imagen de archivo del Paseo Marítimo de Marbella. Princesa Sánchez
J. A. SAU. MÁLAGA. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, tiene una china en su zapato: mientras trata de legalizar las 16.500 viviendas ilegales en el marco del proceso de normalización recogido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los tribunales exigen que se tiren las promociones cuyas licencias fueron declaradas irregulares, pero la regidora anda en plena danza con numerosos promotores, un baile cuyo fin es que sus inmuebles sean declarados acordes al planeamiento vigente. Los jueces, sin embargo, no entienden de cortejos, y quieren ejecutar las 900 sentencias de derribo ya dictadas, pero el Consistorio se ampara en la ley para evitar que ello ocurra.
Por difícil que resulte creer, lo cierto es que se defiende el legado más palpable de Jesús Gil, ahora bajo el proceso de normalización. En cualquier caso, lo que ha hecho el Ayuntamiento es elaborar un dictamen sobre la imposibilidad legal de concretar las demoliciones, ya que los fallos judiciales firmes anulan licencias incluidas en la amnistía relativa que ahora preconiza Urbanismo: los promotores compensan las ilegalidades con terrenos para zonas verdes y equipamientos o entregan dinero, a cambio de que su edificación reciba la bendición del PGOU, claro.
La alcaldesa informó ayer de que se hará a través del dictamen elaborado por el servicio técnico municipal y la asesoría jurídica de Urbanismo –un cambio importante: ahora los abogados públicos son los que hablan, no los privados–. En este dictamen, se exponen los argumentos legales que impiden la ejecución de las resoluciones judiciales que anulaban licencias de obras concedidas por gobiernos anteriores.
«Desde el inicio de la legislatura nos propusimos como primer objetivo conseguir seguridad urbanística para la ciudad y los terceros de buena fe, ya que sobre el Ayuntamiento pesaban como una auténtica losa las 900 sentencias firmes que anulaban licencias de obras concedidas por otros equipos de gobierno amparadas en un plan que no era legal», explicaba ayer la regidora.
De este dictamen se dará cuenta, entre otros órganos judiciales, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, de forma que se presentarán incidentes de ejecución ante los juzgados para informarles de la existencia de la aprobación del nuevo planeamiento así como del proceso de normalización y de los mecanismos de compensación, previstos en un plazo de dos a cuatro años.
«No se pueden ejecutar»
«Con este dictamen vamos a decir a la Sala que tenga en cuenta que, en cada una de esas sentencias firmes, hay un incidente de ejecución y que, por tanto, el Consistorio no puede ejecutar esos fallos y anular las licencias porque está pendiente la normalización de las viviendas conforme al Plan General ya vigente», subrayó la alcaldesa.
Es decir, el municipio da una «alternativa» a los jueces, informando de la nueva realidad legal y remitiéndoles el dictamen.
La jefa del equipo de gobierno añadió: «Con esta iniciativa, Marbella ha dado un paso decisivo más, que se une al empeño que pusimos hace tres años y medio para garantizar la tranquilidad de los terceros de buena fe, recuperar la seguridad urbanística de la ciudad y la credibilidad institucional del Ayuntamiento» con la aprobación y entrada en vigor del nuevo texto urbanístico.
El equipo de gobierno recordó, además, que esta misma posición ya fue avalada con anterioridad por el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, órgano que incluso calificó a Marbella como «ejemplo de legalidad urbanística» en esta legislatura.
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