El expediente se aprueba con los reproches de la oposición sobre el «tiempo perdido» para revisar el planeamiento
23.12.2010 -
El pleno de diciembre se convirtió ayer en la sesión más larga de las celebradas durante todo el año. Más de ocho horas de debate sobre seis asuntos del orden del día y nueve mociones de colectivos y grupos políticos. Cada asunto suscitó una intensa y ardua confrontación entre los asistentes. Uno de los temas que más atención generó fue la aprobación de la adaptación parcial del planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El asunto se aprobó con el voto a favor de toda la Corporación, excepto la abstención de los no adscritos Francisco Zamorano y Juan Manuel Rodríguez, pero con numerosos reproches al retraso provocado en la tramitación del expediente, que se inició en noviembre de 2008, con la intención de estar finalizado en cinco meses.
El primero en abrir fuego fue el edil del PES, José Ignacio Crespo, que solicitó la presencia de un técnico municipal para explicar el contenido del documento. Andrés Flores fue el escogido para esta función. El funcionario dijo que la adaptación del PGOU, vigente desde 1994, permite al Ayuntamiento efectuar modificaciones en su planeamiento, aunque con «limitaciones». «Es un instrumento importante porque su tramitación es ágil y rápida, lo que no quita que haya que hacer la revisión del PGOU», añadió el técnico.
Pero la oposición reprochó que se haya tardado dos años en este asunto y manifestó que durante este tiempo se podría haber dotado al municipio de un nuevo planeamiento. «¿Qué se ha hecho en estos dos años sobre el asunto?», preguntó Crespo, que aseguró que «se ha perdido un tiempo en un ejemplo de mala gestión».
Sobre el asunto, el portavoz del PP, Ignacio Mena recordó que cuando se aprobó el inicio de la adaptación parcial del PGOU a la LOUA se hizo con el compromiso de simultanearlo con la revisión del actual plan urbanístico. El edil fue más allá en su intervención y aludió a un informe del departamento municipal de Contratación donde se manifestaba que el contrato con el redactor de la revisión del plan, Enrique Bardají, incluía la adaptación del PGOU y que se le había pagado 900.000 euros por sus honorarios. «No existe la comisión en la que deberíamos haber exigido resposabilidades y la devolución de las cantidades que se han cobrado de forma indebida», reprochó Mena.
La competencia vecina
Las críticas de la oposición provocó la respuesta del alcalde David Valadez: «Si el gobierno tiene que exigir a Bardají que devuelva el dinero, que lo haga», dijo el regidor, que manifestó que la revisión del PGOU está «congelada» y la tendrá que retomar el próximo gobierno municipal. Esta réplica volvió a encender las críticas de la oposición. Por su parte, el edil no adscrito Francisco Zamorano reprobó el «tiempo perdido» por el Ayuntamiento para dotarse de un nuevo PGOU. «Otros municipios vecinos van a competir con un Ferrari alta gama y nosotros con un 'Seita' sacado del taller», dijo.
Tras el pleno, estaba prevista la convocatoria de una junta universal de las empresas municipales para aprobar las cuentas anuales de 2009. Al cierre de la edición de este periódico, la sesión no había empezado.
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