lunes, 13 de diciembre de 2010

Siete de cada diez caseros no declaran el alquiler de su piso (Málaga Hoy)

Los técnicos de Hacienda estiman que el fraude puede superar los 94 millones de euros · Consumidores alertan de los peligros que entraña no tener una factura o un contrato

JAVIER CINTORA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.12.2010 - 01:00
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Un edificio con varios pisos en venta y alquiler.

El fraude en el alquiler de pisos está en auge. Según un informe realizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda, siete de cada diez caseros no declaran el alquiler de sus inmuebles. El informe, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, arroja un dato demoledor: más de 46.000 alquileres en Málaga son irregulares, lo que se traduce en un fraude financiero de más de 94 millones de euros. José María Mollinedo, secretario general de Gestha, lo tiene claro: "Que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria del Estado algo está funcionando muy mal".

Ricardo alquila su piso en Torremolinos. Lo hace desde hace años, cuando se mudó a otra vivienda. Desde entonces no ha firmado ningún contrato con el inquilino. "Llegamos a un acuerdo y por ese motivo se lo dejo un poco más barato". Su casa la habita Ismael, también nombre ficticio. "Estamos pagando cerca de 600 euros al mes, unos 150 menos que el precio de los alquileres de alrededor. Con ese dinero podemos hacer frente a los gastos de comunidad, luz o agua. Además, se supone que el único que puede llevarse un disgusto es el dueño".

Como en el caso Ricardo e Ismael, más de 46.000 viviendas no están declaradas. Según los estudios realizados por Gestha, los alquileres más propensos a registrar este tipo de irregularidades se sitúan en las zonas costeras y están protagonizados, en la mayoría de los casos, por estudiantes e inmigrantes, dos sectores que tradicionalmente tienen más dificultades para hacer frente al pago de los alquileres. En cuanto a los propietarios, los técnicos de Hacienda aseguran que hay dos perfiles. Por un lado, está el de familias que cambian de piso, sobre todo antes de la crisis económica, y que pagan la hipoteca con el alquiler bajo cuerda del anterior inmueble. El otro perfil estaría constituido por pensionistas que arriendan sus segundas residencias. "Este caso es mucho más duro para nosotros", asegura Mollinedo. En cuanto a las sanciones económicas a las que se enfrentan, desde Gestha alertan que oscilan entre el 50 y el 100% del valor defraudado.

Desde la asociación de consumidores Facua alertan de los "peligros" que entraña no tener una factura o un contrato por los servicios contratados para ahorrarse las cuotas de IVA o las retenciones pertinentes. "El hecho de no pagar un impuesto no es sólo un fraude a Hacienda, sino que también hay que tener presente que se pierden derechos como consumidor, ya que un ticket, una factura o un contrato son la prueba fehacientes de que el usuario ha contratado o comprado algo. Tanto el cliente como el prestador del servicio tendrán dificultades extremas para justificar ante los tribunales cualquier reclamación sin la presentación de estos elementos", asegura un portavoz de esta asociación de consumidores.

Pese a ello, los técnicos de Hacienda defienden que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran un gran número de alquileres sumergidos, lo cierto es que el impacto de la crisis económica también ha provocado que se dispare este tipo de situaciones. "Se ha producido un efecto acordeón", mantiene Mollinedo.

Gestha también atribuye estos datos al retraso de la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora en la entrada en vigor de su "medida estrella" que recoge la obligación por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización con el fin de poder fichar aquellas viviendas que esconden un alquiler sumergido. Esta medida entró en vigor hace unos meses y sus resultados "comenzarán a verse a partir del año que viene", insisten desde Gestha.

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