El Ayuntamiento inicia los trámites para la caducidad de la licencia de obras por incumplir el acuerdo de levantar viviendas para mayores
28.01.2011 -
El convenio firmado en 2003 entre una promotora y el Ayuntamiento de Benalmádena por el que una parcela de La Cala de la Higuera multiplicaba por cinco su techo edificable (de 9.750 a 45.670) estaba sujeto a que el uso del terreno fuese sanitario-asistencial de forma que la urbanización prevista estaría orientada a la tercera edad, con servicio de asistencia médica incluido. Así debía ser, pero no lo fue. La empresa constructora empezó a levantar las 462 viviendas en esta zona de Benalmádena Costa, aunque con la salvedad de que las empezó a comercializar sin ninguna restricción en cuanto a la edad.
El proyecto quedó paralizado, pero no ha sido hasta ahora cuando la Administración municipal ha movido ficha para enterrarlo definitivamente. ¿Cómo? Iniciando los trámites necesarios para la caducidad de la licencia de obras. Así lo anunció ayer el edil de Urbanismo, Jesús Fortes, quien enmarcó este paso en la «intención de este equipo de gobierno de cambiar la forma de actuar en el urbanismo del municipio que se ha llevado a cabo en los últimos año». «Cualquier petición de licencia de obra tendrá que ceñirse a lo establecido para el sector en que se vaya a construir», remarcó. En este sentido, el propio arquitecto municipal, José Luis Cerezo, envió un mensaje a la promotora en cuestión (una entidad bancaria): «Si quiere seguir con este proyecto, tendrá que garantizar el uso sanitario-asistencial de la construcción, como por ejemplo son las residencias, geriátricos, hospitales o clínicas». Asimismo, Fortes apuntó que además de poner punto final a este permiso, también se han denegado otros que se habían solicitado para edificar en la zona.
En su intervención, el también teniente de alcalde de la localidad recordó además que el convenio para el desarrollo del sector de La Cala de la Higuera, firmado durante el mandato de Enrique Bolín, «fue muy controvertido, porque supuso un incremento desmesurado del techo edificable con la justificación de que se iba a destinar a uso sanitario-asistencial y otra parte a zona hotelera». Además, incidió en que la compensación económica que recibió el Ayuntamiento en concepto de plusvalías, 1,8 millones de euros, «es insignificante». Por aquel entonces, tanto PSOE como IU e incluso el PP, con Fortes como portavoz, denunciaron el carácter especulativo de la operación urbanística.
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