Urbanismo tarda 15 años en asumir la demolición de unas escaleras (Málaga Hoy)

La estructura, que ocupa una acera, da acceso a la vivienda de un edil del PSOE

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 24.02.2011 - 01:00

Imagen de la escalera objeto de actuación por parte de la Gerencia de Urbanismo.

"Las cosas de palacio van despacio". Ésta es una de las frases que más comúnmente suele emplearse para plasmar la letanía con la que desarrollan algunos trámites las administraciones públicas. Y un ejemplo de ello es que la Gerencia de Urbanismo haya tardado casi 15 años en asumir de manera subsidiaria la demolición de un tramo de escalones que ocupa de forma irregular buena parte de la acera de una calle, obligando a los peatones a bajar a la calzada para poder caminar.

El caso gana en importancia si se tiene en cuenta que la vivienda a la que da acceso esta estructura de cuatro peldaños, situada en la esquina de las calles Regaterín y Federico Sopeña, en Campanillas, es el lugar de residencia del concejal del PSOE en el Ayuntamiento Sergio Brenes, responsable en materia urbanística del grupo. No obstante, fueron sus padres y su hermano los que impulsaron a mediados de los años 90 la construcción del inmueble sin disponer de la licencia para ello.

Brenes, que admitió que la casa se ejecutó "como otras muchas de la zona" mediante la fórmula de la autoconstrucción, se mostró sorprendido porque la resolución del organismo municipal sobre la demolición de la escalera salga a la luz tres lustros después de que se detectasen las anomalías. Incluso, alude a la existencia de un escrito por parte de su madre en el que ésta "se mostraba dispuesta a quitar los escalones pero que le dijesen cómo tenía que hacerlo".

"En 15 años no se ha actuado y ahora se hace de esta forma", lamentó el edil socialista, que en las últimas semanas ha criticado la actuación del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, en la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, proceso que está siendo investigado en este momento por un juzgado de la capital. A pesar de ello, es claro al señalar que al tratarse de la ocupación de la vía pública el expediente abierto contra su familia no caduca. "La ordenanza está para cumplirla", añade.

Ante estas explicaciones, la pregunta es por qué ha tardado 15 años Urbanismo en intervenir de manera definitiva. Fuentes del departamento de Disciplina de la Gerencia de Urbanismo justificaron esta tardanza en la "falta de tiempo" y en la acumulación de trabajo que han tenido los técnicos. "Tarda tanto porque hay miles de expedientes y desgraciadamente no hemos tenido los medios que deberíamos", añaden las fuentes, que recuerdan que en estos meses se han retomado otros muchos expedientes. A eso se suma, apuntan, que una actuación en vía pública "no caduca jamás, mientras que una infracción en un suelo edificable caduca a los cuatro años; por eso preferimos volcar los esfuerzos sobre aquello que puede caducar". En cuanto a la coincidencia con las denuncias socialistas sobre el edil de Urbanismo, las fuentes fueron claras: "No he recibido consigna de nadie".

Pero las escaleras no son el único aspecto de la vivienda de Brenes que causa cierta sorpresa. Desde Disciplina, al jefa del departamento explicó que las primeras anomalías fueron informadas por agentes de la Policía Local, allá por el año 1991, que constataron de la existencia de una vivienda que estaba siendo ejecutada sin licencia. Esta casa tiene ahora unos 480 metros cuadrados de superficie.

"Justificaban la acción en que no tenían medios económicos, en que desconocían que había que pedir permiso... Pero la realidad es que, a pesar de que se les ordenó paralizar la obra, no lo hicieron", indicó. Tras estos primeros pasos, el expediente quedó olvidado en Urbanismo "y cuando se retomó resulta que la edificación ya estaba terminada y el expediente de infracción había prescrito". Es por ello, apostillaron, que esa casa, sobre la que la Administración local no puede actuar, "se asimila como fuera de ordenación, pero es una vivienda ilegal".

Preguntado por ello, Brenes dijo no saber que estaba fuera de ordenación y recordó que en 1998 el ahora alcalde, entonces concejal de Urbanismo, Francisco de la Torre, firmó la caducidad del expediente. Además, apuntó que sus padres tuvieron que abonar un 5% del valor de la obra realizada sin licencia a modo de sanción, lo que se tradujo en unos 525.000 pesetas.