La Junta asumirá a partir del viernes las competencias para autorizar este tipo de establecimientos sobre la arena
30.03.2011 -
Los empresarios de playas tendrán que negociar con el Gobierno andaluz los permisos para ocupar las playas. :: SUR
El próximo viernes comienza una nueva etapa en las playas de la Costa del Sol, una oportunidad para acabar definitivamente con dos décadas de conflictividad en torno a los chiringuitos y su ubicación sobre la arena. La ambigüedad con que la Ley de Costas de 1988 aborda la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, unido a la escasa sensibilidad que desde el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid se ha demostrado en reiteradas ocasiones hacia unos negocios que son seña de identidad del destino turístico malagueño eran motivo habitual de confrontación entre los responsables de este departamento y los empresarios de hostelería, que reclamaban seguridad jurídica para poder trabajar y adecentar sus negocios. El último brote, en 2009, llevó, tras semanas de protestas de los empresarios, a que José Antonio Griñán, presidente del Ejecutivo autonómico, solicitara a su homólogo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, que el Estado le cediera las competencias sobre las playas andaluzas, tal y como estipula el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. En Cataluña ya se aplica.
Sede en el paseo de la Farola
Tras un año y medio de trámites y negociaciones, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto por el que se asignan a cuatro consejerías (Turismo, Medio Ambiente, Obras Públicas y Agricultura y Pesca) las funciones y el personal transferidos por la Administración central en materia de ordenación y gestión del litoral.
El traspaso se hará efectivo el próximo 1 de abril y tendrá un coste anual de 2,11 millones. La Administración andaluza asume un total de 62 puestos de trabajo (18 funcionarios y 44 laborales) y 21 vehículos; a lo que se añade la transmisión de un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el número 12 del paseo de la Farola, en la capital. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.
Las funciones transferidas que ahora se asignan a las cuatro consejerías incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en playas, acantilados, dunas, marismas y humedales, entre otros espacios costeros. Entre estos permisos destacan los relativos a los chiringuitos. En este punto, el sector mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes del Gobierno y la Junta para iniciar contactos de cara a resolver asuntos tales como las dimensiones máximas de los locales, que han sido fijadas en un máximo de 150 metros cuadrados, según fuentes autonómicas. En próximas reuniones se seguirán concretando todos los flecos pendientes.
También serán potestad de la Junta la realización de vertidos; las explotaciones de acuicultura y recursos energéticos; las instalaciones desmontables; la ejecución de obras fijas en el mar e infraestructuras tales como embarcaderos, pantalanes y varaderos; así como los usos lúdicos y comerciales en la temporada de verano.
El traspaso de las competencias en gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.
El traspaso de las competencias es una reivindicación de los empresarios de playas, que muestran su esperanza en que la mayor «sensibilidad y cercanía» del Gobierno andaluz, en especial por parte de la Consejería de Turismo, ayude a generar seguridad jurídica y estabilidad para desarrollar sus negocios con garantías de que no serán sancionados.
La Junta tiene ante sí una oportunidad histórica de traer la paz a uno de los conflictos laborales más enquistados de la historia reciente de la provincia.
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