IU denuncia que la Comisión de Urbanismo «corta las alas» al documento excluyendo los planes especiales para los diseminados
03.05.2011 -
Vista del diseminado de Casillas de Díaz, uno de los afectados por los cambios del PGOU. :: SUR
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) definitivo de Pizarra dejará en suspenso los planes especiales que se habían previsto para regularizar y garantizar los servicios públicos a las viviendas en el campo. Así será después de que, en el último pleno ordinario, el Ayuntamiento aprobara la documentación complementaria del PGOU, atendiendo al acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo que establecía una serie de condicionantes a la aprobación definitiva del plan.
El portavoz del grupo municipal de IU, Miguel Esteban Martín, denunció que con esta modificación se «cortaban las alas» del documento principal, ya que se anulaban las soluciones que se proponían a la situación de estas viviendas, la mayoría de las cuales son anteriores a la entrada en vigor de la LOUA. El acuerdo salió adelante con los votos de PSOE, IU y PA y la abstención del PP.
Martín explicó que su formación votó a favor porque el PGOU en general será positivo para Pizarra, a pesar de lo cual acusó de «falta de valentía» a la Comisión de Urbanismo y sugirió que con estos cambios la Junta a buscaba evitar «precedentes» respecto al urbanismo en el campo antes de que se desarrolle el anunciado decreto de regularización que afectará en una primera fase a las edificaciones de la Axarquía.
Fundamentalmente, los planes especiales de Pizarra que se quedan fuera son dos. El primero de ellos se dirigía a dos diseminados históricos: Casillas de Díaz y Los Malagueños, con casas construidas varias décadas atrás, muchas de ellas en ruinas pero que se están restaurando y volviendo a habitar. El objetivo de la propuesta era ordenar ambos sectores para urbanizarlos en el futuro y garantizar los servicios públicos de agua, alumbrado o electricidad.
La segunda propuesta en suspenso pasaba por dejar fuera de ordenación otros diseminados para posteriormente incluirlos dentro de un nuevo plan especial que regularizara la mayor parte de las viviendas. Este proyecto afectaba a otras zonas como Serrana, Mosquera, Arroyo Comendador o Realejo, donde se calcula que sí que existen algunas viviendas irregulares, aunque, según IU, «entre el 80 y el 90 por ciento» son legales, puesto que se levantaron conforme a la Normas Subsidiarias.
Obras hidráulicas
IU criticó también que la Comisión Provincial de Urbanismo haya exigido que se modifique la financiación prevista para el encauzamiento de arroyos y otras actuaciones hidráulicas para evitar inundaciones. En el PGOU original se decía que dichas obras serían costeadas por la Agencia Andaluza del Agua, pero ahora el compromiso tendrá que ser asumido por el Consistorio. «Hemos pasado de un plan en el que el Ayuntamiento no tenía que poner nada a tener que aportar siete millones de euros», afirmó Martín.
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