El plan se aprueba en el pleno del Ayuntamiento solo con los votos del PP, que mantendrá varios recursos en los tribunales para ampliarlo
Los portavoces de PSOE, IU y PP, y el delegado de Urbanismo hablan con el alcalde antes del pleno. ::C. MORET
Después de casi siete años de trámites, el Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un pleno extraordinario en el que el equipo de Gobierno, como ya se esperaba, tuvo que sacar adelante el documento en solitario. Con 19 votos a favor del PP, la abstención de los ocho concejales del PSOE y la posición en contra de los ediles de IU, la ciudad dispone ya de un nuevo marco urbanístico que, sin embargo, no parece convencer del todo a nadie.
Ni siquiera al alcalde Francisco de la Torre quien, momentos antes del pleno, recordó a los periodistas que se mantienen los recursos en los tribunales sobre algunos puntos que no han podido incluirse en el PGOU porque entraban en conflicto con Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración (Potaum) de la Junta de Andalucía, y con los que el equipo de Gobierno no está de acuerdo. Sería el caso de las viviendas de la zona de Pedregalejo y El Palo; o la prohibición de construir al norte de la ronda este para crear una zona residencial de calidad, «que supone una incoherencia de la Junta, que ha permitido urbanizar en municipios vecinos al norte de la autovía».
El alcalde definió el documento como garante de un crecimiento moderado y sostenible, que es heredero del plan de 1997 y que supondrá la activación de la economía, «aunque no es la receta para salir de la crisis», con proyectos por valor de mil millones de euros y decenas de miles de puestos de trabajo. Además, aseguró, apuesta por la vivienda pública, con el 41,4% de las nuevas residencias de VPO (17.735), y creará nuevas centralidades en la provincia, con la apuesta por el PTA, la zona de la Térmica, Martiricos y la antigua Repsol.
Por su parte, la portavoz del PSOE, María Gámez, justificó la postura de su partido señalando que se abstenían por responsabilidad con la ciudad, pero que no están de acuerdo con el documento porque «está anclado en el pasado». «No queremos ser un lastre para la ciudad en un momento de crisis en el que necesita que se generen expectativas, pero apostamos por un nuevo modelo productivo y por más espacios verdes», indicó. Gámez criticó que el PGOU se haya limitado a lo mínimo exigido por la ley para las VPO, y que no se pone en valor la rehabilitación ni por la mejora de zonas residenciales ya consolidadas en los barrios.
Por su parte, IU mantiene su postura en contra porque, según explicó su portavoz, Pedro Moreno Brenes, promueve de nuevo la especulación inmobiliaria -se prevén 73.304 viviendas nuevas-, no resuelve lo problemas de acceso a la vivienda y apenas aporta zonas verdes y equipamiento público para los ciudadanos. Ahora, el texto se remitirá a la Junta de Andalucía, que se comprometió a agilizar al máximo los plazos para su publicación en el boletín oficial (BOJA). Así, el PGOU podría entrar en vigor a mitad de agosto.
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