Los dictámentes y las leyes de la Junta impiden disponer de los 25 millones ya ingresados porque los supeditan a diferentes trámites
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital se las prometía muy felices por la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que hoy se ha producido después de que ayer fuera publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y es que estaba en la creencia de que ello abriría la puerta al uso de los 25 millones de euros que ya se han depositado en las arcas municipales a cuenta de los convenios contenidos en el PGOU, más los que puedan obtenerse de estos acuerdos en las próximas semanas, ya que hoy comienza una cuenta atrás de tres meses para percibir, en teoría, 126 millones más. Sin embargo, los planes para financiar con este dinero importantes proyectos de la ciudad, como el bulevar sobre el soterramiento del AVE, se ha topado de bruces con lo estipulado en la normativa de la Junta, que condiciona el empleo de los fondos a la aprobación de los proyectos que contengan la ordenación detallada de cada uno de los sectores asociados a convenios.
Fuentes expertas consultadas por este periódico señalaron que así lo refleja la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su artículo 30, donde indica que el dinero de los convenios no podrá exigirse ni gastarse «hasta la aprobación del instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada» de la zona en cuestión. Y es aquí donde entran los matices.
Esa ordenación detallada sí está incluida en el nuevo PGOU para el ámbito de los terrenos que ocuparon los depósitos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, donde está prevista la construcción de seis torres de pisos y un parque. Es decir, que la entrada en vigor hoy del plan permitiría gastar los 12 millones que ya se han ingresado por el convenio vinculado a esa zona. Sin embargo, se da la circunstancia de que justo el proyecto de las torres de Repsol es uno de los que están suspendidos por la Consejería de Obras Públicas desde el pasado mes de enero porque le faltaba un estudio acústico.
Fuentes municipales apuntaron que ese estudio ya ha sido presentado por sus promotores e incluido en el expediente. Sin embargo, oficialmente la Junta no ha levantado aún la suspensión sobre el proyecto y, hasta que eso no se produzca, los 12 millones ingresados, y los que puedan recabarse en los próximos meses, no se pueden tocar.
Con todo, las fuentes confiaron en que esta cuestión pueda resolverse pronto de tal forma que el dinero que llegue por el convenio de Repsol, del que tendrían que obtenerse 70,3 millones antes del mes de diciembre, pueda utilizarse conforme a lo establecido por la legislación, es decir, el 51% para la promoción de VPO y el 49% para inversiones.
Martiricos
Más complicado está el empleo de los ingresos procedentes de otros convenios, cuya ordenación pormenorizada queda condicionada en el propio PGOU a la aprobación de trámites posteriores que tienen que ser solicitados por los promotores. Es el caso del acuerdo para construir dos torres de pisos, oficinas, equipamientos y una zona verde en Martiricos, que está supeditado a la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Por este convenio se han ingresado ya 11,6 millones y quedan por obtener otros tantos. Sin embargo, según lo que marca la LOUA, el dinero no podría tocarse hasta la aprobación del PERI, cuestión que depende en gran medida de la voluntad de los privados y que puede demorarse por la actual situación de parálisis del sector inmobiliario.
En una tesitura parecida se encuentran los 1,3 millones depositados en las arcas municipales a cuenta del convenio para construir pisos en la parcela de Málaga-Wagen, aunque en este caso lo que tendría que aprobarse para gastar el dinero es un estudio de detalle.
Igualmente, para poder disponer de los 58 millones del convenio para urbanizar la zona de la Térmica -de los que todavía no se ha percibido cantidad alguna- habría que tramitar y aprobar un PERI.
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