Ronda ha sido la última en lista de la corrupción urbanística. El suculento pastel de la construcción ha tentado también a muchos alcaldes procesados por dar licencias ilegales Unos por corrupción y otros por dar licencias ilegales. El urbanismo pasa factura a los munícipes
Carratraca. Oscar Román dimitió como alcalde tras ser condenado por una licencia ilegal. :: J. J. BUIZA
LA alegría económica con la que comenzó el milenio lanzó al galope a la construcción y el ladrillo se convirtió en una suculenta y fácil fuente de ingresos para las arcas municipales. La tentación del enriquecimiento personal se fraguó en escándalos de proporciones mayúsculas como en el caso de Marbella, con alcaldes, exalcaldes y concejales en la cárcel. Otros regidores de la provincia, sin excepción de color político, aplicaron con demasiada manga ancha la normativa urbanística y, sin llegar a meter la mano en el cajón, contribuyeron unas veces de forma activa y otras haciendo la vista gorda a la construcción de miles de edificaciones ilegales que en algunas zonas, como en la Axarquía, han supuesto una notable alteración paisajista y de los recursos medioambientales, que la Junta de Andalucía ahora tiene intención de regularizar. Ninguna comarca de la provincia se salva. Todas tienen en su haber al menos un alcalde encausado o condenado.
El modelo urbanístico de una década ha hecho aguas y se sienta ahora en el banquillo de los acusados. El 'caso Malaya', el más emblemático, está en pleno enjuiciamiento. Pero en los tribunales esperan una larga lista de procesos, a los que se siguen sumando nuevos casos. El último esta semana, en Ronda, con la detención del exalcalde Antonio Marín Lara y tres ediles que finalmente han presentado su dimisión. Al igual que en Marbella, el rumor de las corruptelas sonaba insistente desde hacía tiempo en la Ciudad del Tajo.
¿Fallaron los controles? ¿Se miró para otro lado? Mecanismos, desde luego, había. Junta de Andalucía, Diputación, partidos políticos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, jueces... todos forman parte de un engranaje social que abordó el problema sólo cuando el mal ya estaba extendido. Y entonces comenzaron a saltar todas las alarmas.
«Sí, no solo han fallado los controles de los partidos políticos, también los administrativos. En la época dorada del urbanismo, la Junta de Andalucía se dedicaba a recaudar los impuestos patrimoniales y no se puso coto. Y los ayuntamientos hicieron caja y a vivir por encima de sus posibilidades. Estaban obnubilados por el vellocino de oro del urbanismo», critica el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro.
Para el presidente del PP, Elías Bendodo, que no entra a valorar directamente los casos de corrupción, «ha habido una falta de planificación estratégica. Se ha dejado de hacer a todo el mundo y esto ha tenido consecuencias negativas, con un modelo de urbanismo desordenado y con la Junta de Andalucía mirando para otro lado».
Y desde la Junta, blanco de los disparos políticos, el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, devuelve la pelota al tejado de los ayuntamientos: «Nosotros velamos por el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, pero hay que recordar que las competencias en materia de disciplina urbanística corresponden a los ayuntamientos». Asimismo recuerda que en el año 2005 se creó la Dirección General de Inspección, que «cuenta con recursos humanos adecuados, y que mantenemos una línea abierta de comunicación con la Fiscalía y elaboramos informes puntuales a petición suya», añade.
La Fiscalía tampoco se ha librado de los ataques, por su lentitud a la hora de actuar. «Si hay alguien adelantado en la lucha contra la corrupción ha sido el Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente y la Anticorrupción. Sin embargo la corrupción ha sido amparada increíblemente en algunos casos por la ciudadanía con su sufragio y los resultados están ahí», afirma el fiscal jefe Antonio Morales, quien reconoce, no obstante, que «se debe hacer autocrítica porque siempre se podría haber hecho mejor».
La Justicia, en general, ha sido reprobada en muchas ocasiones, aunque también ha tenido intervenciones que han merecido del aplauso general, como la del juez Miguel Ángel Torres en el 'caso Malaya'. Al igual que la Fiscalía, se le ha achacado una actuación tardía. «Los jueces actúan cuando les llega la denuncia de la policía, de la Guardia Civil o la querella de un particular. Y así lo han hecho. Creo que la sociedad en general ha reaccionado un poco tarde», afirma el que ha sido presidente de la Audiencia de Málaga durante nueve años, Francisco Arroyo Fiestas.
La proliferación descontrolada de construcciones irregulares provocó en 2009 una actuación singular del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes peinaron por orden alfabético pueblo a pueblo toda la provincia buscando irregularidades. Esta actuación puso de manifiesto que al final de la década ni una sola comarca de la provincia de Málaga faltaba en el mapa de la corrupción y de las irregularidades urbanísticas.
Ha sido el último golpe contra la corrupción urbanística, pero no ha sorprendido. Al igual que ocurrió en Marbella, en Ronda se veía venir. Eran muchas las denuncias, sobre todo de colectivos ecologistas y de Izquierda Unida, alertando de las presuntas irregularidades en el urbanismo del municipio. El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara, un tránsfuga declarado acogido en las filas del PSOE, se encuentra en el ojo del huracán de la 'operación Acinipo'. El jueves fue puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros. También están imputados tres concejales socialistas que ya han dimitido. Las investigaciones se centran en tres operaciones, entre ellas la polémica urbanización Los Merinos.
Poco más dos años separan las operaciones estrellas de la Fiscalía Anticorrupción en la Costa del Sol. 'Malaya' (2006) lleva un año de juicio, con el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, sentado en el banquillo de los acusados, junto a él otras 94 procesados, entre ellos los exalcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, concejales, funcionarios, así como señalados empresarios de la construcción. Herederos del gilismo son también algunos de los imputados en la trama de Estepona. 'Astapa' (2008) llevó a la cárcel al entonces alcalde socialista Antonio Barrientos y a tres antiguos concejales gilistas que se presentaron a las elecciones bajo las siglas PES (Partido de Estepona), pactando la alcaldía para el PSOE. 'Astapa' se encuentra aún en fase de instrucción. Por otro lado, el exalcalde de Manilva, el independiente, Pedro Tirado, detenido en 2005, está aún pendiente de juicio.
El 'caso Almexia' (Almogía en árabe) saltó en 2009, en una intervención del Seprona, que registró el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura. Están imputados el alcalde socialista Cristóbal Torreblanca y otras quince personas, entre ellas el arquitecto, el secretario municipal y dos policías locales.
La construcción de más de 11.000 casas ilegales (22.000, según los ecologistas) durante los últimos años está pasando factura a numerosos exalcaldes y exediles, aunque de momento al único que se le acusa de corrupción es al exregidor socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba. En la 'operación Arcos' (2009), la Guardia Civil halló 160.000 euros en su casa, debajo de un colchón. Martín Alba fue a prisión y dimitió como alcalde. En las elecciones municipales del pasado mayo, se presentó como independiente y salió elegido concejal. Hasta la fecha han sido inhabilitados por delitos urbanísticos el exalcalde de Arenas, Victoriano García Cuadrada (IU); el exalcalde de Cómpeta (dos condenas), Leovigildo López (PP); el exalcalde de Canillas de Albaida, Gregorio Díaz (PP); el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE); el de la Viñuela, Juan Millán (PSOE), y el de Salares, Jorge Luis Fernández (PP).
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, anunció en febrero de este año que la Junta estaba trabajando en la elaboración de un decreto para facilitar la regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable en Andalucía. En la provincia se estima que unas 50.000 edificaciones están fuera de la ley.
El 'caso Troya' (2007) ha llegado ya a juicio. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de urbanismo, están acusados de recibir dinero a cambio de favores urbanísticos. Martín Serón, que está en libertad bajo fianza y se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel, sigue ocupando la Alcaldía, cargo que revalidó con mayoría absoluta en las elecciones de mayo. El pasado viernes negó en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial tener que ver con este asunto.
El otro gran caso de esta comarca es el de Tolox. Su alcalde, Juan Vera (PA), tiene nueve juicios pendientes por la construcción irregular de unas 2.000 viviendas. Este asunto se remonta a 2006, cuando Obras Públicas de la Junta denunció el caso ante la Fiscalía . Dos exalcaldes de IU, el de Alozaina, Antonio Blanco, y el de Carratraca, Óscar Romero, fueron condenados a inhabilitación y dimitieron. Están pendiente de juicio el exregidor de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), y el de Guaro, Sebastián Rueda (PSOE).
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