La crisis ha provocado desde el año 2008 hasta junio de 2011 otros 26.659 embargos de bienes patrimoniales, nóminas y saldos bancarios · La devastación se ceba con las mujeres con niños a su cargo
ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.10.2011 - 11:20
Los bancos han embargado desde que en 2008 se torció la coyuntura económica 13.789 viviendas en la provincia de Málaga por impago de la hipoteca. Para comprender la dimensión de este fenómeno sólo hay que imaginar que todas y cada una de las casas de un municipio como Alhaurín de la Torre quedaran de la noche a la mañana en manos de entidades financieras. El embargo es sólo el primer paso en la cadena de la desesperación de las familias. Primero se produce la ejecución hipotecaria y después el lanzamiento a la calle de la familia que ocupa la vivienda. En los últimos tres años y medio se han producido en la provincia 6.737 desahucios. Si, de acuerdo con las estadísticas que habitualmente utilizan los urbanistas, cada casa cuenta con una media de 2,3 residentes, 15.495 personas han perdido su hogar en Málaga. Esto es como si todos los vecinos de Torrox hubieran sido expulsados de sus viviendas por no pagar el recibo de la hipoteca o del alquiler.
Los datos manejados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar el impacto de la crisis en los juzgados y actualizados hasta junio de 2011, van todavía más allá. No sólo ha habido familias que se han visto en la calle o que están sujetas a la ejecución de sus hipotecas, hay otras 26.659 que sufren embargos (de nóminas, saldos bancarios, casas, coches y demás activos patrimoniales). Esto es como si todos los residentes en Nerja y Frigiliana tuvieran un embargo sobre sus espaldas. Los efectos de la crisis económica en las familias han alcanzado cotas desconocidas y, por el momento, no hay visos de que la tormenta vaya a amainar. En 2008 se produjeron en Málaga 1.010 desahucios, una cifra que creció un 50% el año siguiente (1.508) y remontó otro 60% en 2010, hasta alcanzar los 2.419.
Los dos primeros trimestres de este año conservan este ritmo con 1.800 lanzamientos que suponen un aumento del 46% respecto a la última mitad del año pasado. Es decir, cada día son expulsadas de sus casas cerca de seis familias por impago. Desde 2010 tienen lugar cada trimestre más de medio millar de lanzamientos, mientras que en los primeros tres meses de 2008, cuando la crisis todavía no había concluido la devastación de las economías familiares apenas si se superaron los 200. La evolución de las ejecuciones hipotecarias sigue a velocidad de crucero desde hace dos años y medio. En 2007, antes de que la economía se derrumbara, se contabilizaron 1.140 en la provincia, una cifra que ahora se alcanza prácticamente en un único trimestre. Sólo hay que tener en cuenta que entre abril y junio de este año se han registrado 988 y desde enero a marzo otros 989.
El desbocamiento de los embargos inmobiliarios por no afrontar la hipoteca experimentó el año pasado un ligero amortiguamiento que se ha mantenido durante la primera mitad de 2011. En el primer trimestre se han registrado 1.556 y en el segundo 1.420, frente a los 2.700 y 2.376 de los mismos periodos del año pasado. De hecho, 2010 concluyó un 19% menos, pero todavía fueron 8.155. El único fenómeno nuevo que se ha vivido desde que comenzó la crisis a hacer estragos en las familias reside en que los desahucios empiezan a abandonar las tinieblas de los números y las estadísticas para cobrar rostro y convertirse en un problema que alcanza a las clases medias y se ceba con las mujeres separadas al cargo de menores. Ahí reside, precisamente el éxito que se han anotado las concentraciones contra los desahucios promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Movimiento 15-M. Estas organizaciones han puesto cara y nombre a las víctimas.
Las administraciones no tienen ningún sistema de seguimiento que mida el impacto del desempleo y la crisis económica en las familias. No se sabe cuántas se quedan sin casa y cuántas sujetas a embargos de bienes ni qué pasa con ellas ni quienes son. De hecho, los únicos datos fiables que hay los maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno de los Jueces, que tiene al día esta estadísticas pero para medir la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Tampoco existen programas sociales específicos para atender a desahuciados y embargados. Por el momento, las redes familiares son las únicas que amortiguan los golpes.
Los datos manejados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar el impacto de la crisis en los juzgados y actualizados hasta junio de 2011, van todavía más allá. No sólo ha habido familias que se han visto en la calle o que están sujetas a la ejecución de sus hipotecas, hay otras 26.659 que sufren embargos (de nóminas, saldos bancarios, casas, coches y demás activos patrimoniales). Esto es como si todos los residentes en Nerja y Frigiliana tuvieran un embargo sobre sus espaldas. Los efectos de la crisis económica en las familias han alcanzado cotas desconocidas y, por el momento, no hay visos de que la tormenta vaya a amainar. En 2008 se produjeron en Málaga 1.010 desahucios, una cifra que creció un 50% el año siguiente (1.508) y remontó otro 60% en 2010, hasta alcanzar los 2.419.
Los dos primeros trimestres de este año conservan este ritmo con 1.800 lanzamientos que suponen un aumento del 46% respecto a la última mitad del año pasado. Es decir, cada día son expulsadas de sus casas cerca de seis familias por impago. Desde 2010 tienen lugar cada trimestre más de medio millar de lanzamientos, mientras que en los primeros tres meses de 2008, cuando la crisis todavía no había concluido la devastación de las economías familiares apenas si se superaron los 200. La evolución de las ejecuciones hipotecarias sigue a velocidad de crucero desde hace dos años y medio. En 2007, antes de que la economía se derrumbara, se contabilizaron 1.140 en la provincia, una cifra que ahora se alcanza prácticamente en un único trimestre. Sólo hay que tener en cuenta que entre abril y junio de este año se han registrado 988 y desde enero a marzo otros 989.
El desbocamiento de los embargos inmobiliarios por no afrontar la hipoteca experimentó el año pasado un ligero amortiguamiento que se ha mantenido durante la primera mitad de 2011. En el primer trimestre se han registrado 1.556 y en el segundo 1.420, frente a los 2.700 y 2.376 de los mismos periodos del año pasado. De hecho, 2010 concluyó un 19% menos, pero todavía fueron 8.155. El único fenómeno nuevo que se ha vivido desde que comenzó la crisis a hacer estragos en las familias reside en que los desahucios empiezan a abandonar las tinieblas de los números y las estadísticas para cobrar rostro y convertirse en un problema que alcanza a las clases medias y se ceba con las mujeres separadas al cargo de menores. Ahí reside, precisamente el éxito que se han anotado las concentraciones contra los desahucios promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Movimiento 15-M. Estas organizaciones han puesto cara y nombre a las víctimas.
Las administraciones no tienen ningún sistema de seguimiento que mida el impacto del desempleo y la crisis económica en las familias. No se sabe cuántas se quedan sin casa y cuántas sujetas a embargos de bienes ni qué pasa con ellas ni quienes son. De hecho, los únicos datos fiables que hay los maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno de los Jueces, que tiene al día esta estadísticas pero para medir la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Tampoco existen programas sociales específicos para atender a desahuciados y embargados. Por el momento, las redes familiares son las únicas que amortiguan los golpes.
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