La constructora granadina Ávila Rojas ha acudido a los juzgados de Málaga para reclamar al Ayuntamiento de Marbella la devolución de 8,5 millones por obras iniciadas y paralizadas en su día, que en el nuevo Plan de Ordenación Urbana no están permitidas. Fuentes consultadas de esta constructora mantienen que esta primera reclamación es una «insignificancia en comparación con la deuda real existente, que fácilmente puede triplicar esta primera cantidad de dinero».
El promotor granadino José Ávila Rojas, dueño de esta constructora, que actualmente cumple condena en tercer grado penitenciario, apela a la necesidad de que el Consistorio le compense o le devuelva el dinero abonado ya en licencias urbanísticas, adquisición de solares o compensaciones urbanísticas, que «con el nuevo PGOU no podrán cumplir», apunta Ávila Rojas. «Lo reclamado hasta el momento solo se corresponde con obras paralizadas, pero hay muchas cosas más que nos han costado mucho dinero y no estamos dispuestos a perder», denuncia este promotor, imputado en el 'caso Malaya' y para quien la Fiscalía solicita 10 años de cárcel y 55 millones de multa.
Obras paradas
La Comisión Gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento de Marbella fue la responsable de paralizar las obras de los hoteles Bahía Golf y Crucero Banús, así como un amplio complejo de viviendas en San Pedro. «Son obras paradas donde se ha hecho una inversión económica bastante grande y eso es lo que hemos reclamado».
El nuevo PGOU del municipio clasifica como suelo público, es decir, destinado a equipamientos o construcción de vivienda protegida, fundamentalmente, los solares donde se empezaron a levantar los dos hoteles, mientras que el complejo de viviendas se edifica sobre el suelo con otra calificación distinta pero que también frena el desarrollo de la obra.
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