En los primeros nueve meses del año sólo se ha expedido calificación provisional para 50 VPO, todas ellas en Pizarra · Entre 2008 y 2010, la Junta ha impulsado en la provincia 42 actuaciones de este tipo
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 07.11.2011 - 01:00
La fórmula mágica que iba a permitir mantener activo el motor de la industria del ladrillo, la vivienda de protección oficial, sigue sin ser más que una ecuación sobre el papel. Los datos oficiales de la Junta de Andalucía, correspondientes a las calificaciones provisionales de este tipo de promociones, que indican los pisos impulsados, es tan revelador como descorazonador, puesto que sólo registra 50 actuaciones en toda la provincia de Málaga en los nueve primeros meses del año y todas ellas en el municipio de Pizarra. En las otras cien localidades, nada de nada.
Este dato pone de relieve la nula actividad de un sector, el de la edificación, lastrado por la crisis y que se enfrenta a una notable contradicción. La lógica lleva a pensar que en un momento como el actual, cualquier ciudadano de a pie optaría preferentemente por las viviendas a precio asequible como alternativa al mercado libre. Pero este paso está mermado por la negativa de los bancos y cajas a prestar dinero, como bien saben los alrededor de cien adjudicatarios de Soliva, que no pueden acceder al piso por no tener financiación.
La información de la que dispone la Consejería de Obras Públicas dibuja una línea de actuación que cae de forma clara respecto a anualidades anteriores, en las que sin llegar a unos parámetros excesivos, sí rondaban o superaban el millar de intervenciones. Frente a las 50 antes mencionadas, en todo el ejercicio de 2010 fueron 815 las VPO que recibieron calificación provisional, la inmensa mayoría, 725 en régimen de venta (90 en alquiler). Estas promociones se localizaron en ocho localidades, situándose Málaga como la más activa, con 424 intervenciones, siendo además el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) el principal promotor, con 398.
Pero los registros de 2010 corroboran una caída considerable en la apuesta por esta modalidad residencial, aplicable en términos aún mayores a la vivienda libre. En 2009, según los datos de la Junta, se expidió calificación provisional para 1.847 VPO, de las cuales 1.561 fueron en venta y el resto en alquiler. La capital de la Costa del Sol acaparó 762 unidades, seguida de Manilva, con 248 pisos. El dato fue de 1.066 en 2008.
Pero las cifras constatan otra realidad crítica: el escaso papel que juega la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa) en la construcción de pisos a precio asequible en la provincia. Entre 2008 y 2010, el organismo autonómico sólo impulsó 42 viviendas protegidas (28 en 2010 y 14 en 2009). En la primera de estas anualidades, su peso en el global de las actuaciones fue de apenas del 3,4%, mientras que en el segundo ejercicio, en el que fueron calificados 1.847 pisos, lo fue del 0,75%. En 2008, Epsa no impulsó ninguna VPO, según las estadísticas autonómicas.
"Se hablaba de la rehabilitación y de la VPO como la salvación del sector, pero es falso", sentencia la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, que es clara al asegurar: "No se pueden hacer viviendas protegidas porque los números no salen". Aspecto al que se suma, añade, el problema de la financiación. "A los bancos les cuesta dar dinero a los compradores", añadió. Ante esta situación, el colectivo lleva meses planteando alternativas a la Junta, con el fin de "incentivar" el sector. Entre ellas, Aragón habla de la posibilidad de permitir al empresario destinar las viviendas en régimen de venta a alquiler, modificación que permitiría saltar el escollo de la financiación. "Pero eso hoy es un mundo", aclara.
En los últimos ejercicios, la respuesta dada desde la Administración regional para justificar esta dejación de funciones era la negativa de muchos ayuntamientos a facilitar suelos en los que desarrollar estas obras. Sin embargo, la empresa pública sigue sin desarrollar actuaciones largamente prometidas en el tiempo en terrenos que son de su propiedad, como las conocidas tecnocasas del centro histórico, que son pisos sociales en alquiler destinados a jóvenes profesionales, al objeto de que puedan reunir en un mismo espacio la zona de residencia y de trabajo.
A ello se suma la paralización de otros dos proyectos de envergadura: la construcción de unas 1.300 VPO en Lagar de Oliveros y la determinación de adquirir el derecho a edificar casi un millar más en el sector de Sánchez Blanca. En el primero de los casos, hace ahora algo más de dos años cuando el Consejo de Gobierno andaluz autorizó una inversión de 29 millones para la compra de 30 hectáreas de suelo en Soliva Norte-Lagar de Oliveros, parte de las cuales están en el área de oportunidad residencial dibujada en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum) de Málaga. Este paso daba impulso a la puesta en marcha de una actuación con la que se buscaba responder a la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la capital de la Costa del Sol. Lo que no se precisaba por parte de la Administración autonómica era si sería Epsa la que iba a asumir el desarrollo de estas parcelas o si se pondrán a disposición de otros promotores.
Este dato pone de relieve la nula actividad de un sector, el de la edificación, lastrado por la crisis y que se enfrenta a una notable contradicción. La lógica lleva a pensar que en un momento como el actual, cualquier ciudadano de a pie optaría preferentemente por las viviendas a precio asequible como alternativa al mercado libre. Pero este paso está mermado por la negativa de los bancos y cajas a prestar dinero, como bien saben los alrededor de cien adjudicatarios de Soliva, que no pueden acceder al piso por no tener financiación.
La información de la que dispone la Consejería de Obras Públicas dibuja una línea de actuación que cae de forma clara respecto a anualidades anteriores, en las que sin llegar a unos parámetros excesivos, sí rondaban o superaban el millar de intervenciones. Frente a las 50 antes mencionadas, en todo el ejercicio de 2010 fueron 815 las VPO que recibieron calificación provisional, la inmensa mayoría, 725 en régimen de venta (90 en alquiler). Estas promociones se localizaron en ocho localidades, situándose Málaga como la más activa, con 424 intervenciones, siendo además el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) el principal promotor, con 398.
Pero los registros de 2010 corroboran una caída considerable en la apuesta por esta modalidad residencial, aplicable en términos aún mayores a la vivienda libre. En 2009, según los datos de la Junta, se expidió calificación provisional para 1.847 VPO, de las cuales 1.561 fueron en venta y el resto en alquiler. La capital de la Costa del Sol acaparó 762 unidades, seguida de Manilva, con 248 pisos. El dato fue de 1.066 en 2008.
Pero las cifras constatan otra realidad crítica: el escaso papel que juega la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa) en la construcción de pisos a precio asequible en la provincia. Entre 2008 y 2010, el organismo autonómico sólo impulsó 42 viviendas protegidas (28 en 2010 y 14 en 2009). En la primera de estas anualidades, su peso en el global de las actuaciones fue de apenas del 3,4%, mientras que en el segundo ejercicio, en el que fueron calificados 1.847 pisos, lo fue del 0,75%. En 2008, Epsa no impulsó ninguna VPO, según las estadísticas autonómicas.
"Se hablaba de la rehabilitación y de la VPO como la salvación del sector, pero es falso", sentencia la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, que es clara al asegurar: "No se pueden hacer viviendas protegidas porque los números no salen". Aspecto al que se suma, añade, el problema de la financiación. "A los bancos les cuesta dar dinero a los compradores", añadió. Ante esta situación, el colectivo lleva meses planteando alternativas a la Junta, con el fin de "incentivar" el sector. Entre ellas, Aragón habla de la posibilidad de permitir al empresario destinar las viviendas en régimen de venta a alquiler, modificación que permitiría saltar el escollo de la financiación. "Pero eso hoy es un mundo", aclara.
En los últimos ejercicios, la respuesta dada desde la Administración regional para justificar esta dejación de funciones era la negativa de muchos ayuntamientos a facilitar suelos en los que desarrollar estas obras. Sin embargo, la empresa pública sigue sin desarrollar actuaciones largamente prometidas en el tiempo en terrenos que son de su propiedad, como las conocidas tecnocasas del centro histórico, que son pisos sociales en alquiler destinados a jóvenes profesionales, al objeto de que puedan reunir en un mismo espacio la zona de residencia y de trabajo.
A ello se suma la paralización de otros dos proyectos de envergadura: la construcción de unas 1.300 VPO en Lagar de Oliveros y la determinación de adquirir el derecho a edificar casi un millar más en el sector de Sánchez Blanca. En el primero de los casos, hace ahora algo más de dos años cuando el Consejo de Gobierno andaluz autorizó una inversión de 29 millones para la compra de 30 hectáreas de suelo en Soliva Norte-Lagar de Oliveros, parte de las cuales están en el área de oportunidad residencial dibujada en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum) de Málaga. Este paso daba impulso a la puesta en marcha de una actuación con la que se buscaba responder a la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la capital de la Costa del Sol. Lo que no se precisaba por parte de la Administración autonómica era si sería Epsa la que iba a asumir el desarrollo de estas parcelas o si se pondrán a disposición de otros promotores.
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