Piden 21 años para los 8 acusados, entre los que están los propietarios, el constructor y otros tres arquitectos
El exalcalde de Colmenar Pedro Fernández Palomo. Fran Extremera
JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Medio Ambiente pide un total de 21 años y medio de cárcel para ocho acusados por delitos contra la ordenación del territorio y falsedad en documento oficial cometidos supuestamente en 2004. Entre los encausados se encuentran el exalcalde socialista de Colmenar Pedro Fernández Palomo y la arquitecta municipal A. B. Para éstos se pide un año de prisión y diez de inhabilitación.
Este juicio tiene la particularidad de que se va a celebrar en la Audiencia Provincial los próximos 28 y 29 de noviembre, dada la gravedad de los ilícitos imputados, puesto que habitualmente estos plenarios se ventilan en juzgados de lo Penal. Pero, en esta ocasión, la Fiscalía ha presentado acusación contra los promotores de la casa supuestamente ilegal, el constructor, tres arquitectos, la arquitecta municipal y el exalcalde.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, A. B., arquitecta de Colmenar, «informó favorablemente, sabedora de la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística, el otorgamiento de licencia de primera ocupación» para una supuesta edificación agrícola de Colmenar, promovida por A. C. D. y J. R. P. Es más, presuntamente la arquitecta municipal puso de manifiesto que había girado visita a la nave, y que era preceptivo otorgar el permiso para «un uso relacionado con la explotación de recursos vivos, almacén de aperos de labranza».
El fiscal añade: «Cuando en realidad, lo edificado era una vivienda unifamiliar aislada de 150 metros cuadrados».
La casa fue construida por J. C. D., también acusado, y su ejecución dirigida por P. F. V. y J. P. P., arquitecto y aparejador, respectivamente.
Exalcalde
En cuanto al alcalde en el momento de los hechos, «competente en materia de disciplina urbanística», concedió presuntamente la licencia solicitada. Al pedirla, la pareja promotora aportó un croquis de la distribución de la edificación en «salón-comedor, cocina, baño, aseo y tres dormitorios», por lo que es «evidente que lo que se pretendía autorizar no era una edificación agrícola para uso relacionado con la explotación de recursos vivos y almacén de aperos de labranza; sin embargo, el acusado, aun existiendo informe favorable de la arquitecta, fue conocedor de la discordancia absoluta de lo que se solicitaba y la normativa urbanística», añade la acusación.
Las obras están ejecutadas sobre suelo no urbanizable común y, siempre según el fiscal, no son legalizables, porque no se justifica «la necesidad de que la vivienda estuviera vinculada a explotación agrícola, forestal o ganadera».
Los promotores, para dar «apariencia de legalidad» al hecho y permitir su inscripción en el Registro de la Propiedad, contactaron con el arquitecto M. A. L. G., para que éste «llevara a cabo las gestiones oportunas para acometer el fraude legal pretendido».
Supuesta falsificación
La ley, de hecho, exige una certificación emitida por un técnico que acreditase que la construcción tuviera una antigüedad superior al plazo previsto para la prescripción de la infracción, por lo que este arquitecto presuntamente «debía confeccionar un documento de forma mendaz, denominado certificado de antigüedad, que atestiguara que la construcción» tenía más de cuatro años.
Ese escrito fue elaborado presuntamente por el arquitecto el 7 de julio de 2004, asegurando, dice el fiscal, que la edificación tenía una antigüedad de cinco años, pero las obras acababan de finalizar. «El plan urdido se llevó hasta las últimas consecuencias, compareciendo los acusados A. C. D. y J. R. P. ante notario, y posteriormente logrando la inscripción de la ilícita construcción en el Registro de la Propiedad».
Añade el fiscal que, durante el transcurso de la trama, «los acusados han participado en el ejercicio de las funciones públicas». Lo hicieron «de común acuerdo, con pleno conocimiento de la legalidad de lo fingido y por todos maquinado y planeado».
Los dos promotores, el constructor, el arquitecto director del proyecto y el aparejador se enfrentan a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, sendas multas de 18.000 euros e inhabilitación de dos años y medio.
La arquitecta municipal y el exalcalde, cada uno, a un año de cárcel y una década de inhabilitación. Además, para el arquitecto que supuestamente hizo el certificado de antigüedad y los promotores se solicitaron otros cuatro años –para cada uno– por un supuesto ilícito de falsedad, amén de sendas multas de 18.000 euros. Para el arquitecto, además, se reclama una inhabilitación idéntica al periodo de privación de libertad.
Este juicio tiene la particularidad de que se va a celebrar en la Audiencia Provincial los próximos 28 y 29 de noviembre, dada la gravedad de los ilícitos imputados, puesto que habitualmente estos plenarios se ventilan en juzgados de lo Penal. Pero, en esta ocasión, la Fiscalía ha presentado acusación contra los promotores de la casa supuestamente ilegal, el constructor, tres arquitectos, la arquitecta municipal y el exalcalde.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, A. B., arquitecta de Colmenar, «informó favorablemente, sabedora de la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística, el otorgamiento de licencia de primera ocupación» para una supuesta edificación agrícola de Colmenar, promovida por A. C. D. y J. R. P. Es más, presuntamente la arquitecta municipal puso de manifiesto que había girado visita a la nave, y que era preceptivo otorgar el permiso para «un uso relacionado con la explotación de recursos vivos, almacén de aperos de labranza».
El fiscal añade: «Cuando en realidad, lo edificado era una vivienda unifamiliar aislada de 150 metros cuadrados».
La casa fue construida por J. C. D., también acusado, y su ejecución dirigida por P. F. V. y J. P. P., arquitecto y aparejador, respectivamente.
Exalcalde
En cuanto al alcalde en el momento de los hechos, «competente en materia de disciplina urbanística», concedió presuntamente la licencia solicitada. Al pedirla, la pareja promotora aportó un croquis de la distribución de la edificación en «salón-comedor, cocina, baño, aseo y tres dormitorios», por lo que es «evidente que lo que se pretendía autorizar no era una edificación agrícola para uso relacionado con la explotación de recursos vivos y almacén de aperos de labranza; sin embargo, el acusado, aun existiendo informe favorable de la arquitecta, fue conocedor de la discordancia absoluta de lo que se solicitaba y la normativa urbanística», añade la acusación.
Las obras están ejecutadas sobre suelo no urbanizable común y, siempre según el fiscal, no son legalizables, porque no se justifica «la necesidad de que la vivienda estuviera vinculada a explotación agrícola, forestal o ganadera».
Los promotores, para dar «apariencia de legalidad» al hecho y permitir su inscripción en el Registro de la Propiedad, contactaron con el arquitecto M. A. L. G., para que éste «llevara a cabo las gestiones oportunas para acometer el fraude legal pretendido».
Supuesta falsificación
La ley, de hecho, exige una certificación emitida por un técnico que acreditase que la construcción tuviera una antigüedad superior al plazo previsto para la prescripción de la infracción, por lo que este arquitecto presuntamente «debía confeccionar un documento de forma mendaz, denominado certificado de antigüedad, que atestiguara que la construcción» tenía más de cuatro años.
Ese escrito fue elaborado presuntamente por el arquitecto el 7 de julio de 2004, asegurando, dice el fiscal, que la edificación tenía una antigüedad de cinco años, pero las obras acababan de finalizar. «El plan urdido se llevó hasta las últimas consecuencias, compareciendo los acusados A. C. D. y J. R. P. ante notario, y posteriormente logrando la inscripción de la ilícita construcción en el Registro de la Propiedad».
Añade el fiscal que, durante el transcurso de la trama, «los acusados han participado en el ejercicio de las funciones públicas». Lo hicieron «de común acuerdo, con pleno conocimiento de la legalidad de lo fingido y por todos maquinado y planeado».
Los dos promotores, el constructor, el arquitecto director del proyecto y el aparejador se enfrentan a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, sendas multas de 18.000 euros e inhabilitación de dos años y medio.
La arquitecta municipal y el exalcalde, cada uno, a un año de cárcel y una década de inhabilitación. Además, para el arquitecto que supuestamente hizo el certificado de antigüedad y los promotores se solicitaron otros cuatro años –para cada uno– por un supuesto ilícito de falsedad, amén de sendas multas de 18.000 euros. Para el arquitecto, además, se reclama una inhabilitación idéntica al periodo de privación de libertad.
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