El TSJA dicta sentencia en una causa abierta hace ocho años por una denuncia de la inmobiliaria Acciona, que reclama 12 millones
26.02.2012 -
El equipo de gobierno municipal de Estepona se sigue encontrando con sorpresas desagradables. La última, una sentencia que condena al Ayuntamiento a indemnizar a la inmobiliaria Acciona por los perjuicios causados al negarse a conceder una licencia de obras para una urbanización de 130 viviendas, garajes y trasteros en agosto de 2003, durante el primer mandato de Antonio Barrientos. La parcela, que en el momento de la solicitud de la licencia de obras estaba calificada como suelo urbano consolidado, fue incluida posteriormente en una modificación de elementos para aumentar la extensión de suelo verde y la construcción de un vial en la zona conocida como 'Arroyo del Piojo'.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, fue dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hace más de un año, aunque no fue comunicada al Ayuntamiento hasta el pasado verano. En la misma se condena al Consistorio a compensar a la empresa y se insta al juzgado que llevó inicialmente la causa, el Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, a fijar la cuantía de la indemnización.
12 millones
La empresa reclamaba en su demanda 12.250.804 euros, de los que 10,9 millones corresponden al importe del valor del solar afectado según los actuales precios de mercado. El citado juzgado será también el encargado de ejecutar la sentencia, cuyo incidente de ejecución ya ha sido comunicado al Ayuntamiento.
Los hechos se remontan más de una década atrás, cuando la sociedad Necso Entrecanales Cubiertas SA -que años después cambiaría su denominación a Acciona Inmobiliaria- obtuvo licencia para desarrollar una urbanización en tres fases en otras tantas parcelas en la citada zona del término municipal de Estepona.
Todo el suelo afectado estaba calificado como suelo urbano consolidado, según consta en la demanda presentada por la empresa a la que un juzgado de Málaga dio la razón en primera instancia, postura que fue ratificada por el TSJA tras un recurso presentado por el Ayuntamiento de Estepona. Ahora no caben más recursos y al Consistorio solo le resta esperar a que se cuantifique la indemnización e intentar llegar a un acuerdo con la inmobiliaria para hacer frente a la misma.
La demanda señala que para la primera de las parcelas se concedió en octubre de 2000 una licencia para 54 viviendas que fueron construidas y posteriormente ocupadas. La segunda fue objeto de una licencia de obras en noviembre de 2001 para 109 viviendas, pero la tercera -que presentaba idénticas condiciones urbanísticas que las dos anteriores- se topó con la negativa del gobierno municipal «con pretextos muy débiles imposibles de mantener», según reza la demanda. De hecho, existían seis informes de técnicos municipales favorables a la concesión de la licencia y solo uno en contra.
La licencia nunca fue concedida, y posteriormente, el Ayuntamiento promovió una modificación del PGOU para afectar la parcela a una zona verde y un vial. Según los demandantes, a quienes la justicia ha dado la razón, esa iniciativa constituyó una auténtica confiscación de bienes. De hecho, la mayor parte de la indemnización reclamada corresponde al precio de la parcela perdida.
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