El equipo municipal de inspección, de cuatro trabajadores, ha supervisado ya más de 200
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ En el Ayuntamiento de Mijas no saben ya cómo atajar el problema declarado con las obras ilegales en su término municipal. El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Navarro, compareció ayer para hacer balance del primer mes de vida del servicio de inspección urbanística puesto en marcha para acabar con dicha situación. Durante este periodo, se han registrado 50 casos en los que se estaba trabajando sin permiso municipal, un 25% del total de las inspecciones realizadas.
Navarro recordó, igualmente, que diez de ellas, además, tuvieron que ser precintadas debido a que el responsable de la misma no formalizó la preceptiva licencia en cinco días, tal y como establece la ordenanza. En uno de estos casos, el Ayuntamiento ha tenido que denunciar al promotor ante la Fiscalía por un delito Penal al romper el precinto y continuar con la obra.
«No vamos a consentir este cachondeo con las obras en nuestra ciudad. Necesitamos la colaboración de los vecinos para restaurar la legalidad en lo que a obras se refiere porque parece que aquí no pasaba nada si se construía sin licencia», dijo muy seriamente el edil de Urbanismo mijeño.
Más de 120.000 euros. Manuel Navarro fue más allá y quiso hacer ver a los vecinos el sobrecoste que le supone al Ayuntamiento el servicio especial de inspectores urbanísticos.
«Tres personas de esta institución han dejado otras obligaciones en el Departamento de Urbanismo para dedicarse, por entero, a acabar con el problema. Sus sueldos, más los gastos en gasolina por los desplazamientos para supervisar obra a obra, papeles, cartas, móvil, etcétera, supera los 120.000 euros. Un dinero, destinado a acabar con el incivismo de algunos y que estamos pagando todos», afirmó.
El coste de las multas, en muchos casos, como señaló el propio edil, supera el de la propia licencia. En uno de los más recientes, por ejemplo, el Consistorio ha interpuesto a un vecino de la localidad una multa de hasta 5.000 euros por no solicitar la licencia de obra. Navarro también aclaró que «no todas las obras ilegales están en el campo sino también en núcleos urbanos consolidados», como Las Lagunas.
La Policía Local puede paralizar las obras. El concejal de Urbanismo de Mijas, Manuel Navarro, recordó ayer que desde el pasado 10 de marzo, el alcalde de la ciudad delegó las competencias de paralización de obras en la Policía Local. La idea, según reiteró el edil, es dar mayor fluidez al proceso de paralización para que no sigan dándose casos de obras sin licencia en el término municipal.
Así, cada vez que un vecino solicita dicho documento en el ente local, uno de los tres inspectores de Urbanismo municipales se desplaza hasta el lugar para comprobar que las características técnicas expuestas por el demandante en la solicitud son correctas. El problema es que en un 25% de las ocasiones, el propietario de la vivienda ha comenzado ya con los trabajos pese a no contar con el visto bueno de la institución local.
Llegados a este punto, los inspectores comunican a la Policía Local esta incidencia decretan enseguida su paralización y dan un plazo de cinco días al propietario para que normalice su situación. Si, pasado dicho plazo no lo ha hecho todavía, entonces los agentes de la Ley proceden a precintar la vivienda. Si el responsable de las obras ilegales se salta el precinto, el Ayuntamiento lo denunciará por lo Penal a la Fiscalía. j. l. j. mijas
Navarro recordó, igualmente, que diez de ellas, además, tuvieron que ser precintadas debido a que el responsable de la misma no formalizó la preceptiva licencia en cinco días, tal y como establece la ordenanza. En uno de estos casos, el Ayuntamiento ha tenido que denunciar al promotor ante la Fiscalía por un delito Penal al romper el precinto y continuar con la obra.
«No vamos a consentir este cachondeo con las obras en nuestra ciudad. Necesitamos la colaboración de los vecinos para restaurar la legalidad en lo que a obras se refiere porque parece que aquí no pasaba nada si se construía sin licencia», dijo muy seriamente el edil de Urbanismo mijeño.
Más de 120.000 euros. Manuel Navarro fue más allá y quiso hacer ver a los vecinos el sobrecoste que le supone al Ayuntamiento el servicio especial de inspectores urbanísticos.
«Tres personas de esta institución han dejado otras obligaciones en el Departamento de Urbanismo para dedicarse, por entero, a acabar con el problema. Sus sueldos, más los gastos en gasolina por los desplazamientos para supervisar obra a obra, papeles, cartas, móvil, etcétera, supera los 120.000 euros. Un dinero, destinado a acabar con el incivismo de algunos y que estamos pagando todos», afirmó.
El coste de las multas, en muchos casos, como señaló el propio edil, supera el de la propia licencia. En uno de los más recientes, por ejemplo, el Consistorio ha interpuesto a un vecino de la localidad una multa de hasta 5.000 euros por no solicitar la licencia de obra. Navarro también aclaró que «no todas las obras ilegales están en el campo sino también en núcleos urbanos consolidados», como Las Lagunas.
La Policía Local puede paralizar las obras. El concejal de Urbanismo de Mijas, Manuel Navarro, recordó ayer que desde el pasado 10 de marzo, el alcalde de la ciudad delegó las competencias de paralización de obras en la Policía Local. La idea, según reiteró el edil, es dar mayor fluidez al proceso de paralización para que no sigan dándose casos de obras sin licencia en el término municipal.
Así, cada vez que un vecino solicita dicho documento en el ente local, uno de los tres inspectores de Urbanismo municipales se desplaza hasta el lugar para comprobar que las características técnicas expuestas por el demandante en la solicitud son correctas. El problema es que en un 25% de las ocasiones, el propietario de la vivienda ha comenzado ya con los trabajos pese a no contar con el visto bueno de la institución local.
Llegados a este punto, los inspectores comunican a la Policía Local esta incidencia decretan enseguida su paralización y dan un plazo de cinco días al propietario para que normalice su situación. Si, pasado dicho plazo no lo ha hecho todavía, entonces los agentes de la Ley proceden a precintar la vivienda. Si el responsable de las obras ilegales se salta el precinto, el Ayuntamiento lo denunciará por lo Penal a la Fiscalía. j. l. j. mijas
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