La Fiscalía pide tres imputaciones más, con lo que se alcanzarían las 31 este
Registro efectuado en el Consistorio en octubre de 2009. G. Torres
JOSÉ ANTONIO SAU Los técnicos de Urbanismo de la Junta de Andalucía que han analizado las doce licencias en las que se centra el caso Almexia concluyen en sus informes, según pudo saber La Opinión de Málaga, que las obras que amparan no son legalizables en modo alguno. Esos estudios fueron acordados por el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital, que investiga la presunta trama de urbanismo irregular en Almogía. Se ordenó su elaboración a instancias de la Fiscalía.
La complejidad de un análisis de este tipo ha propiciado que los expertos en Urbanismo de la Junta de Andalucía hayan tardado varios meses en acabar los informes solicitados, pero la conclusión es clara, según las fuentes judiciales consultadas: «Las periciales son todas desfavorables. Las actuaciones no son legalizables».
En concreto, esas licencias amparaban la construcción de casas unifamiliares sobre suelo no urbanizable o rústico. Algunas se edificaron y otras no, aseguran las mismas fuentes, y en los informes se trataba de determinar, por ejemplo, si la vivienda era antigua o no –lo que tiene mucha importancia para la legalidad de un permiso de obra sobre suelo no urbanizable–.
Esos informes han sido enviados al juzgado hace pocas semanas. Además, fuentes judiciales afimaron que el ministerio fiscal ha pedido tres imputaciones más que afectarían a arquitectos y a solicitantes de otros permisos. Ello elevaría el número de implicados desde los 28 actuales hasta los 31 potenciales, algo que deberá refrendar el juez.
La Guardia Civil irrumpió en octubre de 2009 en el Consistorio de Almogía para efectuar un registro en busca de expedientes urbanísticos presuntamente irregulares. El registro se alargó durante doce horas, y las carpetillas hacían referencia a casas rústicas levantadas sobre suelo no urbanizable.
En concreto, los miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) buscaban una respuesta a por qué, pese a haber incoado numerosos expedientes sancionadores y ordenado muchas paralizaciones de obra, el Consistorio no derribaba presuntamente las construcciones irregulares ni las paraba, según las fuentes consultadas en el momento de los hechos por este periódico.
Jurídicamente, el corazón del caso, en el que no hay corrupción, es la persecución de prevaricaciones omisivas, es decir, el hecho de hacer la vista gorda sobre estos desmanes.
Entre los imputados, sobresale Cristóbal Torreblanca, alcalde de Almogía, quien ha colaborado en todo momento con la Guardia Civil y atribuyó «a la mala fe» de algunos las denuncias que terminaron poniendo en solfa su gestión. El regidor de Almogía aseguró en su día que los denunciantes se movieron por «intereses económicos».
La complejidad de un análisis de este tipo ha propiciado que los expertos en Urbanismo de la Junta de Andalucía hayan tardado varios meses en acabar los informes solicitados, pero la conclusión es clara, según las fuentes judiciales consultadas: «Las periciales son todas desfavorables. Las actuaciones no son legalizables».
En concreto, esas licencias amparaban la construcción de casas unifamiliares sobre suelo no urbanizable o rústico. Algunas se edificaron y otras no, aseguran las mismas fuentes, y en los informes se trataba de determinar, por ejemplo, si la vivienda era antigua o no –lo que tiene mucha importancia para la legalidad de un permiso de obra sobre suelo no urbanizable–.
Esos informes han sido enviados al juzgado hace pocas semanas. Además, fuentes judiciales afimaron que el ministerio fiscal ha pedido tres imputaciones más que afectarían a arquitectos y a solicitantes de otros permisos. Ello elevaría el número de implicados desde los 28 actuales hasta los 31 potenciales, algo que deberá refrendar el juez.
La Guardia Civil irrumpió en octubre de 2009 en el Consistorio de Almogía para efectuar un registro en busca de expedientes urbanísticos presuntamente irregulares. El registro se alargó durante doce horas, y las carpetillas hacían referencia a casas rústicas levantadas sobre suelo no urbanizable.
En concreto, los miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) buscaban una respuesta a por qué, pese a haber incoado numerosos expedientes sancionadores y ordenado muchas paralizaciones de obra, el Consistorio no derribaba presuntamente las construcciones irregulares ni las paraba, según las fuentes consultadas en el momento de los hechos por este periódico.
Jurídicamente, el corazón del caso, en el que no hay corrupción, es la persecución de prevaricaciones omisivas, es decir, el hecho de hacer la vista gorda sobre estos desmanes.
Entre los imputados, sobresale Cristóbal Torreblanca, alcalde de Almogía, quien ha colaborado en todo momento con la Guardia Civil y atribuyó «a la mala fe» de algunos las denuncias que terminaron poniendo en solfa su gestión. El regidor de Almogía aseguró en su día que los denunciantes se movieron por «intereses económicos».
No hay comentarios:
Publicar un comentario