Casi dos años después de la entrega del edificio de Correos como parte de la deuda histórica, la Junta sigue sin encontrar un comprador que abone los 30 millones de euros que pide por este inmueble
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 11.04.2012 - 01:00
El pago de la deuda histórica acordado por el Gobierno central con la Junta de Andalucía hace ahora dos años sigue incompleto. Al menos en lo que a la provincia de Málaga se refiere. La Administración central entregó como parte de la compensación un edificio que a día de hoy sigue abandonado y sin un destino preciso. El inmueble que durante años acogió, en su mayor parte, la sede provincial de Correos mantiene su misma estampa inalterable, con las fachadas cubiertas con una segunda piel en forma de red que impide que los cascotes que de cuando en cuando se desprenden caigan sobre la calle.
Casi dos años después de que los responsables autonómicos admitiesen la inclusión de este inmueble como parte del pago de la deuda estatal, la Junta sigue sin ser capaz de hallar un comprador para una construcción tasada en 30 millones de euros. Y no por falta de ganas. Desde casi el mismo momento en que pasó a formar parte del patrimonio autonómico, el inmueble tiene, simbólicamente, colocado el cartel de Se vende.
"Interés hay, pero nadie acaba de concretarlo", expusieron varias fuentes de la Administración regional consultadas por Málaga Hoy. Muestra de ello es que, según una de ellas, hace cinco meses preguntó "un arquitecto, que parece lo hacía en nombre de alguna empresa, sobre el edificio, y hace dos meses, ocurrió lo mismo". El escollo en ambos casos es el precio. "Dos días después de haber preguntado, uno de ellos preguntó que si no había posibilidad de negociar el precio", añadió.
Y la posibilidad es escasa, por no decir nula. La tasación formal eleva a 30 millones el valor del inmueble, con lo que cualquier variación a la baja de la misma tendría que ir ligada a la elaboración de una tasación ajustada a los tiempos actuales, extremo que no parece contemplarse en el seno del Gobierno andaluz. El otro lastre es el uso del edificio, catalogado en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como equipamiento de Servicio de Interés Público y Social (SIPS), con lo que no permite, por ejemplo, su venta para oficias privadas o la construcción de pisos. Sólo cabría esa vía mediante un cambio en el planeamiento vigente. Pero la Junta, hasta el momento, no ha movido pieza en este sentido ni ha contactado con el Ayuntamiento de Málaga para que se pueda analizar la opción.
Algunos expertos estiman la opción de que el inmueble mantenga su uso actual, es decir, de oficinas, pero con carácter privado; otros corrigen este argumento, al indicar que la actual calificación sólo permite que sea una administración pública la que dé uso al inmueble para los fines contemplados. Y precisaron que de proponerse un cambio de calificación habrá de contar con el visto bueno de Consejo Consultivo Andaluz y una compensación del equipamiento afectado en otro punto de la ciudad.
No parece que la posición del Ayuntamiento sea tampoco favorable a una modificación del uso, dado el antecedente ocurrido con la sede de la Diputación provincial de la Acera de la Marina. El anterior equipo de gobierno de la institución supramunicipal llegó a proponer hace varios años la posibilidad de destinar a usos terciarios estas instalaciones, con el objetivo de arrendar parte de las mismas para la implantación de oficinas. La respuesta municipal fue negativa.
Tampoco se puede perder de vista el estado en el que se encuentra el edificio de Correos, abierto allá por el año 1980 y con 17.000 metros cuadrados edificados, que cuando aún albergaba los servicios centrales de la firma postal, tuvo que ser cubierto con una gran malla para evitar la caída de cascotes de la fachada a la vía pública. Ello provocó que el Gobierno central, anterior propietario del inmueble, llegase a adjudicar en marzo de 2008 a la empresa Vías y Construcciones, por 11 millones de euros, la rehabilitación del edificio que, hoy, sigue pendiente de realizarse. Es decir, que se trataría de una carga más sobre las espaldas de un hipotético comprador.
Casi dos años después de que los responsables autonómicos admitiesen la inclusión de este inmueble como parte del pago de la deuda estatal, la Junta sigue sin ser capaz de hallar un comprador para una construcción tasada en 30 millones de euros. Y no por falta de ganas. Desde casi el mismo momento en que pasó a formar parte del patrimonio autonómico, el inmueble tiene, simbólicamente, colocado el cartel de Se vende.
"Interés hay, pero nadie acaba de concretarlo", expusieron varias fuentes de la Administración regional consultadas por Málaga Hoy. Muestra de ello es que, según una de ellas, hace cinco meses preguntó "un arquitecto, que parece lo hacía en nombre de alguna empresa, sobre el edificio, y hace dos meses, ocurrió lo mismo". El escollo en ambos casos es el precio. "Dos días después de haber preguntado, uno de ellos preguntó que si no había posibilidad de negociar el precio", añadió.
Y la posibilidad es escasa, por no decir nula. La tasación formal eleva a 30 millones el valor del inmueble, con lo que cualquier variación a la baja de la misma tendría que ir ligada a la elaboración de una tasación ajustada a los tiempos actuales, extremo que no parece contemplarse en el seno del Gobierno andaluz. El otro lastre es el uso del edificio, catalogado en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como equipamiento de Servicio de Interés Público y Social (SIPS), con lo que no permite, por ejemplo, su venta para oficias privadas o la construcción de pisos. Sólo cabría esa vía mediante un cambio en el planeamiento vigente. Pero la Junta, hasta el momento, no ha movido pieza en este sentido ni ha contactado con el Ayuntamiento de Málaga para que se pueda analizar la opción.
Algunos expertos estiman la opción de que el inmueble mantenga su uso actual, es decir, de oficinas, pero con carácter privado; otros corrigen este argumento, al indicar que la actual calificación sólo permite que sea una administración pública la que dé uso al inmueble para los fines contemplados. Y precisaron que de proponerse un cambio de calificación habrá de contar con el visto bueno de Consejo Consultivo Andaluz y una compensación del equipamiento afectado en otro punto de la ciudad.
No parece que la posición del Ayuntamiento sea tampoco favorable a una modificación del uso, dado el antecedente ocurrido con la sede de la Diputación provincial de la Acera de la Marina. El anterior equipo de gobierno de la institución supramunicipal llegó a proponer hace varios años la posibilidad de destinar a usos terciarios estas instalaciones, con el objetivo de arrendar parte de las mismas para la implantación de oficinas. La respuesta municipal fue negativa.
Tampoco se puede perder de vista el estado en el que se encuentra el edificio de Correos, abierto allá por el año 1980 y con 17.000 metros cuadrados edificados, que cuando aún albergaba los servicios centrales de la firma postal, tuvo que ser cubierto con una gran malla para evitar la caída de cascotes de la fachada a la vía pública. Ello provocó que el Gobierno central, anterior propietario del inmueble, llegase a adjudicar en marzo de 2008 a la empresa Vías y Construcciones, por 11 millones de euros, la rehabilitación del edificio que, hoy, sigue pendiente de realizarse. Es decir, que se trataría de una carga más sobre las espaldas de un hipotético comprador.
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