Activan el desalojo del edificio de los pescadores (SUR)

El Ayuntamiento dará el próximo martes un paso decisivo para poner en marcha el plan de desalojo del llamado 'edificio de pescadores', situado en el número 29 de la calle López Pinto, en El Bulto. Del realojo de las familias que residen en este inmueble en otras viviendas en alquiler depende que el Consistorio pueda ceder el suelo que ocupa al Gobierno central para que, a su vez, éste ejecute el proyecto de soterramiento del ferrocarril que une el puerto con la estación de trenes. De hecho, según un escrito del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) remitido a la Gerencia Municipal de Urbanismo en febrero del año pasado, se señala que hasta que no estén los suelos disponibles «Adif no podrá licitar la obra».

La disposición de esos terrenos parece cerca toda vez que, de las 36 familias que residen en el edificio, que data de los años sesenta, 30 han manifestado al Ayuntamiento que están conformes con buscar alojamiento en una vivienda de alquiler hasta la adjudicación de un piso definitivo en el entorno de El Bulto. En ese sentido, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) prevé la construcción de un bloque de 82 pisos de VPO con este fin.

Ayudas mensuales

Para facilitar el realojo por su cuenta de estas 30 familias, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) aprobará el próximo martes una ayuda de 350 euros al mes para estas personas hasta que sean realojados de forma definitiva en la citada promoción de 82 VPO. Para este año, el IMV empleará 89.600 euros en estas ayudas y en los siguientes ejercicios destinará 134.400 euros.

Asimismo, el IMV acordará que, según la voluntad de los vecinos, tres familias serán realojadas en una vivienda de la zona de García Grana hasta que se les pueda adjudicar otra en El Bulto, dos familias irán de alquiler de forma definitiva a García Grana, y una última prefiere que se le adjudique una VPO de alquiler de manera definitiva. El edificio de los pescadores está habitado por 139 personas, la gran mayoría con el contrato en regla, ya que el IMV solo ha detectado una vivienda ocupada de forma irregular. Pagan una renta mensual de unos dos euros, y la mayor parte de ellas son vecinos con escasos recursos económicos y un nivel cultural y educativo bajo. Una vez completado el desalojo, los suelos se pondrán a disposición de Adif.