miércoles, 30 de mayo de 2007

La Junta devolverá a Marbella el PGOU y las competencias en cuanto Muñoz tome posesión (Noticia Diario SUR)

El Gobierno autonómico contaba con un plazo máximo de tres meses para cumplimentar el traspaso El Ejecutivo andaluz se pone a disposición del Ayuntamiento para recuperar el tiempo perdido

La Junta de Andalucía da por restablecida la normalidad institucional en Marbella y devolverá a este Ayuntamiento las competencias urbanísticas después del 16 de junio, fecha en la que se constituirá la nueva Corporación Municipal que presidirá Ángeles Muñoz, del Partido Popular.Así lo comunicó ayer Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, quien enfatizó la disposición del Ejecutivo andaluz a trabajar junto al Consistorio marbellí para recuperar el tiempo perdido, en alusión al periodo 1991-2003, en el que en esta ciudad gobernó el GIL -o grupos escindidos de la formación que fundó Jesús Gil y Gil- y que supuso un notorio enfrentamiento entre ambas administraciones.Zarrías, que hizo extensible ese compromiso al resto de ciudades andaluzas, subrayó que el caso de Marbella requiere un mayor esfuerzo por lo acontecido en los últimos años. El consejero reclamó la lógica reciprocidad por parte del nuevo equipo de gobierno marbellí.La Junta, por mandato del Parlamento de Andalucía, podía conservar las facultades municipales de planeamiento hasta tres meses después de que se finalizara la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. El consejero Zarrías informó ayer de que el Gobierno autonómico tiene, desde la semana pasada, el trabajo final del equipo redactor, comandado por el arquitecto Manuel González Fustegueras. La Junta, sin embargo, entiende que ya no existen motivos para agotar ese plazo de 90 días y restituirá la citada facultad al Ayuntamiento marbellí de forma inmediata.Nuevo planeamientoConcepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas, presentará el nuevo PGOU y se lo entregará, al mismo tiempo que las competencias, a la futura alcaldesa marbellí para que lo analice y, si lo cree conveniente, lo apruebe o lo reforme, ya que tendrá, de nuevo, potestad para ello.Pero en el texto redactado por Fustegueras, que ha tardado más de dos años en culminarlo, se fijan las líneas básicas de la política urbanística que a la Junta le gustaría que se aplicase en Marbella para devolverle los equipamientos y las zonas verdes que habrían esquilmado los alcaldes anteriores.ModificacionesÁngeles Muñoz puede optar por aceptar la redacción tutelada por la Junta o modificarla. Un proceso que, al igual que el resto de los ayuntamientos, deberá ser ratificado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La propia Muñoz y las asociaciones sindicales y empresariales habían constatado la necesidad de contar cuanto antes con un instrumento que sirviera para marcar la legalidad urbanística y, a la vez, que evitara el parón inversor en Marbella. Un planteamiento en el que coincidía la Junta de Andalucía, aunque con el matiz importante de que todo crecimiento debe ser sostenible, máxime en una ciudad con tanto déficit de infraestructuras como Marbella.La Junta de Andalucía inició a principios de 2006 los trámites para acometer una decisión sin precedentes ni dentro ni fuera de la Comunidad autónoma: el rescate de las competencias urbanísticas a una ciudad de más de 100.000 habitantes.Autos del TSJALa Consejería de Obras Públicas esgrimió como principal motivo que la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, había desoído más de ochenta autos del TSJA para la paralización de obras con licencias ilegales -más otros 250 pronunciamientos provisionales- y desatendió cuarenta requerimientos de la Junta de Andalucía para que revisase todas los permisos concedidos por anteriores alcaldes marbellíes en los que se constataba una violación del PGOU de 1986. El equipo de Yagüe, asesorado por Juan Antonio Roca -ambos imputados en el 'caso Malaya'-, habría realizado estos desplantes desde 2004 y hasta meses después de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esta norma otorgaba permiso al Gobierno autonómico para dejar a cualquier ayuntamiento sin capacidad de decisión en el ámbito del planeamiento, siempre que se diese un supuesto principal: que su conducta afectase a la ordenación del territorio, competencia de la Junta de Andalucía.Meses después, y tras el inicio de las detenciones relacionadas con el 'caso Malaya', la Junta optó por disolver el Ayuntamiento de Marbella y designar una comisión gestora con representación de varios grupos, pero no les retornó el poder urbanístico.

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