El Consejo de Gobierno acuerda devolver las competencias urbanísticas a Marbella El Ejecutivo destaca la buena actitud de la alcaldes
Otra Marbella es posible. El Gobierno andaluz llega a esta conclusión tras ostentar durante un año las competencias urbanísticas de municipio. El Consejo de Gobierno acordó ayer devolver estas atribuciones de manera efectiva al Consistorio que preside Ángeles Muñoz, con lo que cumple con su promesa de dar este paso de forma inmediata a la constitución de la nueva corporación. Así lo anunció Enrique Cervera, portavoz del Ejecutivo de Manuel Chaves, quien expresó la satisfacción de los dirigentes de la Junta de Andalucía por el trabajo realizado en estos doce meses. «Hemos cumplido con nuestra obligación en Marbella con la redacción de un magnífico Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ahora debe ser aprobado por el Consistorio marbellí», destacó Cervera.La primera impresión de los responsables de la Junta es muy buena en relación al futuro sobre las relaciones entre las administraciones autonómica y local, aunque recuerdan que el próximo paso lo debe dar la alcaldesa Ángeles Muñoz -de quien destacan su predisposición al diálogo- con la aprobación del nuevo PGOU.La Administración autonómica asumió estas atribuciones en junio de 2006, como consecuencia de la situación de extrema anormalidad ocasionada por la anterior Corporación presidida por Marisol Yagüe. La Junta creó una oficina de planeamiento para su ejercicio. La oficina, que dirige José María Ruiz Povedano, seguirá funcionando hasta el próximo mes de septiembre, con el fin de apoyar al nuevo Consistorio marbellí a lo largo de este proceso. En virtud de las competencias ejercidas durante este periodo extraordinario, la Junta elaboró el nuevo PGOU, que ha sido entregado al Ayuntamiento para su tramitación. Cervera enfatizó que el principal objetivo de este documento, elaborado a partir de los trabajos del equipo del arquitecto Manuel González Fustegueras, se centra en restaurar la seguridad jurídica y urbanística en la ciudad.ProtecciónPara ello propone proteger y excluir de la edificación el 40,5 por ciento de la superficie total de municipio (117 millones de metros cuadrados), quedando el 59,5 por ciento como suelo urbano o urbanizable. Ello supondrá añadir 15,8 millones de metros cuadrados a los 50,7 que actualmente componen el suelo urbanizable de Marbella, con un crecimiento propuesto del 31,2 por ciento. El plan, según los responsables del Gobierno andaluz, recoge un modelo de calidad similar al de las grandes ciudades europeas en materia de equipamientos, servicios, zonas verdes y espacios libres. El objetivo es alcanzar los 60 metros cuadrados de zonas verdes y los 20 de equipamientos por habitante (en este último caso, cuatro puntos por encima de la media europea de referencia). De este modo, los espacios libres crecerán de 1,2 a 3,8 millones de metros cuadrados, mientras que el sistema de equipamientos lo hará de 0,85 a 2,35. El nuevo planeamiento, que ahora deberá ratificar el Ayuntamiento marbellí, permite la construcción de 27.643 nuevas viviendas, de las cuales 10.178 (el 36,8 por ciento) contarán con algún régimen de protección y precios asequibles. Además, incluye la reforma de otras 8.802 a través del programa del Área de Rehabilitación Concertada aprobado para el centro de Marbella y diversas barriadas. Asimismo, se desarrollará un sistema de incentivos con el fin de sacar al mercado de alquiler parte de las 8.858 viviendas actualmente desocupadas. Otro aspecto destacado es el modelo de movilidad sostenible sobre la base del Las estimaciones oficiales apuntan a que este PGOU podría generar unas inversiones totales de 2.250 millones de euros y 60.000 puestos de trabajo. Respecto a las 18.000 viviendas que han sido normalizadas, su canje por terrenos donde los promotores tenían previsto edificar supondrá la recuperación para la ciudad de un total de 1,9 millones de metros cuadrados que se destinarán a equipamientos, zonas verdes y otras dotaciones. ExcluidasDe este proceso de normalización se han excluido 752 (la mitad de ellas ocupadas) y dos edificios hoteleros por vulneración de la legislación básica de protección del litoral y por ubicación en zonas inundables, entre otras causas. Con anterioridad a la asunción excepcional de las competencias en materia de urbanismo, la Administración autonómica desarrolló durante años una intensa labor en defensa de la legalidad urbanística, que se tradujo en 389 impugnaciones de licencias urbanísticas, 91 actos de suspensión por órganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscalía por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspección urbanística, 250 requerimientos para la incoación de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisión de oficio de licencias concedidas irregularmente, entre otras iniciativas. Las impugnaciones de la Junta y las suspensiones cautelares dictadas por los tribunales de Justicia consiguieron evitar la construcción de 11.368 viviendas ilegales.
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