domingo, 21 de octubre de 2007

Los dueños de Soliva rehúsan hacer VPO sin compensación (La Opinión)

Los propietarios de Soliva y Lagar de Oliveros presentan una alegación al PGOU en la que piden ser compensados si construyen más del 30% de protección oficial
El Ayuntamiento de Málaga no lo va a tener fácil para poder construir viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de Soliva o Lagar de Oliveros, donde planea levantar casi 4.000 viviendas, de ellas 2.580 de VPO.De un lado, acaban de perder un recurso interpuesto por los propietarios del suelo con una sentencia judicial que impide al Ayuntamiento obtener por expropiación esos suelos -más de un millón de metros cuadrados- para crear allí un área de reserva. Así las cosas, el Ayuntamiento cambió de planes y puso en marcha una modificación de elementos de esos terrenos con la idea de promover 3.970 viviendas, de ellas el 65%, 2.580, serían de protección oficial. Negociar. Pero los propietarios de esos suelos, varias sociedades y particulares, que ahora se han visto reforzados por la sentencia, han tramitado una alegación al documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que advierten de que no están de acuerdo con las pretensiones del Ayuntamiento de elevar a un 65% el número de viviendas protegidas que se construirían en la zona "a menos que nos compensen con derechos urbanísticos, allí o en otro sector", según explicaba uno de los propietarios a este periódico.Los dueños argumentan en la alegación que la Ley del Suelo fija en un 30% el terreno que ha de reservarse para VPO. Por ello piden el mismo trato que la ley concede a otros promotores de viviendas y "si nos obligan a hacer más VPO tendrán que compensarnos".Los propietarios de Lagar de Oliveros y Soliva, que recuerdan al Ayuntamiento que ellos siguen siendo los dueños del suelo y que el Consistorio no puede recurrir a la expropiación, muestran su mejor disposición a negociar para que finalmente se establezcan unas condiciones de desarrollo urbanístico de esos suelos que permitan conjugar tanto los intereses públicos como los empresariales.

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