Pretende poner al día tanto la cesión de bienes inmuebles como la prestación de servicios públicos. «Queremos recuperar todo lo que sea posible», afirma
El equipo de gobierno se ha puesto manos a la obra para hacer un trabajo de auténtico encaje de bolillos, ya sea por iniciativa propia o como continuidad de la labor emprendida por la comisión gestora durante el largo año que estuvo al frente del Ayuntamiento. Según informó a este periódico Félix Romero, portavoz y segundo teniente de alcalde, actualmente se están revisando medio centenar de concesiones administrativas otorgadas durante los años de gilismo o de postgilismo «para ver el estado del patrimonio municipal y recuperar todo aquello que sea posible». El proceso, arduo habida cuenta la caótica herencia que dejaron los anteriores equipos de gobierno, se está centrando tanto en conocer cómo se cedieron para el uso de terceros bienes de dominio público, ya sea locales o parcelas, como en poner al día las concesiones administrativas de distintos servicios públicos. «Entendemos que hay que revisar para conocer si la concesión fue procedente, si no hay un perjuicio económico para el Ayuntamiento y si el servicio para el que se dio la adjudicación se está dando correctamente», abundó el concejal.
Contraprestación
En el primero de los casos, Romero aludió a que se está indagando en los términos de las cesiones de inmuebles de propiedad municipal, aunque en algunos casi se estén descubriendo a la par propiedades del Ayuntamiento que se ignoraban. «Queremos saber si hay alguna contraprestración para el Consistorio, si fueron cedidos graciosamente, si se puede justificar documentalmente la cesión o si el acuerdo viene dado por el interés público», apuntó. No en vano la intención de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, es hacer acopio de algunos inmuebles para la prestación de servicios directos por parte del Consistorio. Más enrevesada es la tarea de repasar las adjudicaciones de servicios públicos, como el caso del transporte municipal, en manos de la empresa Portillo, negociación que ha venido sonado con fuerza en las últimas semanas. En primer lugar el equipo de gobierno debe valorar si los acuerdos son nulos, una determinación que viene avalada por los informes del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano que ya dio la razón a la comisión gestora en algunas de las revisiones de concesiones.
Deficiencias
En estos casos el Ayuntamiento tiene libertad absoluta para volver a sacar a concurso el servicio e incluso puede reclamar una indemnización por los daños ocasionados. Distinto es que se trate de acuerdos anulables, ya sea en función de una deficiente valoración económica realizada en su día, que esté suponiendo un daño a las arcas municipales, o por errores de forma. En estos casos el Consistorio podrá reclamar la revisión de la tarifa a la concesionaria o una cantidad económica para equilibrar el acuerdo. Por último, la puesta al día de las concesiones administrativas también se está centrando en aspectos no sólo cuantitativos sino también cualitativos. Esto es, en caso de que en lo formal y en lo económico todo sea correcto, el objetivo será vigilar la calidad. Todos los pasos se están dando con tiento. «No podemos crear un problema de interés público porque hay servicios que pese a la concesión irregular no se pueden dejar de dar hasta que haya otra empresa», añadió Romero
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