La costa andaluza, la tercera en número de demoliciones (SUR)

El Gobierno ha demolido en tres años 82 edificaciones que ocupaban el dominio marítimo-terrestre. Canarias copa más de la mitad de las 1.246 actuaciones
El Gobierno ha llevado a cabo 1.246 demoliciones de construcciones y edificaciones que ocupaban el dominio público marítimo-terrestre desde el año 2004, de las que 82 se registraron en Andalucía, lo que la sitúa como la tercera comunidad autónoma con más actuaciones, por detrás de Canarias, con 676 (un 54,2 por ciento) y Galicia, con 279. Según datos facilitados a Efe por el Ministerio de Medio Ambiente, las demoliciones llevadas a cabo desde 2004 suponen una superficie de 267.061 metros cuadrados de las costas españolas, de los que 90.880 metros cuadrados se localizan en Galicia y 83.290 en Andalucía.A las tres comunidades citadas les sigue Murcia, con 69 demoliciones, Cataluña (54), Comunidad Valenciana (49), Asturias (14), Baleares y País Vasco (10 en cada una de ellas) y Cantabria (3).En cuanto a superficie liberada, tras Galicia y Andalucía se sitúan Cataluña y la Comunidad Valenciana (más de 33.000 metros cuadrados en cada una de ellas) y Murcia (18.277).Por provincias, las demoliciones en este periodo han sido más numerosas en Santa Cruz de Tenerife, donde se han llevado a cabo 662 (más de la mitad del total), aunque la superficie afectada sólo supone 2.075 metros cuadrados.Tras esta provincia, se sitúan, aunque a distancia, Lugo, con 157 demoliciones, y A Coruña, con 114. Estas dos provincias gallegas, con 45.775 y 39.781 metros cuadrados, respectivamente, son también las que más superficie demolida tienen tras Cádiz (53.655 metros cuadrados).La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó ayer que la Ley de Costas es "muy garantista" y la definió como un proceso de demolición"personalizado". En respuesta a si se van a derribar todos los edificios que incumplan la ley, Narbona dijo que "en la mayoría de los casos" se ha construido detrás de los primeros cien metros que marca la ley y que son competencia de las CCAA, por lo que la colaboración de éstas es imprescindible.