La Junta solicita al TSJA la ejecución de al menos 38 sentencias que anulan licencias urbanísticas (SUR)

Argumenta la petición en que, como denunciante de los permisos, es el siguiente paso del proceso judicial. Algunas se legalizarán en el Plan con compensaciones

Los procedimientos judiciales por el urbanismo salvaje de la 'era GIL' siguen más vivos que nunca no sólo en la jurisdicción penal sino también en la contencioso-administrativa. La Junta ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución de al menos 38 sentencias firmes que declaran nulas otras tantas licencias concedidas durante los años de gobierno del GIL, según confirmaron a este periódico fuentes del Gobierno andaluz. Rehusaron, sin embargo, entrar a detallar cuáles son los permisos y las promociones de viviendas afectadas por esta petición. No es una cuestión menor. En las sentencias los jueces no sólo se limitan a anular los permisos, otorgados en virtud a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que nunca llegó a estar en vigor, ni siquiera a ser legal, sino que ordena restituir a su estado original los terrenos donde se edificaron las viviendas. Eso implicaría, por tanto, la demolición de los inmuebles, responsabilidad que recaería en manos del Ayuntamiento.Desde el Gobierno andaluz defienden la medida. Sostienen que se trata de un paso más dentro del procedimiento judicial, ya que fue la propia Administración andaluza la que denunció ante el TSJA la ilegalidad de un total de 430 permisos urbanísticos contra decisiones adoptadas en materia urbanística por equipos de gobierno de Marbella del Grupo Independiente Liberal (GIL) y del formado por sus sucesores antes de la disolución de la Corporación Municipal. Subrayan que en ningún caso podrían abstenerse de pedir la ejecución de las sentencias firmes dictadas por jueces.

Suelo para equipamiento

La propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, ya se pronunció sobre la intención de la Junta de exigir la demolición de todos los edificios que estén en suelo destinado en el Plan del 86 a equipamientos públicos. Afirmó entonces: «Hay que exigir la ejecución de las sentencias porque es así como debe llevarse a cabo el cumplimiento de la ley» ya que, de forma contraria, «resultará que nadie se tome en serio la legislación, y no todo vale en urbanismo».Esta medida tiene precedentes. Hasta en tres ocasiones anteriores el TSJA solicitó al Ayuntamiento, tras la petición de ejecución de sentencias firmes por parte de la Junta, que restituyese la realidad física de los terrenos; es decir, que procediera a demoler las viviendas construidas con esos permisos. La respuesta, por aquel entonces de la comisión gestora que estuvo al frente del Consistorio durante más de un año, fue que al estar en tramitación un nuevo planeamiento urbanístico era recomendable esperar a que estuviera vigente para conocer sobre el papel cuál era la situación en que quedaban las construcciones ilegales.De hecho, entre las promociones afectadas por esta nueva y abultada petición de ejecución de sentencias firmes se encuentran, según distintas fuentes consultadas por este periódico, una treintena de construcciones -bloques, de viviendas unifamiliares o de urbanizaciones- que tendrán acomodo en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, actualmente en fase de estudio de las alegaciones presentadas. Ante esta circunstancia, y con el precedente de la postura que ha defendido en reiteradas ocasiones la alcaldesa, Ángeles Muñoz, contraria totalmente a los derribos, es de esperar que el equipo de gobierno plantee nuevos incidentes de inejecución de las órdenes de derribo hasta que el esperado Plan General entre en vigor, lo que se espera para verano de 2008.