La alcaldesa anuncia que defenderá ante el TSJA la imposibilidad de ejecutar algunas resoluciones Muñoz reitera que hay que esperar a la aprobación del nuevo planeamiento antes de adoptar medidas
SENTENCIAS FIRMES
Se regularizan en el PGOU
Belmonsa: 119 viviendas. Sentencia del TSJA en 1997.
Cerrado de Elviria SA: 32 viviendas. TSJA1998.
Moansa: 6 viviendas unifamiliares en Huerta Belón. TSJA 1998.
Kabdale España: Tres bloques en Los Monteros. TSJA 1998.
Las Herreras: Viviendas y locales en Jacinto Benavente. TSJA 1998.
Magma SL: Edificio en c/ Mayorazgo. TSJA 1998.
Marbella Habitat: Vivienda en Sierra Blanca. Cont. Adm. nº 4 1999.
Obarinsa: 122 viviendas y locales en polígono La Ermita. TSJA 1999.
Fink 2010: Conjunto residencial en Río Verde. TSJA 1999.
Alborara: 48 viviendas en Guadalmina. TSJA 1999.
Black Rock Ltd: 9 viviendas en Rocío de Nagüeles. TSJA1999.
Laelco (Aifos): 89 apartamentos en Guadalpín norte. TSJA 1999.
Altec: Dos viviendas en calle Calvario. TSJA1999.
Prosonora: 68 viviendas en Guadalmina alta. TSJA1999.
Promotora Uno: Nueva plantas en Ricardo Soriano. TSJA 1999.
Marbel XXI: 50 viviendas en la Carib Playa. TSJA 2000.
Proinsa: 136 viviendas en Carolina Sur. TSJA 2000.
Ventura del Mar: 34 viviendas en La Pepina. TSJA 2002.
La Juanita: Nave almacén. Juzgado Cont. Adm. nº3 2002.
Apex 2000: 224 viviendas en Elviria Sur. TSJA 2003.I
nvest Arcela: 13 viviendas. Juzgado Cont. Adm. nº 4 2003.
Agrícola Sotomayor: Vivienda unifamiliar en Llanos de Nagüeles. Juzgado Cont. Adm. nº 2 2003
Menvo SL: Vivienda unifamiliar en Los Llanos de Nagüeles. Cont. Adm. 2003.
Constart: 22 viviendas en Lomas de Marbella Club. Cont. Adm. nº 2 2004
Pedro Mostazo: Vivienda en Camino Viejo de Ojén. Cont. Adm. nº 4 2004
Playas de Guadalmina: 80 viviendas en San Pedro. Juzgado Cont. Adm. nº 1 2004
Naviro: 74 viviendas en Camino Viejo de Istán. Juzgado Cont. Adm. nº 1 2004
No se regularizan
Banana Beach: 297 viviendas. Sentencia del TSJA.
Río Real: 50 viviendas. Sentencia del TSJA.
Las sentencias firmes emitidas por los tribunales que anulan licencias urbanísticas concedidas ilegalmente durante la etapa del GIL salpican a más de un millar de viviendas, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico. La inmensa mayoría quedarán legalizadas en el nuevo PGOU si se acogen al sistema de compensaciones. Se trata de circunstancias no relacionadas y que teóricamente transcurren por vías separadas, ya que a las resoluciones judiciales ya adoptadas no les cabría otra salida que su ejecución, independientemente de la situación de los inmuebles en la nueva ordenación urbanística. La Junta de Andalucía, denunciante en la mayoría de estos casos, ha solicitado que se ejecuten al menos 38 de estas sentencias. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene previsto aludir al Plan General para evitar la materialización de estas resoluciones judiciales, que en la mayoría de los casos implicaría el derribo de los edificios ya que lo que se ordena es la restitución de la legalidad existente con anterioridad a la infracción cometida. Entre las promociones afectadas por esta situación se encuentran algunas de las más emblemáticas del voraz modelo urbanístico del 'gilismo', como es el caso del edificio Belmonsa, en pleno centro de Marbella, las 122 viviendas construidas por Obarinsa en el Polígono La Ermita o los 89 apartamentos de Laelco en la zona de Guadalpín Norte. Se da la circunstancia además de que detrás de muchas de estas construcciones se encuentran empresas de constructores imputados en el 'caso Malaya', como algunas filiales de Ávila Roja o Aifos.Precisamente este acomodo de las viviendas ilegales en el nuevo Plan General, cuya aprobación se prevé en el próximo verano, será uno de los argumentos que trasladará la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, al TSJA, para evitar los posibles derribos de inmuebles que ordenen los magistrados. La regidora de la ciudad ha declarado a este periódico que el equipo de gobierno enviará un escrito al alto tribunal andaluz «con la postura que mantiene el Ayuntamiento de Marbella y la imposibilidad de ejecutar algunas de estas sentencias». Recordar que la respuesta de la alcaldesa es idéntica a la que entoces transmitió la comisión gestora que estuvo al frente del Consistorio durante más de un año. «Hay que esperar a la aprobación del PGOU para conocer la situación en la que se encuentran las construcciones ilegales», ha destacado Muñoz a este periódico.La nueva reclamación de la Junta al TSJA tiene una serie de precedentes, puesto que en tres ocasiones anteriores el alto tribunal andaluz ordenó al Ayuntamiento que restituyese la realidad física de los terrenos afectados por otras tantas licencias anuladas en los tribunales. La alcaldesa de Marbella también ha criticado la postura del presidente de la Junta, Manuel Chaves, a quien le comunicó durante la reunión que mantuvo con él en Sevilla que el Ayuntamiento «iba a esperar a ver cómo quedaba el plan general antes de proceder a determinadas actuaciones». «Es más, Chaves nos dio la razón y entendió lo que estábamos planteando», añade Muñoz. Por otra parte, Muñoz ha respondido a la denuncia que ha interpuesto Ecologistas en Acción al actual equipo de gobierno por supuesta prevaricación administrativa al no revisar de oficio las licencias ilegales otorgadas por los equipos de gobierno gilistas y postgilistas «a pesar de conocer la ilegalidad de las mismas». La regidora recordó además al grupo ecologista que las licencias «fueron otorgadas por otros equipos de gobierno y en ese momento la Junta de Andalucía no evitó su ejecución».
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