Afectados por los derribos piden la implicación de todos los vecinos con viviendas irregulares. Mijas (SUR)

El alcalde aboga por la participación de los que aún no han recibido notificaciones para facilitar su regularización. Recalcan que la solución pasa por el nuevo PGOU

«Los afectados no son sólo los que hasta ahora han recibido los expedientes, sino todas las construcciones irregulares, pues también van a recibir los expedientes en las próximas fechas». Así reza el comunicado emitido de forma conjunta por el Ayuntamiento y la Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas tras la reunión mantenida ayer en la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas, a la que también asistió el Comisionado para la Ordenación del Territorio en la Costa del Sol, Diego Martín Reyes. En este encuentro, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, abogó por la necesidad de incluir en el proceso a todos los vecinos con viviendas irregulares, al margen de los 3.000 que cuentan con expedientes sancionadores (300 con órdenes de demolición). «Deben ser partícipes para facilitar la regularización de todas las viviendas posibles», recalcó el primer edil, quien subrayó que la solución definitiva para por incluir estas viviendas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).Tanto Sánchez como los propios miembros de esta asociación entienden que el proceso será largo y minucioso, ante el importante número de familias que han recibido expedientes urbanísticos y de aquellas otras que lo recibirán en las próximas fechas. El regidor municipal también valoró la presencia de Diego Martín Reyes por su experiencia con las construcciones irregulares de Marbella, si bien hizo hincapié en que se trata de «dos casos diferentes, puesto que en un sitio se hicieron para especular y en otro para uso particular». Por su parte, el representante de la Junta de Andalucía coincidió en la intención de analizar de forma minuciosa cada caso.Mientras tanto, la asociación continúa celebrando charlas informativas en cada uno de los sectores implicados con el objetivo de instar a los afectados a recurrir los expedientes para así suspender la ejecución de las órdenes de derribo