Propietarios de las viviendas ilegales cuentan la grave situación económica que atraviesan, al pagar una multa mensual de 5.000 euros, soportar un embargo y ante el temor de un inminente derribo
Salvador López, albañil de profesión, de baja por incapacidad laboral y con una familia que debe que mantener, tiene que afrontar cada mes un gasto extra, una multa de 4.000 euros. La imposibilidad de sufragar esta cuantía va a desembocar en una resolución de embargo de su inmueble. Su caso engrosa la larga lista de 3.000 expedientes de viviendas ilegales en Mijas, sobre las que ya pesan órdenes firmes de demolición y elevadas sanciones de entre 120.000 y 180.000 euros. Los vecinos afectados por estas resoluciones administrativas, unificados en una plataforma, urgen al Ayuntamiento de Mijas a paralizar los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas, hasta que no se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Con esta solicitud, intentan que se gane tiempo para buscar los mecanismos legales que permitan regularizar sus viviendas, al mismo tiempo que demandan que se rebajan las sanciones, consideradas "desproporcionadas". "En mi situación, con una paga de 279 euros al mes y una multa mensual de 4.000 euros durante un año, acabo en la ruina en menos de cuatro meses. Es muy injusto", denuncia Salvador. Su vivienda, de unos 60 metros cuadrados, está situada en la zona del Hornillo, donde existen otros muchos diseminados de "grandes dimensiones". Heredó el inmueble de su padre, pero quiso ampliarlo con un par de habitaciones más. Estas obras le han costado el expediente urbanístico y una orden de derribo. "No he podido recurrir, porque cuando comenzó este tema no sabía su alcance. El Consistorio me daba confianza y me decía que todo se arreglaría, pero ahora estoy endeudado", explica.Los propietarios de las viviendas no discuten su presunta ilegalidad, pero critican la "permisividad" por parte de las autoridades municipales, que "en ningún momento precintaron las construcciones, ni advirtieron de las consecuencias legales". "Todos reconocemos que hay una posible infracción, pero la multa es demasiado alta, somos trabajadores", insiste Salvador.El abogado que representa a los vecinos, Ricardo Santandreu, asegura que más del diez por ciento de los expedientes de demolición o sanción grave no se pueden recurrir por la vía contenciosa. En las órdenes de derribo si al mes no se acata, el propietario debe pagar una multa durante doce meses equivalente al 10 por ciento del valor de su casa, esto es entre 4.000 y 5.000 euros. Pasado ese periodo, debería derribar su casa. Los propietarios coinciden en que los expedientes se abrieron en abril de 2006, tras destaparse el ´caso Malaya´ en Marbella. Juan Antonio Blanco, presidente de la plataforma, asegura que tardó 7 años en construir su casa y que en ese tiempo ningún técnico municipal ordenó que se paralizaran las obras -la vivienda se levantó con una licencia de apero en suelo rústico-. Su expediente está pendiente de revisión por la vía administrativa. Teme que le impongan una sanción de 180.000 euros o en el peor de los casos, que echen abajo su casa. "Soy un trabajador de la construcción, de familia modesta, y las multas son desproporcionadas. Pedimos que se congelen los expedientes hasta que haya PGOU, y se busquen soluciones", reivindica Blanco.A Juan Jesús González, albañil, le pesa un embargo. Apenas pudo sufragar un mes de multa de 5.000 euros. "Mi casa de 69 metros cuadrados es lo único que tengo", asegura. Sabe que el expediente de demolición es firme, pero intenta luchar por otra solución. Este residente dice que como los demás, actuó de buena fe, sin ser consciente del alcance de construir en una parcela con una licencia de apero. "En el Ayuntamiento siempre me han transmitido tranquilidad y me prometieron que esto se arreglaría. Por eso, nunca nos imaginamos que acabaríamos así". La plataforma espera que mañana el Ayuntamiento les comunique una posible solución. Para informar a los afectados de los trámites legales y con el objeto de que recurran por la vía judicial antes de que venzan los plazos, se han convocado reuniones de miércoles a viernes en la Avenida México, 12 de Mijas.
El Consistorio promete una solución legalEl Ayuntamiento de Mijas se ha comprometido a buscar una solución para las 3.000 viviendas ilegales. En un pleno el equipo de gobierno aprobó "normalizar cuantas viviendas irregulares sea posible, utilizando para ello todos los medios legales y de planeamiento disponibles", según declaró el propio alcalde, Antonio Sánchez. El regidor señaló que el objetivo es que las familias no pierdan su vivienda. No obstante, dejó claro que "hay que cumplir estrictamente la ley", y precisó que las medidas que se acuerden no eximirán a los propietarios de las obligaciones urbanísticas que en su día no cumplieron.En este sentido, Sánchez indicó que habrá casos en los que no se pueda hacer nada por estar las construcciones en zonas de dominio público o en terrenos calificados de "protección".
Salvador López, albañil de profesión, de baja por incapacidad laboral y con una familia que debe que mantener, tiene que afrontar cada mes un gasto extra, una multa de 4.000 euros. La imposibilidad de sufragar esta cuantía va a desembocar en una resolución de embargo de su inmueble. Su caso engrosa la larga lista de 3.000 expedientes de viviendas ilegales en Mijas, sobre las que ya pesan órdenes firmes de demolición y elevadas sanciones de entre 120.000 y 180.000 euros. Los vecinos afectados por estas resoluciones administrativas, unificados en una plataforma, urgen al Ayuntamiento de Mijas a paralizar los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas, hasta que no se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Con esta solicitud, intentan que se gane tiempo para buscar los mecanismos legales que permitan regularizar sus viviendas, al mismo tiempo que demandan que se rebajan las sanciones, consideradas "desproporcionadas". "En mi situación, con una paga de 279 euros al mes y una multa mensual de 4.000 euros durante un año, acabo en la ruina en menos de cuatro meses. Es muy injusto", denuncia Salvador. Su vivienda, de unos 60 metros cuadrados, está situada en la zona del Hornillo, donde existen otros muchos diseminados de "grandes dimensiones". Heredó el inmueble de su padre, pero quiso ampliarlo con un par de habitaciones más. Estas obras le han costado el expediente urbanístico y una orden de derribo. "No he podido recurrir, porque cuando comenzó este tema no sabía su alcance. El Consistorio me daba confianza y me decía que todo se arreglaría, pero ahora estoy endeudado", explica.Los propietarios de las viviendas no discuten su presunta ilegalidad, pero critican la "permisividad" por parte de las autoridades municipales, que "en ningún momento precintaron las construcciones, ni advirtieron de las consecuencias legales". "Todos reconocemos que hay una posible infracción, pero la multa es demasiado alta, somos trabajadores", insiste Salvador.El abogado que representa a los vecinos, Ricardo Santandreu, asegura que más del diez por ciento de los expedientes de demolición o sanción grave no se pueden recurrir por la vía contenciosa. En las órdenes de derribo si al mes no se acata, el propietario debe pagar una multa durante doce meses equivalente al 10 por ciento del valor de su casa, esto es entre 4.000 y 5.000 euros. Pasado ese periodo, debería derribar su casa. Los propietarios coinciden en que los expedientes se abrieron en abril de 2006, tras destaparse el ´caso Malaya´ en Marbella. Juan Antonio Blanco, presidente de la plataforma, asegura que tardó 7 años en construir su casa y que en ese tiempo ningún técnico municipal ordenó que se paralizaran las obras -la vivienda se levantó con una licencia de apero en suelo rústico-. Su expediente está pendiente de revisión por la vía administrativa. Teme que le impongan una sanción de 180.000 euros o en el peor de los casos, que echen abajo su casa. "Soy un trabajador de la construcción, de familia modesta, y las multas son desproporcionadas. Pedimos que se congelen los expedientes hasta que haya PGOU, y se busquen soluciones", reivindica Blanco.A Juan Jesús González, albañil, le pesa un embargo. Apenas pudo sufragar un mes de multa de 5.000 euros. "Mi casa de 69 metros cuadrados es lo único que tengo", asegura. Sabe que el expediente de demolición es firme, pero intenta luchar por otra solución. Este residente dice que como los demás, actuó de buena fe, sin ser consciente del alcance de construir en una parcela con una licencia de apero. "En el Ayuntamiento siempre me han transmitido tranquilidad y me prometieron que esto se arreglaría. Por eso, nunca nos imaginamos que acabaríamos así". La plataforma espera que mañana el Ayuntamiento les comunique una posible solución. Para informar a los afectados de los trámites legales y con el objeto de que recurran por la vía judicial antes de que venzan los plazos, se han convocado reuniones de miércoles a viernes en la Avenida México, 12 de Mijas.
El Consistorio promete una solución legalEl Ayuntamiento de Mijas se ha comprometido a buscar una solución para las 3.000 viviendas ilegales. En un pleno el equipo de gobierno aprobó "normalizar cuantas viviendas irregulares sea posible, utilizando para ello todos los medios legales y de planeamiento disponibles", según declaró el propio alcalde, Antonio Sánchez. El regidor señaló que el objetivo es que las familias no pierdan su vivienda. No obstante, dejó claro que "hay que cumplir estrictamente la ley", y precisó que las medidas que se acuerden no eximirán a los propietarios de las obligaciones urbanísticas que en su día no cumplieron.En este sentido, Sánchez indicó que habrá casos en los que no se pueda hacer nada por estar las construcciones en zonas de dominio público o en terrenos calificados de "protección".
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