Casi 300 órdenes de demolición en construcciones del municipio. La mayoría, construidas en suelo rústico, son la única propiedad de los denunciados, que se enfrentan a graves multas
Juan Antonio Blanco Ruiz es un vecino de Mijas al que hace unos años su padre le propuso hacerse una casa en una parcela familiar que tienen en el diseminado de Valtocado. En 1996, solicitó un permiso de casa de aperos para comenzar a construir su hogar, no había acabado la cimentación, allá por el año 2000, cuando comenzaron sus problemas, una primera denuncia llegó porque su obra era ilegal.Tras una cita con Luis Vasco, concejal de Urbanismo en Mijas entonces, Blanco dejó constancia de la necesidad que tenía de hacerse una casa para vivir en ella. En 2006 una nueva denuncia desde la Policía Local sorprendió a este vecino, que ya tenía su casa denunciada dos veces, y faltaba por llegar una tercera. Blanco recurrió esta sanción, pero la Junta le ha respondido que tiene que pagar durante doce meses una cantidad que aún no se le ha estipulado, además de una orden de derribo, que si no la hace el propietario, debe pagar al consistorio los costes del derribo, que ascienden a algo más de 12.000 euros. Ahora, Blanco y otros muchos vecinos de todo el término que viven esta situación, unos 3.000 denunciados y 300 de ellos con órdenes de demolición, unen sus fuerzas en una plataforma de afectados para evitar "sobre todo que nos echen la casa abajo, porque muchos no tendremos donde vivir", asegura Blanco. El primer paso de esta plataforma, que preside Juan Antonio Blanco, es buscar con expertos en urbanismo para una solución lógica al problema. Según Juan "el consistorio debe ayudarnos en todo lo que está en su mano. Ellos han permitido que llegásemos a esta situación". Según explica Blanco, en ocasiones las sanciones impuestas no se pueden recurrir: "las multas son desorbitadas, y en algunos casos incoherentes". Como ejemplo, cuenta el caso de un propietario que tiene que pagar 180.000 euros de multa por una casa de 50 metros cuadrados y hay otros con casas de más de 200 metros con 1.200 euros de multa.
Juan Antonio Blanco Ruiz es un vecino de Mijas al que hace unos años su padre le propuso hacerse una casa en una parcela familiar que tienen en el diseminado de Valtocado. En 1996, solicitó un permiso de casa de aperos para comenzar a construir su hogar, no había acabado la cimentación, allá por el año 2000, cuando comenzaron sus problemas, una primera denuncia llegó porque su obra era ilegal.Tras una cita con Luis Vasco, concejal de Urbanismo en Mijas entonces, Blanco dejó constancia de la necesidad que tenía de hacerse una casa para vivir en ella. En 2006 una nueva denuncia desde la Policía Local sorprendió a este vecino, que ya tenía su casa denunciada dos veces, y faltaba por llegar una tercera. Blanco recurrió esta sanción, pero la Junta le ha respondido que tiene que pagar durante doce meses una cantidad que aún no se le ha estipulado, además de una orden de derribo, que si no la hace el propietario, debe pagar al consistorio los costes del derribo, que ascienden a algo más de 12.000 euros. Ahora, Blanco y otros muchos vecinos de todo el término que viven esta situación, unos 3.000 denunciados y 300 de ellos con órdenes de demolición, unen sus fuerzas en una plataforma de afectados para evitar "sobre todo que nos echen la casa abajo, porque muchos no tendremos donde vivir", asegura Blanco. El primer paso de esta plataforma, que preside Juan Antonio Blanco, es buscar con expertos en urbanismo para una solución lógica al problema. Según Juan "el consistorio debe ayudarnos en todo lo que está en su mano. Ellos han permitido que llegásemos a esta situación". Según explica Blanco, en ocasiones las sanciones impuestas no se pueden recurrir: "las multas son desorbitadas, y en algunos casos incoherentes". Como ejemplo, cuenta el caso de un propietario que tiene que pagar 180.000 euros de multa por una casa de 50 metros cuadrados y hay otros con casas de más de 200 metros con 1.200 euros de multa.
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