El abogado José Carlos Aguilera asegura que ninguna normativa vigente establece que los compradores de buena fe deban asumir cargas urbanísticas
Todo ha sido un mal sueño. Los compradores de las más de 18.000 viviendas presuntamente ilegales que se contabilizan en Marbella no tendrán que asumir cargas urbanística para normalizar su situación. Sencillamente, porque no hay ninguna normativa vigente que incluya esta posibilidad. Ni siquiera en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra en fase de tramitación. Esta es la conclusión a la que ha llegado el letrado especializado en asuntos urbanísticos José Carlos Aguilera, tras estudiar concienzudamente el caso de Marbella.Confusión. El miedo de los propietarios, que desde septiembre de 2007 han protagonizado una importante oleada de protestas, surgió de una "salida de tono", según Aguilera. Ante los medios de comunicación, el que fuera director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, José María Ruiz Povedano, y el propio redactor del Plan, Manuel González Fustegueras, aseguraron que los adquirientes de buena fe tendrían que asumir las cargas urbanísticas, lo que permitiría paliar el déficit de equipamientos producido por el exceso de edificabilidad. Todo ello, en el caso de que el promotor no se hiciera cargo de esa responsabilidad. Esta afirmación fue, días más tarde, ratificada por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aunque posteriormente rectificara."El problema ya estaba servido", asegura este experimentado jurista, que ayer ofreció una conferencia en el Colegio de abogados de Marbella. Durante alrededor de una hora, Aguilera esgrimió cada uno de los detalles que componían el marco jurídico y administrativo de la ciudad entre 1991 hasta la actualidad."Ha sido una ciudad sin ley, en materia urbanística, desde 1991 hasta el año 2000", señaló tras explicar que ni el planeamiento de 1968, ni el posterior del 86 se hicieron públicos en su debido momento. Un hecho que no se subsanó hasta 2000, por parte de la Junta de Andalucía.Planeamiento. "La ley de régimen local, que data del año 85, establece la obligatoriedad de la publicación de los planes para su entrada en vigor". En este sentido, el letrado aclaró que el planeamiento de 1968 ya era anacrónico en los noventa y no se publicó porque había sido superado por la Ley de Suelo de 1981. Por su parte, el PGOU del 1986 no estaba en vigor y, mientras tanto, el gobierno del GIL intentó aprobar un nuevo Plan General, el del 98, que estaba en tramitación y, por tanto, "no se puede tener como marco de referencia".La Administración autonómica es, para Aguilera, otra de las grandes responsables del caos urbanístico del municipio junto con el Ayuntamiento, ya que el urbanismo es un asunto "donde concurren competencias de ambas instituciones y, por ende, responsabilidades", argumentó.Este panorama empeora con el aparente tratamiento de legalidad que reciben las construcciones. Porque, a pesar de las impugnaciones, los tribunales no paralizan, los bancos no dejan de financiarlas, los notarios autorizan escrituras y los registradores las inscriben. "Un disparate", en opinión de Aguilera, que está convencido de que serán los promotores quienes deberán compensar y, en ningún caso, los compradores de buena fe.
Todo ha sido un mal sueño. Los compradores de las más de 18.000 viviendas presuntamente ilegales que se contabilizan en Marbella no tendrán que asumir cargas urbanística para normalizar su situación. Sencillamente, porque no hay ninguna normativa vigente que incluya esta posibilidad. Ni siquiera en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra en fase de tramitación. Esta es la conclusión a la que ha llegado el letrado especializado en asuntos urbanísticos José Carlos Aguilera, tras estudiar concienzudamente el caso de Marbella.Confusión. El miedo de los propietarios, que desde septiembre de 2007 han protagonizado una importante oleada de protestas, surgió de una "salida de tono", según Aguilera. Ante los medios de comunicación, el que fuera director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, José María Ruiz Povedano, y el propio redactor del Plan, Manuel González Fustegueras, aseguraron que los adquirientes de buena fe tendrían que asumir las cargas urbanísticas, lo que permitiría paliar el déficit de equipamientos producido por el exceso de edificabilidad. Todo ello, en el caso de que el promotor no se hiciera cargo de esa responsabilidad. Esta afirmación fue, días más tarde, ratificada por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aunque posteriormente rectificara."El problema ya estaba servido", asegura este experimentado jurista, que ayer ofreció una conferencia en el Colegio de abogados de Marbella. Durante alrededor de una hora, Aguilera esgrimió cada uno de los detalles que componían el marco jurídico y administrativo de la ciudad entre 1991 hasta la actualidad."Ha sido una ciudad sin ley, en materia urbanística, desde 1991 hasta el año 2000", señaló tras explicar que ni el planeamiento de 1968, ni el posterior del 86 se hicieron públicos en su debido momento. Un hecho que no se subsanó hasta 2000, por parte de la Junta de Andalucía.Planeamiento. "La ley de régimen local, que data del año 85, establece la obligatoriedad de la publicación de los planes para su entrada en vigor". En este sentido, el letrado aclaró que el planeamiento de 1968 ya era anacrónico en los noventa y no se publicó porque había sido superado por la Ley de Suelo de 1981. Por su parte, el PGOU del 1986 no estaba en vigor y, mientras tanto, el gobierno del GIL intentó aprobar un nuevo Plan General, el del 98, que estaba en tramitación y, por tanto, "no se puede tener como marco de referencia".La Administración autonómica es, para Aguilera, otra de las grandes responsables del caos urbanístico del municipio junto con el Ayuntamiento, ya que el urbanismo es un asunto "donde concurren competencias de ambas instituciones y, por ende, responsabilidades", argumentó.Este panorama empeora con el aparente tratamiento de legalidad que reciben las construcciones. Porque, a pesar de las impugnaciones, los tribunales no paralizan, los bancos no dejan de financiarlas, los notarios autorizan escrituras y los registradores las inscriben. "Un disparate", en opinión de Aguilera, que está convencido de que serán los promotores quienes deberán compensar y, en ningún caso, los compradores de buena fe.
Entiendo que el criterio de Jose Carlos Aguilera no es correcto. El plan general de Marbella no tiene porqué decir quien hará frente a las cargas de las áreas de regularización porque para eso está la legislación urbanística, de la que por cierto, no es posible deducir que vayan a ser los promotores los que las tengan que hacer frente.
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