El pleno acuerda impugnar la revisión catastral para anular los valores actuales. Estepona (SUR)

En el documento se alegará la rapidez con la que se inició este proceso y la transformación sufrida en la situación del mercado inmobiliario

El pleno acordó ayer ratificar los decretos de alcaldía en el que se solicita la impugnación de determinados valores catastrales para poder anular la actual ponencia de valores. Esta es la fórmula que ha encontrado el equipo de gobierno para poder dejar sin efecto este documento, que establece un incremento medio de un 300% del valor de los inmuebles del municipio. Las acciones judiciales se realizarán sobre un determinado número de bienes municipales. En este sentido, el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, explicó que existe jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la que se falla a favor de la impugnación de los valores catastrales realizados en un municipio en una situación similar al de Estepona y que posibilita con esta acción poder dejar sin efecto toda la revisión catastral. El acuerdo incluye además el apoyo a otras medidas que se inicien para obtener resultados satisfactorios en este sentido. Zamorano argumentó que se pueden iniciar las acciones legales esgrimiendo la rapidez con la que se realizó la revisión y la situación del mercado inmobiliario en ese momento. Así según dijo, Estepona era uno de los tres municipios españoles con las transacciones de compra-venta más caras.El socialista recordó que la revisión catastral se hizo a instancias del anterior concejal de Hacienda, Manuel Reina (PES) y que se pagó 700.000 euros por realizarla, pese a que según dijo, el Ministerio de Hacienda la debería haber costeado e iniciado en este año.Por su parte, Reina reprochó al responsable de Hacienda su actitud cuando en varias reuniones, según dijo, se «frotó las manos» porque con la revisión catastral se garantizaba los ingresos para pagar las nóminas.

Críticas

Desde la oposición se criticó con firmeza la moción del equipo de gobierno, que incluye la propuesta de que durante el tiempo de aplicación de la revisión catastral, el importe de los recibos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los empadronados y las empresas domiciliadas en el municipio no exceda en ningún caso el IPC. Además, se alcanzó el compromiso político de fijar un calendario para la revisión progresiva a la baja el tipo impositivo del IBI para los no empadronados, de manera que pase del 1,1 actual al 0,4 en 2013. Por otro lado, también contemplaba la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de plusvalía, en el sentido de aplicar sobre los nuevos valores resultantes de la modificación catastral una reducción del 60% durante los cinco primeros años de vigencia de éstos.Los grupos de la oposición criticaron la falta de documentación al no aportarse el informe del Ayuntamiento favorable a la revisión catastral. El portavoz del PES, José Ignacio Crespo, consideró el acuerdo adoptado «insuficiente» en el fondo y «torticero» en la forma, en referencia a la convocatoria del mismo sin antelación. Además, se instó al equipo de gobierno a dejar sin efecto la revisión de las ordenanzas fiscales y bajar el tipo impositivo del IBI. Así, se indicó que muchos empadronados no se podrán beneficiar de las subvenciones.