Un nuevo frente, que también podría convertirse en judicial, vuelve a salpicar a la promotora Aifos. Con dos de sus directivos -el presidente, Jesús Ruiz Casado, y el director general de la promotora, Jenaro Briales- imputados en el 'caso Malaya', el conflicto tiene en esta ocasión como protagonista al lujoso hotel Guadalpín, que vuelve a estar en el ojo del huracán. Propietarios de sus apartamentos y suites, que mediante contrato cedieron la explotación a la empresa Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín, sociedad vinculada a Aifos, han denunciado que llevan en algunos casos hasta un año sin percibir las cantidades acordadas, además de haber solicitado ante el juzgado las cuentas anuales, que dicen desconocer. Su reclamación va tan lejos que no descartan solicitar una auditoría y la intervención judicial del establecimiento turístico, que cuenta con 127 suites en manos de 78 dueños, según anunció a este periódico el presidente de la comunidad de propietarios José Manuel Domínguez Hernández, uno de los afectados por los impagos, que ayer adelantó el diario 'El País'. En su caso, por los últimos seis meses, le adeudan unos 13.000 euros. «Queremos claridad y que nos paguen lo que nos deben», defiende el nuevo presidente, elegido en una junta celebrada el 18 de febrero. Asegura que desconocen el balance económico del hotel e incluso que la comunidad habría pagado facturas giradas a nombre de Aifos, tal y como recoge el acta de la junta a la que ha tenido acceso este periódico. «Tienen que aclarar las cosas porque el hotel está funcionando y ellos están cobrando», añade.
Sólo el 20 por ciento
Desde Aifos la versión es bien distinta. Además de negar de plano que no hayan puesto las cuentas a disposición o que haya irregularidades en las facturas, sostienen que los débitos sólo afectan a alrededor de un 20 % de los propietarios de esas suites o apartamentos, que cedieron por contrato la explotación a la sociedad de Aifos. Achacan estos impagos a que se están renegociando los acuerdos, especialmente en el caso de los que suponían el pago de una cantidad fija, independientemente de la ocupación, para que ésta pase a ser variable. De hecho, en el acta de la junta general de propietarios pusieron de manifiesto que los contratos de arrendamiento provocan «un daño» a la gestión hotelera. «El hotel funciona muy bien pero se están cuadrando los contratos», defendieron las mismas fuentes, que matizaron que el rifirrafe puesto de manifiesto en la última junta general es «un problema entre propietarios» del que prefieren mantenerse al margen. «Son una minoría», añadieron. Tras la junta general de propietarios de febrero, en la que se eligió una nueva junta directiva, el anterior presidente convocó el pasado martes una reunión extraordinaria. Precisamente éste fue el telón de fondo de la petición de medidas cautelares ante el juzgado por parte de los nuevos responsables. Reclaman al juez que se desautorice su firma para disponer de los fondos comunitarios, que se ordene que se abstenga de actuar como presidente y que se exija al anterior administrador de la comunidad de propietarios que presente la documentación contable en depósito judicial. La vista será en mayo.
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