La Fiscalía alerta de que pequeñas empresas dejan de pagar la cuota de la Seguridad Social de sus empleados hasta el límite del delito y después crean otra sociedad a la que traspasan a su personal
La Fiscalía de delitos económicos alerta de una nueva tendencia fraudulenta observada durante 2007 entre determinadas constructoras de escaso tamaño en la provincia. Según el ministerio público, se han detectado casos en los que una pequeña empresa abonaba las cuotas de la Seguridad Social hasta el límite en el que su impago comenzaba a ser delito. En ese momento, se creaba otra mercantil y se traspasaban a ella los trabajadores, de forma que se incurría en una importante cantidad defraudada."Se ha detectado una práctica en algunas empresas pequeñas dedicadas a la construcción consistente en que sus administradores omiten el pago de las correspondientes cuotas de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social hasta una cantidad próxima a la que convertiría la defraudación en delitos en el mismo ejercicio económico y, para eludir la responsabilidad penal, constituyen una nueva sociedad a la que trasvasan a todos o a parte de los trabajadores que mantenían contratados en la anterior empresa y prosiguen con la elusión del pago de las cuotas de la Seguridad Social", explica la Fiscalía en la memoria correspondiente a 2007.En algunos de los casos investigados, se han llegado a constituir hasta ocho sociedades mercantiles distintas, pero en general "con los mismos administradores, en algunos casos simples testaferros, que llegan a mantener deudas en cuantías muy elevadas por las cuotas y demás conceptos de recaudación fijados legalmente que hubieran debido ingresar", apunta el ministerio público.Incluso, el asunto se complica más en aquellos casos en los que las empresas deudoras a la Seguridad Social "son simples tenedoras de mano de obra y carecen de cualquier otro activo, y los responsables de las empresas constituyen otras mercantiles que son las que mantienen los activos y el patrimonio, pero que no suelen ser detectadas por la Seguridad Social ya que no tienen trabajadores y, por tanto, no figuran con cuentas de cotización abiertas", relata el acusador público encargado de redactar la memoria del área de delitos económicos.La inexistencia de estas cuentas de cotización impide "a la Administración, por su desconocimiento de tal circunstancia, que inicie procedimientos de derivación de responsabilidad hacia estas empresas y a la vez dificulta la localización de los bienes", explica la Fiscalía.Complejidad. La instrucción suele ser compleja en estos casos, "no sólo por la acumulación de los expedientes administrativos relativos a las distintas empresas, pues las diligencias de investigación se realizan bastante tiempo después de la comisión de los hechos y es difícil llegar hasta los responsables de la trama urdida, ya que los administradores y responsables legales de las empresas son meros figurantes".Estos delitos se califican como ilícitos de insolvencia punible y su investigación se inicia, en su mayor parte, a instancias de la Tesorería General de la Seguridad Social.A finales de 2007 permanecían en trámite los expedientes de 19 delitos de insolvencia punible -una parte muy importante de ellos es la relativa a este nuevo tipo de fraude detectado entre las pequeñas y medianas constructoras-, mientras que también se abrieron diligencias en relación con dieciséis asuntos por delitos societarios y 41 por fraude a la Hacienda Pública.
La Fiscalía de delitos económicos alerta de una nueva tendencia fraudulenta observada durante 2007 entre determinadas constructoras de escaso tamaño en la provincia. Según el ministerio público, se han detectado casos en los que una pequeña empresa abonaba las cuotas de la Seguridad Social hasta el límite en el que su impago comenzaba a ser delito. En ese momento, se creaba otra mercantil y se traspasaban a ella los trabajadores, de forma que se incurría en una importante cantidad defraudada."Se ha detectado una práctica en algunas empresas pequeñas dedicadas a la construcción consistente en que sus administradores omiten el pago de las correspondientes cuotas de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social hasta una cantidad próxima a la que convertiría la defraudación en delitos en el mismo ejercicio económico y, para eludir la responsabilidad penal, constituyen una nueva sociedad a la que trasvasan a todos o a parte de los trabajadores que mantenían contratados en la anterior empresa y prosiguen con la elusión del pago de las cuotas de la Seguridad Social", explica la Fiscalía en la memoria correspondiente a 2007.En algunos de los casos investigados, se han llegado a constituir hasta ocho sociedades mercantiles distintas, pero en general "con los mismos administradores, en algunos casos simples testaferros, que llegan a mantener deudas en cuantías muy elevadas por las cuotas y demás conceptos de recaudación fijados legalmente que hubieran debido ingresar", apunta el ministerio público.Incluso, el asunto se complica más en aquellos casos en los que las empresas deudoras a la Seguridad Social "son simples tenedoras de mano de obra y carecen de cualquier otro activo, y los responsables de las empresas constituyen otras mercantiles que son las que mantienen los activos y el patrimonio, pero que no suelen ser detectadas por la Seguridad Social ya que no tienen trabajadores y, por tanto, no figuran con cuentas de cotización abiertas", relata el acusador público encargado de redactar la memoria del área de delitos económicos.La inexistencia de estas cuentas de cotización impide "a la Administración, por su desconocimiento de tal circunstancia, que inicie procedimientos de derivación de responsabilidad hacia estas empresas y a la vez dificulta la localización de los bienes", explica la Fiscalía.Complejidad. La instrucción suele ser compleja en estos casos, "no sólo por la acumulación de los expedientes administrativos relativos a las distintas empresas, pues las diligencias de investigación se realizan bastante tiempo después de la comisión de los hechos y es difícil llegar hasta los responsables de la trama urdida, ya que los administradores y responsables legales de las empresas son meros figurantes".Estos delitos se califican como ilícitos de insolvencia punible y su investigación se inicia, en su mayor parte, a instancias de la Tesorería General de la Seguridad Social.A finales de 2007 permanecían en trámite los expedientes de 19 delitos de insolvencia punible -una parte muy importante de ellos es la relativa a este nuevo tipo de fraude detectado entre las pequeñas y medianas constructoras-, mientras que también se abrieron diligencias en relación con dieciséis asuntos por delitos societarios y 41 por fraude a la Hacienda Pública.
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