De la Vega dice que al Gobierno los casos de corrupción le causan "auténtica repugnancia"
La Junta de Andalucía se defiende. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, consideró ayer que el comportamiento de la Administración autonómica en el municipio de Estepona ha sido "el correcto" y anunció que tras la detención del alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y de otros seis concejales, en el marco de la operación Astapa, se hará toda la fuerza para que se aplique la ley "hasta el final".En defensa de la actuación seguida por el Gobierno andaluz en el municipio costero, donde hay abiertos unos 1.600 expedientes de irregularidad urbanística, Zarrías recordó que la Junta ha decidido personarse en las diligencias abiertas tras la operación contra la corrupción del Consistorio. "Lo que se investiga ahora son presuntos delitos que en su inmensa mayoría no son de legalidad urbanística", manifestó.Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que al Ejecutivo los casos de corrupción le producen "auténtica repugnancia" y aseguró que se adoptará "una persecución implacable" y un castigo "sin paliativos". Además, rechazó el "enriquecimiento" mediante el uso de cargos o recursos públicos". "Son pocos casos pero manchan la reputación de decenas de miles de alcaldes y concejales que trabajan honradamente para sus conciudadanos", sentenció.En la misma línea, el presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que tendrá "tolerancia cero" con la especulación urbanística o con las prácticas "ilegales", al entender que es "la mejor apuesta para un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos".
La Junta de Andalucía se defiende. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, consideró ayer que el comportamiento de la Administración autonómica en el municipio de Estepona ha sido "el correcto" y anunció que tras la detención del alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y de otros seis concejales, en el marco de la operación Astapa, se hará toda la fuerza para que se aplique la ley "hasta el final".En defensa de la actuación seguida por el Gobierno andaluz en el municipio costero, donde hay abiertos unos 1.600 expedientes de irregularidad urbanística, Zarrías recordó que la Junta ha decidido personarse en las diligencias abiertas tras la operación contra la corrupción del Consistorio. "Lo que se investiga ahora son presuntos delitos que en su inmensa mayoría no son de legalidad urbanística", manifestó.Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que al Ejecutivo los casos de corrupción le producen "auténtica repugnancia" y aseguró que se adoptará "una persecución implacable" y un castigo "sin paliativos". Además, rechazó el "enriquecimiento" mediante el uso de cargos o recursos públicos". "Son pocos casos pero manchan la reputación de decenas de miles de alcaldes y concejales que trabajan honradamente para sus conciudadanos", sentenció.En la misma línea, el presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que tendrá "tolerancia cero" con la especulación urbanística o con las prácticas "ilegales", al entender que es "la mejor apuesta para un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos".
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