Obliga a los ediles y directivos municipales a declarar todos sus bienes y patrimonio
La Ley del Suelo, que entró en vigor hace un año pero cuyo texto refundido fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros, será una herramienta que ayudará a evitar los casos de corrupción urbanísticas. Así lo apuntó ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien tras la reunión del Gobierno destacó que la normativa tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" el fraude y la corrupción urbanística.Para ello, la norma obliga, entre otras medidas, a que en todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías sean identificados sus propietarios durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones que adoptan los representantes públicos. A ello se añade la necesidad de que los convenios urbanísticos, que suelen estar detrás de buena parte de la financiación de los ayuntamientos, que hasta ahora son "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que estos acuerdos son sometidos al mismo procedimiento que los planes urbanísticos generales.No obstante, una de las exigencias más destacadas incide directamente sobre los concejales y directivos municipales, que tendrán que hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, según la ministra de Vivienda, tiene que someterse a los registros públicos. "Existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor.Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona, donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, la ministra señaló que los consistorios que no lo tienen "incumplen" la Ley del Suelo, ya que todos cuentan con registros que les permiten incluir estas declaraciones. El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado ayer, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.
La Ley del Suelo, que entró en vigor hace un año pero cuyo texto refundido fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros, será una herramienta que ayudará a evitar los casos de corrupción urbanísticas. Así lo apuntó ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien tras la reunión del Gobierno destacó que la normativa tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" el fraude y la corrupción urbanística.Para ello, la norma obliga, entre otras medidas, a que en todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías sean identificados sus propietarios durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones que adoptan los representantes públicos. A ello se añade la necesidad de que los convenios urbanísticos, que suelen estar detrás de buena parte de la financiación de los ayuntamientos, que hasta ahora son "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que estos acuerdos son sometidos al mismo procedimiento que los planes urbanísticos generales.No obstante, una de las exigencias más destacadas incide directamente sobre los concejales y directivos municipales, que tendrán que hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, según la ministra de Vivienda, tiene que someterse a los registros públicos. "Existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor.Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona, donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, la ministra señaló que los consistorios que no lo tienen "incumplen" la Ley del Suelo, ya que todos cuentan con registros que les permiten incluir estas declaraciones. El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado ayer, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.
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