Unas 6.000 viviendas no pagan el IBI desde hace 17 años al no estar clara su titularidad (SUR)

El Ayuntamiento reclama 5,5 millones a la Junta por este concepto ya que en el catastro figuran a su nombre Son casas sociales situadas en barriadas de la capital como Carranque, Huerta la Palma, Portada Alta o Vistafranca

Unas 6.000 viviendas de la capital llevan al menos 17 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al no estar clara su titularidad. Repartidas en varias barriadas de Málaga, se trata de viviendas sociales, construidas unas por el antiguo Ministerio de la Vivienda y otras por la Junta de Andalucía, que cuando se entregaron a los inquilinos no se les cambió la titularidad. Un hecho que ha provocado que en el Catastro aún figuren a nombre de la Adminstración autonómica, según reconoció a este periódico el delegado provincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez. Esta circunstancia ha supuesto que el Ayuntamiento de la capital reclame a la Junta una deuda de 5,5 millones de euros ya que, como apuntó el gerente del organismo autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), Juan Manuel Ruiz Galdón, puntualmente se han ido girando las facturas de cobro al propietario oficialmente reconocido que es la Administración regional. Concretamente se trata de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que es la que hasta el pasado abril, cuando se creó la nueva Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, tenía las competencias en materia de vivienda.Para encontrar una solución a esta anómala situación y dentro del buen clima de entendimiento que preside actualmente las relaciones entre ambas administraciones, Benítez explicó que se ha creado un grupo de trabajo a tres bandas entre la propia Delegación Provincial de Econonomía y Hacienda, el Consistorio y la Dirección General del Catastro -dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda- para la identificación de los propietarios e intentar subsanar el problema. La negociación es la única vía para la resolución ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para poder embargar bienes de otras administraciones, según Ruiz Galdón. Respecto a quién deberá abonar esa deuda, el delegado provincial de Economía y Hacienda declaró: «Cuando se identifique a los propietarios habrá que ver qué tiene que pagar cada uno». Ruiz Galdón, por su parte, consideró que la deuda acumulada deberá ser satisfecha por la Junta de Andalucía «ya que es lo legal» y que cuando se identifiquen los nuevos propietarios se les empezará a mandar los recibos a éstos. El responsable de Gestrisam reconoció que la determinación de quienes son los actuales dueños es «un asunto complejo» y señaló que la deuda no había prescrito.Tiempo de resoluciónLo que sí tiene claro Enrique Benítez es que uno de sus objetivos para la presente legislatura -que concluirá en 2012- es que este asunto quede resuelto. «Es uno de nuestros retos», concluyó el delegado provincial. Estas aproximadamente 6.000 viviendas se encuentran repartidas en barrios como Huerta la Palma, polígono Carretera de Cártama, Carranque Norte, Portada Alta, Polígono Alameda y Vistafranca, según los datos recopilados por este periódico.